La cultura del exterminio en Río de Janeiro

Río registra un récord de muertes a manos de polícias en 2019. Según expertos, la ejecución sumaria es tolerada casi como una política de seguridad pública en el estado. Y parte de la sociedad brasileña parece apoyarla.

Los nueve acusados ​​por los 80 disparos que llevaron a la muerte del músico Evaldo Rosa y el reciclador Luciano Macedo en Río de Janeiro, en abril, alegaron –en testimonios prestados a la justicia militar- haber confundido el automóvil que llevaba a las víctimas. Antes, un vehículo del mismo modelo habría intercambiado disparos con los agentes del ejército.

El argumento de los militares explicita la lógica operativa que se estableció en el estado con la mayor letalidad policial del país. Disparar, evalúan expertos, dejó de ser la última opción para convertirse en la regla.

«Va a ser difícil mirar al rostro de mi hija y recordarlo todo. No sé ni lo que voy a decir cuando ella pregunte quién es su padre», suspiraba Dayana Horrara da Silva, viuda de Macedo, en un video divulgado por la ONG Río de Paz.

A los 27 años y embarazada de cinco meses, ella se unirá a tantas otras tantas familias de Río que buscan obtener reparación del Estado por la pérdida de sus parientes.

Es la situación vivida hasta hoy por la familia del albañil Amarildo, torturado y asesinado por agentes de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Rocinha en julio de 2013. En 2016, la Justicia de Río condenó al gobierno de ese estado a pagar 3,5 millones de reales a la familia (más de 790 mil euros), pero la indemnización aún no salió del papel.

El caso se convirtió en una referencia en el debate público y motivó al periodista y sociólogo Leandro Resende a centrarse en la recurrencia del episodio en el imaginario colectivo. En el libro ¿Dónde está Amarildo? La desaparición del albañil y el caso de las UPP, que será lanzado este 20 de mayo por la editorial Baioneta, analiza el uso político que los más diversos actores han hecho del caso y estima el impacto que la desaparición del albañil ha tenido en el proyecto de las UPP.

«El caso moviliza mucho de nuestra historia y revela un preconcepto innato que la opinión pública y las autoridades tienen al tratar con poblaciones negras de favelas, entendidas como desviadas. En Río, se creó esa idea de que determinados ciudadanos están sujetos a determinados tipos de cosas por su color de piel o orientación», comenta Resende.

Bolsonaro, Witzel y la licencia para matar

La repercusión de la desaparición de Amarildo fue solo el primer golpe sufrido por el proyecto de las UPP en Río. Con la grave crisis económica enfrentada por el estado, la estructura del proyecto se ha debilitado desde 2016, año de los Juegos Olímpicos en la ciudad. La ambición de construir una policía ciudadana quedó atrás, mientras que las muertes derivadas de la intervención policial escalaron progresivamente.

El año 2018 registró un récord de ese indicador: 1.534 muertes, el mayor número desde 1998, cuando se inició el conteo histórico del Instituto de Seguridad Pública (ISP). Entre enero y marzo de este año, hubo 434 nuevos homicidios de este tipo, el mayor registro trimestral de los últimos 20 años. En ese período, ocurrió la matanza de Fallet-Foguetero, cuando policías militares mataron a 13 hombres durante una incursión en favelas en el centro de la ciudad. Nueve de ellos estaban en una casa y fueron alcanzados por 30 tiros de fusil, con apariencia de ejecución, según los informes de la necropsia.

Las estadísticas coinciden con el inicio de nuevos gobiernos en las esferas federal y regional de políticos que se eligieron con discursos favorables al poder policial. Entre ellos, Jair Bolsonaro. En palabras de su programa de gobierno: «Los policías deben estar seguros de que en el ejercicio de su actividad profesional serán protegidos por una retaguardia jurídica, garantizada por el Estado, a través de la exclusión de la ilegalidad. Los brasileños necesitamos garantizar y reconocer que la vida de un policía vale mucho y su trabajo será recordado por todos nosotros”.

El paquete anticrimen del ministro de Justicia, Sergio Moro, formalizó la propuesta. Según el texto enviado al Congreso, queda amnistiado o puede tener reducción de pena «el agente policial o de seguridad pública que, en conflicto armado o en riesgo inminente de conflicto armado, previene agresiones injustas e inminentes en su contra o contra otro».

En una entrevista concedida dos días después de las muertes derivadas de los 80 disparos en Río, Moro argumentó que el caso en cuestión, al que se refirió como «un incidente bastante trágico», no configura legítima defensa y, por lo tanto, no sería contemplado por las modificaciones propuestas en su proyecto.

