Los directivos abandonaron Télam y el Ministerio de Trabajo demora la intervención

La agencia estatal Télam cumple este viernes su undécimo día de parálisis total por el conflicto derivado del despido de 354 empleados. En medio de las protestas de los trabajadores, los directivos y el personal jerárquico abandonaron la empresa mientras esperan una intervención formal del Ministerio de Trabajo.

Desde el martes 26 de junio la agencia no presta su servicio y el directorio ordenó retirar a las autoridades. «Los dos edificios de Télam están tomados y no hay seguridad para ingresa, por lo que se decidió que todo el personal jerárquico no asista hasta que termine la toma», explicó a LPO el presidente de la compañía, Rodolfo Pousá.

Otra fuente del directorio explicó a este medio que hay amenazas en contra de las autoridades y que los trabajadores que llevan adelante la toma no dejan entrar a nadie. «No es que abandonamos la agencia, lo que no queremos es generar situaciones que deriven en hechos de violencia», agregó.

«Frente a la toma es difícil restablecer el diálogo», respondió Pousá ante la consulta sobre las posibilidades de una salida negociada. «Estamos esperando que el Ministerio de Trabajo nos convoque, hasta ahora no intervino», agregó, en un mensaje a su propio gobierno.

Desde la comisión interna, en tanto, dijeron que no hay ningún tipo de contacto con las autoridades. «No plantearon reuniones y no atienden el teléfono desde el martes pasado. Ni siquiera hay una lista oficial de los 354 despidos que dijo Lombardi», explicó un delegado a LPO. Hasta ahora, no hay constancia de ese número de despedidos y hasta ahora suman 260 entre los que recibieron el telegrama y a los que les hicieron la liquidación.

El miércoles, los sindicatos realizaron una masiva manifestación desde el Obelisco hasta el Centro Cultural Kirchner y el conflicto empieza a afectar seriamente al Gobierno. De hecho, la protesta tuvo impacto en medios internacionales, como el diario El País que puso el tema en la portada de su edición América.

Aunque no lo admitan públicamente entre los directivos empieza a expandirse la preocupación por el futuro de la agencia, sin servicio hace once días y sin resolución del conflicto a la vista. «Hoy tendríamos 300 personas en la redacción, es suficiente para mantener una buena producción. La situación que nos preocupa es que tenemos 200 y pico de clientes sin servicio, la agencia comienza a desfallecer», admitió en off un directivo. «La sensación es que los gremios prefieren que la agencia deje de existir antes que una reapertura», agregó.

Sin intervención de Trabajo ni negociación entre las partes, el conflicto ya se trasladó a la Justicia. Por un lado, el directorio hizo una presentación para que se determine si existe el delito de usurpación de la agencia, la cual recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Para la comisión la judicialización es inadecuada porque es un conflicto sindical no penal. Por otro lado, hay varias cautelares presentadas por los trabajadores despedidos (la justicia acaba de ordenar la reincorporación de uno de ellos ya que es paciente oncológico) y el sindicato Sipreba realizó una presentación colectiva que tramita en el juzgado laboral Nº22.

Al respecto, Pousá explicó que están analizando los casos particulares y en el caso de las enfermedades, argumentó que algunos no lo habían informado a la empresa. En tanto, negó que haya casos de personas que estuvieran en condiciones de jubilarse. «Hay muchos que no tenían los 30 años de aporte y no estaban cerca tampoco. Quisimos comprar años de moratoria para estos casos, pero salió una resolución de Afip y Anses que lo vuelve imposible», indicó.

Pousá justificó también los recortes. «El presupuesto para este año es 730 millones. El 90% se va en salarios, el 8% en mantenimiento de los dos edificios y queda para la operación periodística entre el 2 y 2,5 por ciento. De esta manera es imposible funcionar, por eso la reducción del personal», señaló.

El directivo aseguró que tardaron más de dos años en llevar adelante esa «reestructuración» por el desorden que encontraron. «La agencia tenía una contabilidad y un sistema de administración propio de una pyme, tardamos dos años en tener una foto precisa de la situación económica-financiera. Estamos terminando el balance por primer vez en mucho tiempo», argumentó.

Los problemas económicos y el debate sobre la dimensión de la planta de Télam son históricos. En la primera gestión de Pousá en la agencia, en el año 2000, llevó a cabo un plan de retiros voluntarios que redujo en unos 150 la cantidad de empleados. Para eso la Alianza usó un préstamo de 20 millones de dólares que había otorgado el BID. Al final del gobierno de De la Rúa, la planta de Télam igual era más grande. Con el kirchnerismo la cantidad de empleados se duplicó.