La motosierra no descansa. Esta semana, el gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo ataque a la columna vertebral del trabajo argentino: mediante el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó la creación de “fondos de cese laboral”, un mecanismo privado que reemplaza la indemnización tradicional por despido con un sistema de capitalización al estilo chileno. Es decir, el empleado pagará de su bolsillo —y por adelantado— el costo de su propia expulsión del mundo del trabajo.
Se trata, ni más ni menos, que de una virtual eliminación del derecho histórico a la indemnización, transformando la figura del despido en un trámite express para el empleador y en una pesadilla prepagada para el trabajador.
Este avance neoliberal sobre la legislación laboral no sorprende si se considera el plan general del actual gobierno: destruir el modelo sindical, desarticular la negociación colectiva, terminar con los convenios sectoriales y suprimir toda forma de estabilidad que proteja a los trabajadores del capricho del mercado. El nuevo paradigma no busca generar empleo genuino, sino abaratar el despido, promoviendo una lógica donde el trabajo no es derecho, sino mercancía.
Fondos privados y negocios con la precariedad
El Decreto 70 de Milei —la piedra fundacional del desguace del Estado de derecho— ya había anticipado esta orientación: legalizar contratos basura, promover la tercerización y permitir la imposición de condiciones unilaterales por parte del empleador. Pero la reciente medida va más allá: habilita a las empresas a contratar entidades financieras para que administren el fondo de cese, abriendo la puerta a la especulación con el dinero de los trabajadores, al mejor estilo de las AFJP que arrasaron en los 90.
En palabras simples: el empleador “aporta” a un fondo privado en lugar de pagar indemnización. Si despide, paga con ese fondo. Si no despide, gana la entidad financiera. ¿Y el trabajador? Pierde la protección, la previsibilidad y el amparo legal. Pierde la dignidad.
El derecho laboral como estorbo
Lo que está en juego no es una herramienta más o menos moderna. Lo que está en juego es la concepción misma del trabajo como derecho humano fundamental. Milei y su gabinete ven al derecho laboral como una traba, una molestia, una rémora del pasado. En su visión anarco-mercadocéntrica, el trabajador debe aceptar cualquier condición, y si no le gusta, “que emprenda”.
¿El resultado? Una economía de castas, donde el que tiene capital impone reglas y el que vende fuerza de trabajo no tiene cómo defenderse. El “nuevo orden” laboral es un viejo conocido: más precarización, menos salario, más miedo.
El silencio cómplice y la reacción necesaria
Resulta alarmante el silencio de vastos sectores empresariales, sindicales e incluso judiciales frente a este embate. La historia ya enseñó que cuando el trabajo deja de ser protegido, no se genera libertad, sino esclavitud moderna. Que cuando se vacía la indemnización, lo que se llena es la fila de despedidos. Y que cuando se impone la lógica financiera sobre el derecho social, lo que se construye es un país para pocos.
Es urgente que las centrales obreras, los legisladores comprometidos, los movimientos sociales y los sectores productivos auténticos reaccionen frente a esta avanzada. Porque sin trabajo digno no hay consumo, no hay desarrollo, no hay Nación.
La Argentina del “despido fácil” no es la solución a la crisis. Es la profundización de un modelo que se come a sus propios hijos.