«Compre Argentino»
IPorfesional || En la anteúltima sesión ordinaria de la cámara baja, también avalaron el proyecto de «Compre Argentino» y un nuevo régimen de subrogancias. Además, serán tratadas las iniciativas sobre fomento a la industria naval, así como modificaciones al Código Penal.
En la anteúltima sesión dentro del período ordinario, la Cámara de Diputados aprobó una serie de proyectos de política económica impulsadas por el oficialismo.
La idea del Gobierno es que las iniciativas sean giradas inmediatamente al Senado para que se aprueben durante la semana que viene. De esta manera, se espera que a partir de enero del año que viene haya nuevas leyes sobre Defensa de la Competencia, de Financiamiento Productivo (que incluye reformas a las normas sobre mercados de capitales) y de «Compre Argentino» que pretende darle ventajas a las pymes en las licitaciones públicas.
En primer término, el oficialismo logró alzarse con la media sanción de una nueva Ley de Defensa de la Competencia, un proyecto que unificó propuestas presentadas por Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC). En la votación, la iniciativa cosechó 140 votos a favor, 72 en contra y ninguna abstención.
La norma busca castigar la cartelización, a través de nuevas sanciones, y crea la Autoridad Nacional de la Competencia, que estará conformada por un Tribunal y dos secretarías. A pedido de la oposición, el oficialismo aceptó en la discusión en particular una serie de modificaciones.
En el arranque, la massista Liliana Schwindt consideró que «todos conocemos que si queremos una Argentina de competencia, esta ley va a permitir eso. Va a permitir que no haya abusos y evitar la cartelización».
La titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia dijo que en la actualidad «no» hay una norma «que actúe, controle, sancione y multe«, y por eso consideró que este proyecto será de «gran importancia» para el país en relación a su imagen frente a la OCDE.
Por último, la legisladora insistió con la propuesta de su espacio para que se avance con “una ley de góndolas” porque hay “diez rubros en los que hay una clara falta de competencia, y van desde el sector automotriz hasta los servicios de salud”.
En rechazo al dictamen de mayoría, el kirchnerista Juan Cabandié cuestionó la «excesiva autoridad que va a ejercer» el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia que se crea mediante la ley. «Nos parecería más conveniente que se ejerza de una manera más colegiada«, añadió.
El diputado también advirtió sobre la creación «de una sala especializada con tres jueces en el marco de la Cámara Nacional de Apelación Civil». Señaló que en este punto «se produce una flagrante contradicción y hasta una inconstitucionalidad«, porque «se va a aplicar normativa penal» y «estaríamos ante jueces civiles que tienen que aplicar el Código Penal«.
Además reclamó que «no» se define «ningún porcentaje» para determinar «quién está incurriendo en una actitud de concentración económica«. Y reprochó que el Gobierno nacional «desarticuló» un «paquete de proyectos de ley que se sancionaron en 2014 y que estuvieron relacionados en la defensa de los consumidores y usuarios». Respecto del «Programa de Clemencia» expresó que «nos parece un eufemismo» en medio de “una época de moda de los arrepentidos».
«Falta la ley de góndolas. Creemos que tiene que ser un punto central porque, si no está, la ley queda trunca«, reiteró a su turno el massista Marco Lavagna. Miembro informante del dictamen de minoría presentado por su bloque resaltó que «hoy en Argentina tenemos muchas prácticas anticompetitivas que no se están controlando».
El referente económico del FR, indicó Parlamentario.com, subrayó que «hace falta tener una decisión política muy fuerte de realmente avanzar sobre este tipo de prácticas y empezar a regularlas de una vez por todas y en serio». En ese sentido, manifestó que «lo del Tribunal no es nuevo; el problema es que nunca se constituyó» e incluso tiempo después «se anuló».
El proyecto deroga la ley 25.156 y, de convertirse en ley, quedarán prohibidos todos los actos o conductas que puedan distorsionar las condiciones naturales de mercado.
En particular, serán tratados aquellos casos en los que se compruebe la existencia de posición dominante por parte de una empresa, cartelización con otras y concentración de compañías que den lugar a prácticas anticompetitivas. Para saber qué dice el proyecto, haga clic aquí
Se creará la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.
La propuesta prevé dos tipos de sanciones disuasivas: el cese de actos o conductas que impliquen acuerdos prohibidos o el abuso de posición dominante, y la aplicación de sanciones según tres criterios:
1) Beneficio ilícito.
2) Porcentual del volumen de negocios
3) Monetario.
Financiamiento productivo y mercado de capitales
Diputados también aprobó por 136 votos a favor y 65 en contra el proyecto de reforma a la Ley de Mercados de Capitales, que apunta a contar con nuevas herramientas para financiar a las pymes, como la emisión de facturas de crédito que podrán venderse y el apuntalamiento del mercado de hipotecas. El proyecto que el Ejecutivo envió un año atrás fue reemplazado y renombrado como ley de financiamiento productivo. Tras la media sanción recibida hoy, deberá ser tratada en el Senado.
Estas herramientas permitirá a las pymes acceder a crédito a tasas más competitivas, ya que el riesgo crediticio de la factura está asociado al deudor de ese documento y no al emprendimiento en cuestión.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Finanzas, el macrista Eduardo Amadeo, señaló que el objetivo de la ley es «potenciar el financiamiento de las pymes, lograr el desarrollo de un mercado de capitales moderno y transparente, con más inversores y empresas que busquen financiamiento y proteger a todos los inversores».
Desde el kirchnerismo, el diputado Axel Kicillof dijo que «todas las leyes con títulos preciosos luego fueron desastrosas» y alertó que el Gobierno «propone estas cosas y después hace todo lo contrario«.
