La batalla de Telecom y Telefónica ahora pasa por la venta de «empaquetados»
La batalla por el control de las comunicaciones convergentes no se detiene: Mientras el Congreso debate la «ley corta» para habilitar TV satelital a Claro y Telefónica, la fusión Cablevisión-Telecom presiona para ofrecer cuádruple play en enero.
La compañía del grupo Clarín salir al mercado con los servicios «empaquetados» en una misma factura, o sea, televisión, celular, telefonía fija y cable con tarifa única y competitiva para dominar uno de los motores de la economía del siglo 21.
La resolución del Ente Nacional de Comunicación (Enacom) que habilitó la fusión en diciembre del año pasado autoriza la oferta de empaquetados desde el 1 de enero de 2019, pero la resolución posterior de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) pone reparos.
El dictamen de la CNDC habilita la venta «integrada» con «una única tarifa hasta el 1 de julio de 2019, o hasta tanto se habilite la posibilidad de solicitar el registro de televisión por suscripción satelital para todas las operadoras de servicios TICs». Es decir a Telefónica y Claro, que de esa manera quieren evitarse la inversión multimillonaria que demanda trazar una red de fibra óptica por todo el país.
En este marco de tensión acotada pero intensa, Macri recibió este lunes a los directivos de las tres compañías, deseoso que alguien la prometa alguna inversión. Los citó a la Casa Rosada para ver si le daban alguna mínima certeza para anunciar este martes un demorado plan de modernización de la red de telecomunicaciones del país. La guerra de intereses -y sobre todo- la brutal devaluación de más del 50 por ciento, complicó los desembolsos.
Estas empresas cobran en pesos y deben pagar deudas y material tecnológico en dólares, además de sufrir en el caso de Telecom una pérdida de más del 50 por ciento del valor de la compañía, según la valuación de sus acciones que cotizan en Wall Street. .Pero la flamante fusión no se conforma y pide vender empaquetados cuanto antes, con el argumento de ser la única compañía con redes de fibra óptica y una inversión de 5000 millones de dólares programada para ampliarlas, demorada por los efectos de la devaluación.
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En ese marco muy adverso, la compañía de Clarín logró hoy sacar la cabeza del agua al cerrar un préstamo sindicado de 7 bancos internacionales por USD 500 millones a 48 meses, que le permitirá cancelar parcialmente otro préstamo de USD 1.000 millones otorgado en febrero, que con la disparada del dólar complicó sus balances.
Por eso, Telecom quiere aprovechar su ventaja por ya tener realizada buena parte de la inversión en redes y ofrecer cuanto antes el servicio del cuadruple play. Pero el tránsito de la ley corta en el Congreso complicó los plazos. El Senado llevó a julio de 2020 la fecha en la que Claro y Telefónica podrán alumbrar a sus clientes con satélites y sus ejecutivos, furiosos, amenazaron con suspender su plan de inversiones.
«Así es lo mismo que nada; es patearlo para adelante, protegiendo a alguien que no sabemos realmente quién es», protestó Tomas Mihura Gradin, representante de Claro, cuando comenzó a debatirse la ley en la Cámara de Diputados, en obvia alusión a la empresa del Grupo Clarín.
«La infraestructura necesaria para que Argentina tenga servicios de telecomunicaciones de primer nivel pasa ineludiblemente por el ancho de banda, que será cada vez mayor, y esto es algo que solo brindan las redes de fibra óptica», protestó Pedro López Matheu, director de Relaciones Gubernamentales, Comunicación y Medios de Telecom.
Para sus directivos, si la ley corta no se sanciona antes de fin año, podrán ofrecer empaquetados desde el 1 de enero y si llega a sancionarse el límite se extiende hasta el 1 julio. O sea, consideran que al menos tendrán un año sin competencia para consolidar una posición dominante.
En Diputados no están todos convencidos: «Vamos a leer bien la resolución de la Enacom», aclaran. La presidenta de ese organismo, Silvana Giudici, visitará el martes 16 la comisión que preside el cordobés Juan Brügge para aclarar el panorama.
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La ley corta no tiene un destino claro en el Congreso y de ahí la urgencia de la empresa del Grupo Clarín por allanar el terreno. Se sabe que el kirchnerismo está en contra, el Frente Renovador la rechazó a través de Alejandro Grandinetti y el peronismo de los gobernadores, que permitió su aprobación en el Senado, se mantiene al margen.
La única excepción es el pampeano Sergio Ziliotto, cercano a Carlos Verna, que pidió más participación a las empresas locales. «Se sigue excluyendo a Sociedades del Estado (SAPEM) y Cooperativas como Operadores de Red del Servicio de Telecomunicaciones, condición indispensable para que sean pasibles de una asignación del espectro radioeléctrico», protestó el diputado, presente en cada audiencia. No se sabe qué piensan sus compañeros y sin ellos Cambiemos no tiene una mayoría posible.
En este escenario se demora aún más la ley de comunicación de convergentes, un marco general para el sistema de telecomunicaciones que podría regular contenidos y que Macri prometió para este año pero está verde.
Tenga o no empaquetados, Clarín y su fusión millonaria ya tendría una pelea prevista para ese momento: la posibilidad de eliminar la neutralidad de la red, o sea, permitir que un proveedor de internet regule la calidad del servicio que ofrece según el cliente.
Con ese derecho podría cobrar un extra a un servicio de streaming como Flow, capaz de ocupar una porción importante de la infraestructura para alimentar a sus suscriptores. La neutralidad era un dogma en el mundo desarrollado hasta que el año pasado fue eliminado en Estados Unidos. En Argentina el debate llegará. Tarde o temprano.
