La diputada Cejas pidió la revocatoria de la resolución del juez de la quiebra del Ingenio La Esperanza

La diputada provincial Alejandra Cejas (PJ) y el abogado Juan Giusti dieron a conocer hoy detalles de la presentación judicial que efectuaron el lunes pasado, solicitando la revocatoria de la resolución adoptada por el juez de la quiebra del Ingenio La Esperanza, Juan Pablo Calderón, quien habilitó una nueva convocatoria a licitación del complejo fabril y todos sus bienes. La medida del magistrado fue considerada fuera de lugar y reñida con lo que establece la Ley de Concurso y Quiebra.

 “Espero que el juez me permita incorporarme a la causa como parte de la misma y en representación de la ciudadanía. Voy a cumplir mi rol como legisladora y representante del pueblo, porque en esta problemática el Ejecutivo no ha brindado ninguna información”, dijo como primera medida la legisladora justicialista.

 Seguidamente sostuvo que personalmente y como miembro del Bloque Justicialista entiende que en esta maniobra que planea el Ejecutivo habrá una afectación al patrimonio de la provincia, “puesto que se está realizando la venta del Ingenio a 85 millones de dólares, cuando el valor real del complejo y las tierras es tres veces superior”.

 “Lo que pudimos rescatar de información es que esta venta se la estaría realizando al grupo Omega Energy a través de una empresa subsidiaria que es una offshore panameña que tiene 9.500 dólares de capital social. Se ve dificultoso que una empresa con ese respaldo pueda cumplir con el pago del valor del ingenio y las inversiones”, remarcó.

 “Ante esta dudosa operación hemos decidido actuar y presentar en el juzgado correspondiente esta revocatoria de la resolución del juez Calderón. Queremos evitar de esta forma que se lleve adelante esta maniobra que va en contra de los intereses de la provincia, de los productores que desarrollan su actividad en la microrregión de San Pedro de Jujuy, y fundamentalmente de los trabajadores del azúcar de La Esperanza”.

  “Necesitamos que el gobierno de la provincia ponga en claro esta situación. No puede desprenderse de uno de los patrimonios más importantes de Jujuy sin dar a conocer con exactitud cuál es el alcance de esta venta. Y no puede hacerlo sin el control de la Legislatura. Lamentamos esta situación y haber tenido que avanzar con este tema en el ámbito judicial, pero entendemos que el Ejecutivo provincial es el responsable de la incertidumbre que existe en este tema”.

 Recordó luego que cuando se presentó a Omega ante la sociedad jujeña el gobierno provincial se había comprometido a acercar el plan de inversión, la carta de presentación de la compañía y toda la información necesaria para que se sepa a ciencia cierta a quién se le iba a entregar el Ingenio, “pero lamentablemente no cumplió con nada de ello y nos enteramos por esta resolución judicial que en siete días Jujuy se quedará sin la planta azucarera”.

“EL JUEZ FIJÓ UN PRECIO POR EL INGENIO TRES VECES INFERIOR”

A su turno, Giusti, quien ejerce el patrocinio legal de la legisladora, ratificó los conceptos de Cejas y explicó con lujo de detalles la situación jurídica actual del Ingenio. Recordó que existe un proceso licitatorio que se puso en marcha en el 2008 y en donde cinco empresas compraron pliegos, aunque el mismo ahora se encuentra en suspenso por resolución del Superior Tribunal de Justicia.

 “Estos pliegos fueron aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el proceso licitatorio nunca fue reanudado, aunque el juez Calderón lo declaró abstracto. Al fracasar el advenimiento, el Estado provincial debió continuar con ese proceso e incluso se podría haber abierto una nueva etapa para que otros interesados se presentaran”.

 Para el letrado, se incumplió con el artículo 205 de la Ley de Concurso y Quiebra porque el precio base que establece el juez de 85 millones de dólares es solo de la tierra cultivada con caña de azúcar, mientras deja afuera de la cotización el complejo y 60 mil hectáreas más. “Es decir, los activos valen tres veces más de lo que fijó el magistrado”, aclaró.

 Giusti también se refirió al capital social irrisorio que presenta actualmente la colombiana Omega Energy. “Cuenta con un respaldo de casi 200 mil pesos argentinos y es ilógico cuando estamos hablando de la venta de una empresa de 300 millones de dólares”, sostuvo.

 Además, afirmó que “tampoco el juez está cumpliendo con el inciso 5 del artículo 205 donde se determina que la garantía que se debe presentar es del 10 por ciento del valor total del bien, pero Calderón exige solo el 5 por ciento, es decir la mitad”.

 “En esta resolución se han violado varias exigencias que establece la Ley”, aseguró, a la vez de indicar que “si llega a incumplir esta empresa con los pagos se producirá lo mismo que en la administración Jorge, que pagó dos cuotas y después no pagó más”, en clara alusión a que la venta estaría por hacerse a un testaferro de una compañía offshore con asiento en Panamá.

EVALÚAN DENUNCIAR AL JUEZ POR PREVARICATO

Advirtió además que una de las formas de finalización del contrato de trabajo es la quiebra del empleador. En esto el inciso 8 del artículo 205 de la norma en vigencia indica que al ingresar a esta etapa en los pliegos se debe incorporar a los trabajadores, “y en este caso nada dice sobre el tema en las once páginas de la resolución”.

 “Es decir, no tan solo están los 300 despidos que hubieron en el mes de diciembre y que pidió Omega, sino que además convalida el despido de los otros 600 trabajadores que quedaron en el Ingenio. Están echando a los trabajadores de La Esperanza, el principal empleador del sector privado del Departamento San Pedro».

 “Acá hay una actuación de exprofeso del Juzgado interviniente para convalidar este latrocinio contra todos los jujeños”, aseveró y anticipó que el desenvolvimiento del juez los habilita a plantear una denuncia penal en contra del juez por el delito de prevaricato, entendiendo que Calderón falló contrario al derecho.-