En 2023, 21 de las 32 empresas públicas de Argentina registraron superávit financiero, con más ingresos que gastos, según un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx). No obstante, tras el cambio de administración y la implementación de políticas de ajuste, este número descendió a 12 en el primer trimestre de 2024.
Con la aprobación de la Ley Bases, el gobierno libertario de Javier Milei avanza con la privatización de empresas clave, entre ellas ENARSA, INTERCARGO, NASA, YCRT, AySA, y Aerolíneas Argentinas. Las políticas implementadas han recortado transferencias estatales y restringido contratos y recursos de estas empresas, afectando así su facturación y rendimiento. Este ajuste presupuestario, también conocido como la “motosierra”, redujo las transferencias a las empresas públicas del 0,7% al 0,4% del PBI.
OCIPEx sostiene que muchas de estas compañías cumplen un rol crucial en infraestructura y servicios básicos a precios accesibles. Casos como YPF en Vaca Muerta, AR-SAT en telecomunicaciones y Corredores Viales en construcción vial muestran que una administración pública eficiente puede contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, la política de privatización continúa, generando debate sobre el impacto en la economía y el acceso a servicios.
