Burford Capital que tiene un fallo a su favor de u$s 16.000 millones, quiere avanzar con el argumento legal del «alter ego» al considerar a los organismos como prolongaciones del Estado nacional y los abogados de la Argentina niegan que se pueda hacer.
El fondo buitre Burford Capital pretende embargar activos de Aerolíneas Argentinas para tratar de cobrar el fallo judicial a favor por US$ 16.000 millones, en el juicio por la estatización de YPF, informó el Financial Times. Incluso, el medio británico señala que también pretendería ir sobre activos de Arsat y Enarsa, y el Banco Nación, por considerarlos “alter egos” del Estado argentino, aunque los abogados de la Argentina niegan que puedan hacerlo.
El Burford Capital es lo que se denomina un hedge fund o fondo de cobertura, que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores, tiene a su favor un fallo judicial a su favor de US$ 16.000 millones de la jueza neoyorquina Loretta Preska en un juicio por la expropiación de YPF encabezada en 2012 por el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, Axel Kicillof.
Financial Times señala que con el argumento legal del “alter ego”, esto es, que empresas como Aerolíneas e YPF y organismos como el Banco Central y Arsat, y también el Banco Nación, son en realidad prolongaciones del Estado argentino, el acusado en el juicio, y por lo tanto sus activos en el exterior podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante, Burford Capital.
La nota, con información de Nueva York y Buenos Aires, dice que Burford se embarcó en un “largo viaje” para hacerle pagar a la Argentina y recuerda que un caso similar, el del fondo buitre Elliott, duró quince años, e incluyó la retención por más de dos meses de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana y finalmente se llegó a un arreglo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según los abogados de Burford, esas empresas están llenas de llenas de nombramientos políticos de personal no calificado y son “alter egos de la República”, lo que significa legalmente no solo que son propiedad, sino también que son controladas por el estado argentino e “indistinguibles de él”. Una determinación judicial de ese tipo teóricamente facilitaría a la toma de activos por parte de los acreedores.
El FT señala también que “gente cercana a la administración argentino confían en ganar una apelación, y que los acreedores están en una “expedición de pesca” cuyo objetivo es “avergonzar al país”, y que no hay “activos sustanciales” de la Argentina en jurisdicción de EEUU.
En su presentación a las cortes, los abogados de la Argentina han negado que los organismos en cuestión sean “alter egos” y que fallos previos de la justicia de EEUU han apoyado el argumento de que son “operacionalmente separados del Estado”.
Los abogados de Burford han pedido a la justicia de EEUU permiso para examinar cuán “estrechamente relacionados” están algunas compañías con el Estado, y cita a la propia YPF (objeto original del juicio), que tiene un valor de mercado de USD 10.700 millones y el Estado argentino es dueño del 51 por ciento.
También argumentan que gobiernos previos han usado YPF para designar amigos políticos y para fijar el precio local de los combustibles, lo que evidenciaría que “es un brazo del Estado”, por lo que pidieron que la Justicia le ordene a la República transferirles sus acciones en YPF. La empresa, recuerda la nota, tiene activos petroleros y gasíferos valiosos, incluida la formación Vaca Muerta.
Los activos de YPF más fáciles de alcanzar por parte de los acreedores, señala Sebastián Maril, de Latam Advisors, un experto argentino en el caso, serían los bonos corporativos de YPF, que en algunos casos están garantizados por las exportaciones de petróleo de la compañía.
En cuanto al BCRA, los abogados dicen que es usado como “un instrumento del Estado y que el propio Milei prometió repetidamente cerrarlo, lo que vendría a demostrar que también en ese caso el Estado argentino está a cargo de la entidad.
Los otros activos a los que apunta Burford son Aerolíneas Argentinas, que Milei intentó, pero no logró el visto bueno del Congreso para privatizarla. La compañía aérea, precisa la nota, controla el 60% del mercado local de vuelos y tiene una flota de 84 aviones, pero la mayoría son por medio de “leasing”. También en este caso, los litigantes señalan que Aerolíneas ha estado llena de “nombramientos políticos, que han sido acusados por falta de experiencia y pobre manejo” del negocio aéreo.
Los otros activos apuntados por Burford son Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones, proveedora de infraestructura de telefonía móvil e internet, Enarsa, enfocada en la importación y distribución de energía y la construcción de infraestructura, y el Banco Nación, el más grande minorista de la Argentina, con sucursales en Nueva York y Miami. Todas esas compañías, concluye el artículo, son objetivos de privatización del gobierno de Milei.
