El caso Cristóbal López, la punta del iceberg: la Justicia pone la mira en varios empresarios muy poderosos del país

La mayoría de los hombres de negocios involucrados en investigaciones ya se presentaron a indagatoria. Muchas de las causas están vinculadas con el Lava Jato brasileño, en el que están envueltos el grupo Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras. Los nombres más resonantes.

El ex presidente de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado en el marco del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, cambió la fría celda de la prisión brasileña de Curitiba por la comodidad de su cuarto en su mansión ubicada en uno de los barrios más caros de San Pablo.

Lo hará luego de que la Justicia de su país le permtió adoptar el régimen de prisión domiciliaria con una tobillera electrónica que lo acompañará durante el resto de su pena.

La vida de este magnate brasileño dio un vuelco de 180 grados el 19 de junio de 2015, tras ser detenido en el marco de la Operación Lava Jato, que investiga la trama corrupta que desvió millonarios recursos de la petrolera estatal Petrobras y que también tiene su capítulo en la Argentina.

Un camino parecido desde lo legal pero a la inversa, es el que acaba de iniciar Cristóbal López. Obligado a cambiar la comodidad de su piso de Puerto Madero que compartía con su novia y modelo Ingrid Grudke, por una celda en el penal de Ezeiza y en compañía de ex dirigentes y funcionarios kirchneristas, como Luis D´Elía y Amado Boudou.

Su llegada a ese penal no está directamente vinculada con la conexión local del Lava Jato, a pesar de haber sido sospechado por la compra de parte de los activos de la filial local de Petrobras en 2013.

Pero la Justicia brasileña investiga si el ex dueño del Grupo Indalo pagó coimas y sobornos a políticos y ejecutivos de la petrolera estatal del país vecino para destrabar la operación.

También se sospecha que parte de los $8.000 millones que la AFIP le reclama por no haber girado del impuesto a la transferencia de combustibles fue usado para financiar la compra de más de un centenar de estaciones de servicio y una refinería bajo la marca Petrobras Argentina.

Son los mismos fondos que lo derivaron a la fría celda de Ezeiza por orden del juez federal Julián Ercolini. Dinero que su petrolera, Oil Combustibles, no entregó al ente recaudador de impuestos que preside Alberto Abad y que le valió una denuncia por defraudación.

Si bien su caso no es el primero de un empresario K entre rejas, marca el avance que la Justicia argentina también está teniendo en hechos que vinculan a empresarios locales de peso con investigaciones por supuestos ilícitos cometidos en los últimos años y bajo el amparo de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

El emblema de esta avanzada fue Lázaro Báez; quien fuera el primero en caer en desgracia poco tiempo después en que la esposa de Néstor debía ceder el sillón de Rivadavia a Mauricio Macri.

Pero entre el 4 de abril del 2016, cuando el ex cajero del Banco de Santa Cruz fue enviado a Ezeiza, y el pasado 18 de diciembre -día en que Cristóbal López conoció por primera vez su dormitorio en el mismo penal-, transcurrieron casi 20 meses.

Durante ese lapso, otros importantes hombres de negocios de la Argentina han comenzado a enfrentar diversos procesos judiciales.

Si bien en el caso de Báez y López el establishment no los reconoce como empresarios sino como kirchneristas oportunistas, la lista de poderosos hombres de negocios, alguno de ellos sumamente millonarios, también comenzó a sumar apelllidos.

No es tan larga como la de los 21 ex funcionarios K. Pero en los tribunales de Comodoro Py aseguran que se irá incrementando el año próximo, a medida que más jueces se animen a profundizar sus trabajos, ahora amparados por un cambio político que, suponen, les da protección para hacer lo que no quisieron hacer hasta diciembre de 2015.

Desde un poderoso banquero como Jorge Brito, pasando por apellidos ilustres y dueños de un imperio multinacional como los Rocca, hasta un primo del presidente Macri como lo es Ángelo Calcaterra y el dueño de la filial local de Fiat, Cristiano Rattazzi, figuran en sendas causas judiciales.

Irregularidades en licitaciones, en la compra de activos, conexiones con el Lava Jato brasileño, presunto lavado de dinero, pago de sobreprecios en obras públicas, sospechas de sobornos son algunas de las causas que los involucran y que llevan adelante jueces como Julián Ercolini, Ariel Lijo, Sebastián Casanello y Claudio Bonadío, entre otros.

En esta nota se detallan los últimos casos que involucran a estos ejecutivos, el estado de las causas, las medidas tomadas hasta ahora por los magistrados y las investigaciones de cada uno de los fiscales a cargo.

A casi todos los une una palabra en común: indagatoria. En lenguaje judicial, se trata de la declaración de un imputado a quien se le brinda la oportunidad de que ejercite su defensa, a través de su silencio o de su manifestación verbal.

Se produce cuando existe un estado de sospecha de su participación en un hecho con relevancia de pena, presuntamente ilícito.

El juez federal Sebastián Casanello lo involucra en una causa por presunto direccionamiento y pago de sobornos en la adjudicación de obras vinculadas al Lava Jato brasileño y Odebrecht.

El primero de diciembre pasado debió concurrir al despacho del magistrado para prestar declaración en una investigación en la que también están involucrados el ex presidente de AYSA durante el kirchnerismo, Carlos Ben, y el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.

Además, Roggio y el resto de los 28 involucrados tienen sus bienes inhibidos por ordel de Casanello y están siendo investigados por la evolución patrimonial. La causa es la primera en la cual se ordenan indagatorias entre las que se tramitan en los tribunales de Retiro a raíz de las derivaciones locales del escándalo brasileño.

Para el magistrado existe evidencia para sostener que la adjudicación de las obras de la planta potabilizadora «Juan Manuel de Rosas» en el Paraná de las Palmas, en el 2008 y la «Depuradora del Bicentenario» en Berazategui, en 2007, constituyó «un montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena».

Según el juez, las obras «terminaron siendo suscriptas por montos superiores al presupuesto oficial, ello sin que se encuentren debidamente justificados los motivos«.

La licitación pública para construir la planta depuradora de líquidos cloacales en Berazategui se llamó el 4 de octubre de 2007 y fue adjudicada a la unión transitoria de empresas -UTE- integrada por «Construçôes e Comercio Camargo Correa Sucursal Argentina-Esuco SA».

Y, como evidencia, sostuvo que antes de que AYSA hiciera pública su voluntad de realizar esas contrataciones, se habían comenzado a tramitar por parte de las empresas líneas de crédito, «lo que evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena«.

Tanto Roggio como el resto de los empresarios investigados forman parte de los consorcios de empresas que participaron de las obras, integrados por firmas brasileras «involucradas en mayor o menor medida en la conocida como Operación Lava Jato, una red de lavado de activos de origen delictivo y corrupción que tuvo su centro en la República Federativa de Brasil pero que trascendió las fronteras y proyectó sus efectos en otros países», recordó Casanello.