🧨 Libra: la estafa presidencial que el poder político busca sepultar en la burocracia

Perico Noticias – Columna editorial

En la historia reciente de la democracia argentina, nunca un presidente en ejercicio había protagonizado con tanta claridad un hecho penalmente tipificable como lo hizo Javier Milei con la promoción de la criptomoneda Libra. A través de sus redes oficiales, el jefe de Estado difundió un contrato falso, avaló una plataforma de inversión fraudulenta y se convirtió en el rostro visible de un proyecto trucho que ya está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos y España.
Pero en la Argentina, donde el cinismo institucional ha reemplazado a la ética pública, no sólo no hay sanción ni arrepentimiento: hay blindaje.

La puesta en marcha de una Comisión Investigadora en el Congreso, anunciada con bombos y platillos como un ejercicio de transparencia, se transformó rápidamente en una estrategia de encubrimiento. Con la incorporación de figuras como Alberto Weretilneck y Gustavo Sáenz —gobernadores acostumbrados a negociar gobernabilidad con silencio— el objetivo de la comisión es claro: neutralizar, dilatar, proteger.
Se simula investigar para no investigar. Se convoca para archivar. Se habla de institucionalidad, pero se está pariendo impunidad.

Desde el punto de vista legal, el Código Penal no deja lugar a dudas: el artículo 172 establece que comete estafa quien induce a error con engaño y causa un perjuicio patrimonial. Cuando ese engaño parte de la figura presidencial, con uso del aparato estatal y en una operación que alcanzó a miles de personas, el agravante es evidente y el impacto institucional, brutal.
El presidente no fue engañado: fue parte. Conocía a los involucrados, daba clases en su escuela de traders, y sabía perfectamente el mecanismo con el que pretendían usar su figura para inflar artificialmente el valor de una moneda ficticia.

Y sin embargo, nada se mueve. El Congreso escenifica. La Justicia se congela. La prensa dominante calla. Y la sociedad —otra vez— asiste a un nuevo episodio de descomposición institucional, en el que el delito se relativiza y el castigo se evapora. El mensaje es devastador: la ley es para los de abajo; el poder no rinde cuentas.

Lo más grave es que no se trata de un hecho menor o anecdótico. No es un error. No es una torpeza de comunicación. Es un uso deliberado del poder para engañar, direccionar dinero y beneficiar negocios privados con la autoridad presidencial. Es, en términos jurídicos, una estafa agravada.
Pero en términos políticos, es aún peor: es el síntoma de un Estado capturado por una lógica autoritaria disfrazada de marketing libertario, donde todo vale si se puede monetizar.

Cuando el delito ocurre desde el vértice de la República y no hay reacción proporcional del resto de los poderes, la democracia se devalúa.
Y cuando la política se organiza no para representar al pueblo, sino para blindar al presidente, no hay sistema institucional que aguante.
La estafa de Libra ya ocurrió. Lo que está en juego ahora es saber si también nos van a estafar con su impunidad.