Morales ratifica investigación de diputados de la UCR sobre: Estafa «Garrafa Social»

23.08.2014 |Morales se presentó en Perico para apoyar la investigación de sus diputados provinciales respecto a la estafa que consintió el gobierno provincial con la distribución, empadronamientos discriminativos, sobre precios y negociados de la Garrafa Social Subsidiada.

En la ciudad de Perico un centenar de vecinos afectados por la escasez y el sobre precio de las garrafas, denominadas por el gobierno nacional sociales; se reunieron para escuchar explicaciones referentes a una estafa realizada en la provincia, donde se aplicaron sobre precios y una manifiesta discrecionalidad en la comercialización y distribución de un modo bochornoso «de las garrafas sociales», según lo confirman las investigaciones realizadas por los diputados provinciales María de los Ángeles Reynaga y Néstor Armando Sanabia, quienes realizaron una larga investigación que llevó el caso a la justicia.

Pero a esta manifiesta maniobra delictiva en la que es responsable la autoridad de aplicación y control, nos referimos al Ministerio de la Producción, por un contrato celebrado por el propio gobernador de la provincia con la Nación en el año 2008 por la distribución de la garrafa social, que en su artículo 3° expresa: “La secretaría delega en la provincia y la provincia acepta el ejercicio de fiscalizar los acuerdos estatales, al precio de 16 pesos en todo el territorio de la provincia de Jujuy”, acuerdo que no registró un completo cumplimiento, quedando el grueso de las garrafas sometidas a inescrupulosas maniobras de comercialización fraudulenta que ocasionaron los pesares del 64% de la población jujeña.

Las sospechas, se agravaron por las versiones y aportes del propio jefe de Gabinete de la Nación Jorge Capitanich que dejó comprometido a Eduardo Fellner, que por su insensibilidad y omisión permitió el saqueo a millares de humildes jujeños, rebajados a las antípodas de la justicia social que el presidente del PJ Nacional debería exhibir sin mancha alguna.

Habría un promedio de 70.000 garrafas que se comercializaban de manera fraudulenta cada mes durante al menos cuatro años en Jujuy, las cuales habrían generado una suma de $180 millones de pesos ilegales, arrancados a los pobres, para repartirlos en una cadena de comercialización que debe ser juzgada por la justicia, donde el principal responsable es el propio gobernador.

En la reunión, la diputada Alejandra Martinez, proyectó el daño que se realizó en la ciudad de Perico al producirse un abuso sobre un poco mas de 9.000 hogares que consumen garrafas, cuyos ciudadanos eran sometidos a filas humillantes para empadronamiento diseñados para imponer cupos no previstos por la ley,  trato absolutamente injusto y arbitrario, ya que todo envase de gas butano envasado en 10 kg, 12 kg y 15 kg es de acceso universal a $16, $20 y $25 pesos respectivamente.

El relato ofrecido por Martinez da cuenta de la insensibilidad de los actores que llevaron a delante la inhumana maniobra, la cual mas allá de merecer los apremios y sumarios administrativos en el orden público a los partícipes, también carga con la responsabilidad penal de los mismos y de los privados que se enriquecieron a costa de la ingenuidad y la necesidad de miles de jujeños.

desde la UCR, quedaron en brindar apoyo para presentar amparos colectivos, por lo cual los vecinos se agruparan para ejercer sus reclamos y obtener el insumo tan vital para atender necesidades básicas de cada hogar. La exposición de las autoridades concluyó con un merecido aplausos, ya que se demostró coraje, creatividad y compromiso para llevar adelante una investigación que traerá justicia al pueblo jujeño.