Además, el proyecto deroga el artículo 20 incluido en la ley aprobada durante el kirchnerismo por el que se habilitaba a la Comisión Nacional de Valores a intervenir en empresas cotizantes en el mercado de capitales.
Asimismo, crea las condiciones legales para el funcionamiento de fondos cerrados de inversión, incluyendo la eliminación de impuestos.
El macrismo entiende que la ley vigente le otorga a la CNV facultades exorbitantes, que «atentan contra la seguridad jurídica y confianza de los participantes en el mercado de valores«. Para ver el punto por punto de la ley, haga clic aquí
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El resto del temario es el siguiente:
– Régimen de compre argentino y desarrollo de bienes de capital
El proyecto de régimen de “Compre Argentino”, que amplía los márgenes de preferencia sobre los bienes de origen nacional, consiguió 136 votos a favor y sólo cuatro en contra, correspondientes al Frente de Izquierda.
De acuerdo al proyecto, que ahora deberá votar el Senado, la preferencia sobre bienes de origen nacional se amplió del 7% actual al 15% para las pymes, mientras que para las grandes empresas pasará de 5% al 8%.
Tras el debate en comisiones se resolvió mantener el 40% en cuanto a la participación del componente importado para que la denominación sea ‘bien nacional’ -el proyecto original llevaba esa cifra al 50%-.
El exministro de Economía Axel Kicillof, el justicialista Pablo Kosiner y el massista José Ignacio De Mendiguren -que presiden, respectivamente, las comisiones de Pymes y de Industria- fundamentaron su apoyo al proyecto, pero concentraron sus discursos en fuertes críticas al modelo productivo de Cambiemos.
En cuanto a los sujetos alcanzados por el proyecto, se incorporó a los entes públicos, los fideicomisos, el Poder Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público Fiscal y CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
Asimismo se crea un “Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores”, cuyo objetivo principal será “desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva”.
Por último, se ampliaron las facultades de la comisión bicameral que debe controlar la operatoria del régimen de Participación público Privada (PPP), que todavía no se constituyó, para que también realice un seguimiento del “Compre Argentino”.
Una de las principales incorporaciones se vincula al «piso de reserva» de mercado: 20% para bienes nacionales.
– Régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal y derogación de la ley 27.145
Con 169 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, se aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que establece un nuevo régimen de subrogancias en los tribunales inferiores del Poder Judicial nacional, luego de que en 2015 la Corte Suprema declarara inconstitucional la Ley 27.145, sancionada durante el kirchnerismo.
En 2015, el máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley 27.145 al entender que afectaba la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos, pues permitía al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional.
El texto aprobado este miércoles establece que “los magistrados subrogantes y los conjueces deberán ser siempre elegidos por sorteo”.
Por ello, la propuesta ratifica que “el rol del Consejo consiste en promover la selección de magistrados para que el Poder Ejecutivo cubra las vacantes existentes de manera definitiva, con acuerdo del Senado”.
La iniciativa también otorga al Consejo la “facultad de confeccionar las listas de conjueces”, a fin que el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara alta, proceda a su selección conforme con la Constitución.
Respecto al modo de designación de los jueces subrogantes, confiere a las Cámaras competentes las “herramientas necesarias para que procedan a la designación de los jueces subrogantes”.
En lo relativo a los jueces de primera instancia y tribunales orales, privilegia que “la vacante sea cubierta por un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos significativos”.
En cuanto a los casos en los cuales no es posible cubrir transitoriamente la vacante con jueces de igual grado y competencia, establece mecanismos de designación de conjueces y, por otro lado, instituye mecanismos para conformar las listas de conjueces con aspirantes que ya hayan concursado, siempre que hubieran obtenido un resultado adecuado.
En caso de que las víctimas sean niños, niñas y adolescentes de algún tipo de abuso sexual estos delitos pasarán a ser de instancia pública, por lo que cualquier persona puede hacer la denuncia.
En la actualidad, si la denuncia no es ratificada por los padres o tutores la causa se archiva.
– Desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial regional y creación del régimen de promoción de la industria naval argentina
La sanción de una normativa de estas características pondría en funcionamiento las más de 200 empresas que conforman la industria naval argentina.
Se formará un fondo de financiamiento, a través del cual los astilleros nacionales van a tener capital para hacer buques en nuestro país.
El proyecto busca fomentar la integración regional en las áreas de influencia de los ríos Paraguay y Paraná, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraná-Paraguay, así como del río Uruguay.
– Modificación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
La propuesta propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 el plazo del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por ley 26.216.
Los diputados acordaron modificar la media sanción del Senado, que establecía la vigencia del programa “hasta que se cumplan sus objetivos”, y fijar en cambio la continuidad de ese plan desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
El programa creado por ley en 2006 se encuentra suspendido porque el plazo de vigencia establecido en la norma venció el 31 de diciembre de 2015 y no fue prorrogado.
– Registro nacional de condenados por delitos contra la integridad sexual
El proyecto propone crear un Registro Nacional de Violadores, como una manera de proteger a potenciales víctimas ante un nuevo ataque, ya que el 95% de los agresores sexuales reincide.
En esta nueva norma el registro es público, con datos del condenado liberado: nombre, seudónimo, su domicilio real y laboral, su fotografía, su DNI y la calificación legal del delito por el que fuere condenado.
La creación de un registro nacional de condenados por delitos sexuales brinda a la ciudadanía un mecanismo de alerta. En adelante, cuando se produzca la liberación de un preso por este tipo de causas precisadas en los artículos 119 y 120 del Código Penal, el juez de Ejecución Penal tendrá la obligación de comunicar la decisión al Ministerio de Justicia.