UPP del morro de Vidigal: la decadencia del proyecto simboliza parte de los males del Rio.

Bolsonaro, sin embargo, aseguró, cuatro días después del episodio que «el ejército no mató a nadie, el ejército es del pueblo, la gente no puede acusar al pueblo de ser asesino, hubo un incidente».

Alegando que el crimen será comprobado en la esfera militar, el gobernador de Río, Wilson Witzel, se negó, por su parte, a comentar el caso: «No soy juez de la causa. No estaba en el lugar. No era la policía militar. Quien tiene que evaluar todos esos hechos es la administración militar. No me corresponde hacer juicio de valor ni mucho menos hacer cualquier crítica acerca de los hechos”.

La misma postura fue adoptada por el gobernador antes: «Lo que sucedió en el Fallet-Foguetero fue una acción legítima de la policía militar. Actuó para defender al ciudadano de bien. No vamos a admitir a ningún bandido usando armas de fuego, de grueso calibre, fusiles, pistolas, granadas, atentando contra nuestra sociedad. Vamos a seguir actuando con rigor», dijo, antes incluso de la investigación de la policía civil sobre aquellas 13 muertes.

Una de las propuestas de Witzel que tuvo mayor repercusión durante la campaña fue la utilización de tiradores de élite para abatir a criminales armados con fusiles. «La policía va a mirar y… fuego», afirmó al diario Estado de S. Paulo.

A finales de marzo, el gobernador dijo al periódico O Globo que los llamados «snipers” (francotiradores) ya actúan en operativos de la policía, sin divulgación oficial. En la misma entrevista, no dio importancia al número récord de muertes a manos de la policía en los tres primeros meses del año. «Cero preocupación, yo confío en la policía y les he dicho eso».

El pasado martes (30.04.2019), Witzel posó empuñando una ametralladora de guerra incautada en una operación en el Complejo del Alemán, al lado de comandantes de la Policía Militar.

La policía como síntoma

La socióloga Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC), condena lo que llama la «cultura del enfrentamiento”, practicada por la Policía Militar en Río y asimilada por el Ejército durante la intervención federal del año pasado.

Ramos cree que los posicionamientos de Bolsonaro y Witzel contribuyen al aumento de las muertes a manos de policías, pero considera prematuro asociar el número récord de muertes a manos de policías a principios de este año con el nuevo gobierno.

«El indicador ya venía creciendo desde 2017. Los policías saben que, cada cuatro años, entra un nuevo gobernador y la orientación puede no ser la misma. Su carrera dura 30 años y la mayoría no va a querer ensuciar su ficha por una orientación política. Hasta ahora, Witzel no ha presentado un plan concreto de gobierno para la seguridad pública», comenta.

Para Robson Rodrigues, coronel de la reserva de la Policía Militar de Río y exjefe del Estado Mayor de ese cuerpo, la acción arbitraria de los agentes no debe ser evaluada aisladamente.

«La lógica del exterminio es el punto final de una estructura que permite ese tipo de conducta. Gran parte de la población lo aprueba. Los políticos buscan una mayor aprobación en el electorado y la gente se monta en esa espiral», dice Robson, hoy investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia, en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (LAV / Uerj).

«La policía es un síntoma, allá en la punta, de nuestros problemas como sociedad. Nuestras instituciones nunca han sido capaces de disminuir diferencias sociales y promover una cultura de paz. Especialmente para los segmentos más pobres, que enfrentan la tragedia de la vida cotidiana y además son víctimas de un mecanismo miope, que ve en ellos al enemigo a ser eliminado. La propia política es incapaz de superar esos problemas en su retórica, pues los discursos son muy violentos», analiza.

Especialista en la actuación de las milicias y grupos de exterminio en Río, el sociólogo José Cláudio Alves sostiene la tesis de que la ejecución sumaria se convirtió en política de seguridad pública en el estado. Él afirma que frecuentemente es difícil diferenciar a policías de milicianos. «El Estado tiene una cara legal en la que habla de derechos humanos y otras cosas bonitas, y una cara ilegal, del crimen organizado, que utiliza a esos agentes para cumplir otro papel», argumenta.

«Hay un código explícito y tácito en la elección de Witzel y Bolsonaro: ahora, se va a matar. Eso ha sido aceptado por la sociedad como un todo. Es la expresión del poder del exterminio llegando a las esferas más elevadas del poder de la nación, partiendo de un gran laboratorio de más de cinco décadas. La policía practica la ejecución sumaria en varias ciudades, pero Rio es la gran vitrina», apunta.

(rml/rrr)