El Gobierno de Javier Milei promulgó el decreto 2024-712, que establece nuevas restricciones y normativas sobre el uso de aeronaves públicas.
Este decreto prohíbe el uso de aeronaves públicas en actividades privadas y asegura que su utilización quede estrictamente reservada para funciones que cumplen con su condición jurídica esencial al servicio del poder público.
Esta medida marca un gran cambio en la regulación del uso de aeronaves de propiedad estatal, con implicaciones tanto para la administración pública como para las empresas y entidades vinculadas al sector aeronáutico.
El decreto deja en claro que las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para actividades aéreas que no estén directamente relacionadas con su función dentro del sector público. Esto significa que cualquier uso que pueda ser considerado propio de una aeronave privada queda expresamente prohibido. La medida busca evitar el uso indebido de recursos estatales para fines no oficiales, y responde a un esfuerzo más amplio del Gobierno para garantizar la eficiencia y la transparencia en el uso de bienes públicos.
El decreto también introduce una distinción importante entre aeronaves públicas y privadas de titularidad estatal. Mientras que las aeronaves privadas pertenecientes al Estado, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios, y las empresas estatales podrán llevar a cabo actividades aerocomerciales y de trabajo aéreo, estas deberán contar con las autorizaciones pertinentes emitidas por la autoridad aeronáutica.
De esta manera, el decreto promueve una mayor vigilancia y control sobre las actividades comerciales realizadas por aeronaves estatales, garantizando que estas operaciones se ajusten a las normativas vigentes y se realicen de manera transparente.
Una de las disposiciones clave del decreto es la asignación de prioridad de operación a las aeronaves públicas en los servicios de navegación aérea. Esto implica que, en el caso de conflictos de horarios o rutas, las aeronaves públicas tendrán preferencia sobre las aeronaves privadas, asegurando que las operaciones del sector público no se vean comprometidas.
Además, el decreto permite que las aeronaves públicas sean objeto de contratos interjurisdiccionales, siempre y cuando todas las partes involucradas pertenezcan al sector público. Esta disposición facilita la cooperación entre distintas entidades gubernamentales y garantiza un uso más eficiente de los recursos disponibles.
El decreto instruye a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que, en un plazo de 120 días desde su publicación, desarrolle una normativa específica sobre el uso de aeronaves públicas y privadas de propiedad estatal. Esta normativa adicional será importante para aclarar detalles operativos y asegurar que las disposiciones del decreto se apliquen correctamente. La ANAC tendrá la responsabilidad de supervisar la implementación de las nuevas reglas y de establecer procedimientos claros para el uso y control de las aeronaves estatales.
Esta medida se enmarca en un contexto más amplio de reformas administrativas y de austeridad impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Al restringir el uso de aeronaves públicas a actividades exclusivamente relacionadas con el servicio público, el Gobierno busca reducir gastos y evitar el mal uso de recursos estatales. Durante décadas, los políticos han utilizado las aeronaves del Estado para fines estrictamente personales, como es el caso de Cristina Kirchner, pero eso ha llegado a su fin.
