La CGT ya está reunida para resolver si acepta el bono de fin de año y levanta el paro

El Consejo Directivo de la central obrera se encuentra para ver los alcances de la propuesta oficial y analizar si desactiva la huelga del 27 de noviembre.

El Consejo Directivo de la CGT se reúne para debatir si desactiva la idea de convocar a un paro general para el 27 de noviembre luego de la propuesta oficial de que se pague un bono de fin de año en dos cuotas a los trabajadores privados y estatales, en noviembre y en enero de 2019.

Las deliberaciones se llevan adelante en la sede de Azopardo 802, donde los sindicalistas analizan la letra chica de un decreto del Gobierno que garantizaría los pagos.

Además de los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, participan de la reunión Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Roberto Fernández (UTA), Omar Maturano (Ferroviarios) y Amadeo Genta (Municipales), entre otros.

Las condiciones del pago extra de $5.000 que habían acordado gremios, empresarios y el Gobierno el martes pasado provocaron tensión entre los protagonistas.

Mientras los ejecutivos pretenden que no sea universal y que dicho monto lo abone el sector que pueda, la central obrera plantea que la única posibilidad de aceptarlo es que sea general y se aplique por decreto.

Una grieta que se abrió en las últimas horas es la forma de contemplar el bono: si es a cuenta de futuros aumentos, como pretende el empresariado; si se utiliza para evitar una reapertura de paritarias; o si se entrega como lo que es, un bono, y no afecta a las renegociaciones salariales.

En ese sentido, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que entre hoy y mañana estará definido el alcance del bono. Y pidió que todos los sectores hagan «un esfuerzo para poder llegar a un acuerdo que satisfaga a la mayoría de las partes, preservando la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, y el deseo de todos que es el mantenimiento del nivel de empleo”.

“Continuamos trabajando y evaluando las propuestas”, sostuvo al tiempo que desestimó la renuncia del ahora secretario de Trabajo, Jorge Triaca, algo que había trascendido con fuerza.

“Pensamos que entre hoy y mañana deberíamos tener alguna conclusión con respecto a estas conversaciones que estamos manteniendo», afirmó Sica, luego de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada.

El funcionario nacional deslizó que los $5.000 podrían ser a cuenta  de las paritarias de 2019. «Mientras tratamos de buscar una solución hay muchas paritarias que se están realizando y también esto (por el bono) puede formar parte de las negociaciones» salariales del año que viene, afirmó en declaraciones formuladas en la Casa Rosada.

Antes, el ministro del Interior Rogelio Frigerio había prometido novedades «en el cortísimo plazo», y había circunscripto el rol del Gobierno a «mediar entre empresas y trabajadores, acercar a las partes».

En la misma sintonía que su par Sica, dijo que la suma «podrá incluirse en las negociaciones de los intentos de actualización salarial de este año o las negociaciones paritarias de 2019″.

A la hora de referirse al bono para los estatales, Frigerio respondió que hay «conversaciones» con los representantes del sector público aunque aclaró que «no hay una cifra para comunicar». “Esta discusión está en el marco de las restricciones fiscales», aclaró.

Tironeos

Los tironeos por letra chica de la medida ya se trasladaron a las negociaciones salariales en curso en la alimentación, metalúrgicos, empleados de comercio, la construcción y el transporte urbano. Concretamente, la medida sirvió como freno a la reapertura paritaria.

Es que la puja por la forma en que será entregado el bono condicionó las tratativas. En el ámbito sindical, la intención de supeditar las paritarias al eventual decreto generó una onda expansiva de rechazo, que no se limitó al sector duro encabezado por Hugo Moyano.

Mientras que del lado empresario, el malestar crece porque sostienen que no pueden afrontar el pago. Ante ese reclamo, Sica afirmó el miércoles que las empresas que no puedan abonar la suma extra podrían contar con financiamiento estatal.

El ministro se había hecho eco de las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, vice de UIA y titular de la Cámara de la Alimentación (Copal), quien aseguró que más del 60% de las firmas no podían pagar el refuerzo.

No obstante, Sica aclaró: “Lo que estamos planteando es un bono de $5.000 pagadero en dos veces, y después, en función del tamaño de la empresa, algunos sectores con flexibilidad podrán pactar algunas cosas distintas”.

“El Gobierno también cede y pone su parte; lo que estamos planteando nosotros es que el bono no sea remunerativo hasta $5.000, y a partir de ahí hay algún sector que pueda absorber este esfuerzo; en muchas negociaciones que se están realizando hay sectores que están acordando bonos que son superiores a este valor”.

Las pymes y estacioneros en alerta

En línea con Funes de Rioja, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), Fabián Castillo, advirtió este jueves que «no todas las pymes porteñas están en condiciones de afrontar un bono de fin de año», por lo cual reclamó «contemplar alternativas para mitigar el impacto de la recesión» en el sector.

«Somos conscientes de que el poder adquisitivo se ha deteriorado, pero las pymes estamos sufriendo fuertemente las consecuencias de la recesión. En muchos sectores de la economía que han sido golpeados, no hay margen para un bono», sostuvo el dirigente.

Además, Castillo consideró necesario «analizar qué sector de la economía local tuvo más dinamismo y ver de qué manera puede afrontar este pago suplementario, siempre que no sea de carácter remunerativo».

«Los dos meses que tenemos por delante serán difíciles y las pymes necesitarán acompañamiento. No podemos pedirles más esfuerzos», apuntó el directivo, en un comunicado.

Los estacioneros se manifestaron en la misma línea.

La entidad que nuclea a los propietarios de la estaciones de servicio de todo el país advirtió hoy que «nuevos egresos adicionales» harán «peligrar la subsistencia» de los expendedores de combustibles, por lo que anticipan que no estarán en condiciones de pagar el bono.

Así lo planteó hoy la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), al solicitar «integrar una mesa de diálogo en carácter de urgente, a los fines de poder buscar alternativas de solución» y a la espera de una definición oficial sobre la obligatoriedad del bono acordado en un encuentro entre el gobierno, gremios y entidades empresarias.