domingo 21 de octubre de 2018




Crean registro para que los gobernadores no otorguen casas con criterios electorales


Para evitar discrecionalidad en la entrega de viviendas sociales pagadas con fondos nacionales, el gobierno de Mauricio Macri firmará en estos días una resolución para obligar a todos los gobernadores a adherir a un sistema único de beneficiarios que se hará con una base de datos de las personas más necesitadas de cada provincia.

La norma depararía nuevas tensiones con los gobernadores, que perderán el poder de otorgar viviendas con criterio electoral. El registro regirá para todas las personas que no tengan techo y que tengan un ingreso tope equivalente a dos salarios mínimos.

El salario mínimo, vital y móvil es de $10.700 y en junio de 2019 alcanzará a los

12.500. “Queremos que las viviendas que se construyen con fondos nacionales

lleguen a la base de la pirámide social, a la gente más necesitada. No existía una

base nacional de necesidades”, señalaron en la Casa Rosada.

Para ello, el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio , firmará en estos días la obligatoriedad para todas las provincias de adherir al Sistema de

Gestión de Beneficiarios (Sigebe), que comenzará a funcionar en 20 días.

En rigor, el sistema existe desde enero, pero pocas provincias adhirieron: Salta,

Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Otras cumplían de

manera insuficiente: Entre Ríos, Neuquén y Tierra del Fuego. El resto no se plegó:

paradójicamente, los distritos gobernados por Cambiemos, Buenos Aires, CABA,

Jujuy, Mendoza y Corrientes, y otros: Catamarca, Chubut, Chaco, Córdoba, La

Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.

Las provincias que no lo acepten dejarán de recibir los pagos de los certificados de

obra de las viviendas sociales financiadas con recursos de la Nación. “A ellas no les vamos a firmar los fondos para viviendas. Con esto nos aseguramos llegar a las familias que verdaderamente necesitan casa propia. Si no están adheridos, no

giramos los fondos”, dijo un funcionario.

La norma saldría en el Boletín Oficial en los próximos días. Ese registro se conformará con las personas con menores recursos, que se suscribirán

voluntariamente. “Tenemos que garantizar que no sea discrecional y que sea

transparente”, dijeron fuentes oficiales.

El Ministerio del Interior informó que en 2016, 2017 y hasta agosto de 2018 hubo

43.000 viviendas sociales entregadas y que la meta en 2019 es terminar 25.000 más.

“El Sigebe se generó con el objetivo de validar y gestionar los procesos de identificación, adjudicación y selección de los beneficiarios de las soluciones

habitacionales”, dirá la resolución de Interior.

“Estamos mejorando la transparencia en la entrega de viviendas sociales que financia el gobierno nacional. Este es el camino que nos marcó el Presidente y que venimos trabajando con las provincias en pos de llegar a las familias que más lo necesitan”, dijo Frigerio.

Por su parte, Iván Kerr, secretario de Vivienda, agregó que “la principal finalidad del Sigebe es asegurar la transparencia en el proceso de adjudicación de las viviendas sociales, para que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes más los necesitan”.

“Muchas veces la gente terminaba siendo rehén de alguna agrupación para poder ser beneficiaria”, agregó. La resolución establecerá la “obligatoriedad de la presentación de los listados de preadjudicatarios y beneficiarios” a las provincias y dicta “un plazo de 20 días para adecuarse, suspendiendo los pagos de los certificados hasta tanto se cumpla con lo solicitado”.

“Vamos a seguir trabajando en conjunto con todas las provincias para terminar las viviendas que estén en ejecución, para que la obra pública deje de ser sinónimo de corrupción”, dijo Kerr.

En la adjudicación se observaron diversas irregularidades que ahora se pretende evitar. No se identificaban las identidades de los beneficiarios, a veces eran personas fallecidas, registraban inmuebles previos, tenían registradas viviendas sociales, otros beneficios previos o tenían niveles de ingresos superiores a los requeridos.

Fuente: La Nación

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