Remolcadores: Feo olor en el negocio que diseñaron Dietrich/Aranguren

Mientras se aguarda una definición de la justicia, una nueva irregularidad licitatoria ha quedado al descubierto en la polémica contratación del servicio de remolcadores para los barcos de GNL que la empresa estatal Enarsa acordó con el gigante naviero danés Maersk y su socia local la agencia marítima Meridian de la familia Samarín.

por JORGE SARMIENTO

En medio de la campaña mediática que comenzaron a desplegar el Ejecutivo Nacional y el consorcio ganador para tratar de justificar la adjudicación del negocio, se confirmó en Tribunales que las autoridades de Enarsa demoraron 18 días la notificación oficial del resultado de la licitación a Transona, la empresa que había quedado relegada al 2do. lugar por una diferencia de precios del 8%.

La inexplicable tardanza registrada en la comunicación oficial habría respondido a un único y claro objetivo: entorpecer la presentación y el tratamiento de la denuncia judicial que llevó adelante Transona ante las serias y graves irregularidades que se registraron en el proceso licitatorio.

De acuerdo con la documentación aportada a la Sala II de la Cámara Civil Comercial Federal que ahora tiene que resolver si convalida o no la cuestionada licitación, la conducción de Enarsa encabezada por Hugo Balboa procedió a adjudicarle el negocio de los remolcadores a Maersk y Samarín el 29/08.

Pero en vez de comunicar de inmediato esa decisión a Transona, los directivos de Enarsa optaron por dilatar la notificación oficial hasta el día 16/09.

El planteo judicial impulsado por Transona se focalizó en 3 aspectos clave de la oferta de Maersk y Samarín que no se ajustaron al pliego y que Enarsa dejó pasar con el doble aval de los ministros de Energía, Juan José Aranguren; y de Transporte, Guillermo Dietrich.

En 1er. lugar, la propuesta y rebaja tarifaria de Maersk y Meridian estuvo condicionada a 2 variantes que no estaban contempladas en el pliego: un contrato por 24 meses y la doble operación de los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

En 2do. lugar, los remolcadores ofrecidos por Maersk no estaban matriculados en la Prefectura Naval al momento de presentación de la oferta, tal como exigían las bases y condiciones de la licitación.

Y por último, si bien Meridian es una empresa nacional, lo que ofrece para remolque son unidades extranjeras que no se encuentran inscriptas legalmente y no se ajustan a las reglas del Compre Argentino y a la ley de cabotaje que prioriza a las embarcaciones locales.

Cabe destacar que Meridian está involucrada en la causa que derivó en la detención del ex titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez por maniobras fraudulentas, lavado de dinero y desvío de fondos de la entidad gremial.

Actuando por cuenta y orden de Enarsa, Meridian desvió el pago de una factura de casi US$ 2 millones por cursos de capacitación que debía ir para la Fundación Azul del gremio a la pesquera privada San Jorge Marítima que tiene entre sus dueños al ex líder del SOMU.

En tanto, el grupo Maersk, uno de los principales transportadores marítimos que concentra el 20% del tráfico mundial de contenedores y que en el mercado local opera la Terminal 4 del puerto de Ciudad de Buenos Aires y pretendería monopolizar la actividad entrando en el negocio de los remolcadores; aparece entreverado con distintos casos de corrupción y causas judiciales abiertas en varios países:

** Turquía: su socio, Petkim, cuya cúpula ha sido encarcelada después del fallido intento de golpe de Estado, acusados de pertenecer a la organización«terrorista» FETO (Fethullah Gülen, el clérigo exilado en USA al que el gobierno de Erdogan señala como cerebro e instigador del fallido golpe). Como resultado de esto con el socio de Maersk la terminal está intervenida por el estado Turco.

** Brasil: Esta acusada de sobornar a funcionarios de Petrobras para hacerse de contratos de remolques de buques petroleros, por tanto se encuentra imputado en la causa «Lava Jato».

** Guatemala: El conflicto, más escandaloso, surge por la compra por parte de Maersk al grupo español TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona). La justicia guatemalteca acusa a TCB de haber sobornado a altos cargos de los dos anteriores gobiernos guatemaltecos para conseguir la concesión de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, la más importante del país y que tendría que haber entrado en funcionamiento este año. Maersk y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo para cerrar este conflicto mediante el reconocimiento del daño causado a Guatemala y el pago de un sobreprecio de US$ 42 millones.