El senado brasileño ahora avanza con una reforma para despedir empleados públicos
El proyecto original, según informó el diario Folha de Brasil, fue el de la senadora Maria do Carmo y establecía exámenes semestrales de desempeño para los empleados realizados por una junta evaluadora en base a la productividad y calidad del servicio prestado. Así, aquellos que no alcanzaran el 30% de la calificación máxima durante cuatro evaluaciones seguidas serían «exonerados», así como aquel que no llegara al 50% durante cinco evaluaciones de las últimas diez.
La senadora demócrata explicó que el proyecto atiende una demanda social por los altos impuestos que se pagan y la escasa percepción de la retribución en bienes y servicios estatales de calidad. A la vez que consideró que también es un incentivo para los que trabajan bien en el Estado que perciben que aquellos que no cumplen, no trabajan y sobrecargan de tareas a sus pares no son apercibidos.
Por su parte, a instancia de Lasier Martins del Partido Social Democrático se espaciaron las evaluaciones que ahora pasarían a ser anuales y se agregó un período de recuperatorio para que los empleados mejoren sus notas. Aprobado con 9 votos a favor y 4 en contra, este proyecto deberá pasar ahora por otras tres comisiones antes de llegar al recinto.
Esta normativa que, de ser aprobada en el Congreso sería aplicable a empleados nacionales, estaduales y municipales, ya es fuertemente resistida por los sindicatos de trabajadores estatales y por la oposición de centro izquierda que considera que el motivo latente de la normativa es el desmantelamiento y la reducción del Estado.
La percepción de ineficacia del trabajador público en Brasil es compartida en Argentina. Sin embargo, nuestra Constitución no prevé motivos para despedir a los trabajadores del Estado, por lo que especialistas descartan que se pueda avanzar con despidos para mejorar la eficiencia de la planta estatal.
«El artículo 14bis de la Constitución consagra la estabilidad laboral del empleado público y no prevé excepciones, tampoco en la reglamentación. La forma actual de evasión de esta normativa es con la contratación para realizar tareas que se corresponden con la planta permanente. Anteriormente hubo otras normas contrarias a la estabilidad», aseguró a LPO Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
«En la dictadura hubo una ley de prescindiblidad, por ejemplo. Y por otro lado, con la reforma del Estado de Menem en los ’90 se creó el Fondo de Reconversión Laboral para que los trabajadores de organismos que cerraran se recapacitaran y si en determinado lapso no se les conseguía un nuevo trabajo, eran indemnizados», recordó Cremonte quien remarcó que no hay posibilidad de implementar en Argentina una reforma similar a la que está en tratamiento en el Senado de Brasil.
Consultado sobre mecanismos posibles para hacer cumplir estándares mínimos de eficiencia para los empleados públicos, el abogado explicó que: «El problema es el desprestigio de la carrera administrativa. Hay una desidia de principio de parte del Estado, independientemente del Gobierno, porque se ha desmantelado la carrera en el sector público y la capacitación de los trabajadores como un derecho. Las plantas están congeladas. Hace años que no se llama a concurso, salvo con cuentagotas».
«Hay una política de Estado, que insisto es transversal a los Gobiernos, que atenta contra la profesionalización del empleo público. En muchos casos se hacen contratos puntuales con mejores salarios que los que paga la administración pública por fuera del convenio o se recurre a la precarización laboral de los contratados», precisó Cremonte.
Para adelantarse a esta cuestión, el Ministerio de Modernización ya acordó en la paritaria de este año avanzar con una cláusula de productividad para los empleados de planta de la administración pública nacional, que no prevé despidos sino un premio salarial a los equipos que logren los objetivos fijados en los tableros de control de cada ministerio.
«El monto del premio por cumplir los objetivos se está negociando con los gremios en este momento porque se pagará a partir de 2018. Y también avanzamos en un plan piloto de evaluación de desempeño para la alta dirección pública, los cargos políticos», confirmaron a LPO fuentes del Gobierno. En este momento hay 255 funcionarios de 10 ministerios bajo evaluación por parte del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y su junta evaluadora.
