Por Jorge A. Lindon // La escena es tan brutal como reveladora: el bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy denuncia un “robo de recursos legítimos” por parte del gobierno nacional, mientras el propio Jujuy —gobernado por quienes avalaron el endeudamiento con el FMI durante la era Macri y la emisión descontrolada bajo Alberto Fernández— se encuentra hoy atrapado en una telaraña que ellos mismos ayudaron a tejer.
Con una inflación aún estructural, una economía que no termina de reactivarse y un gobierno nacional enfocado casi religiosamente en mantener el superávit fiscal, las provincias enfrentan un recorte real de sus ingresos, especialmente en lo que refiere a la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otras partidas que hasta hace poco eran parte del oxígeno rutinario. Jujuy no es la excepción, pero el cinismo político sí es su marca registrada: los mismos que militaron los desequilibrios de ayer exigen ahora equidad sin hacerse cargo del pasado.
Un ajuste que duele, pero que tiene consenso implícito
El oficialismo provincial, con Carlos Sadir a la cabeza, se enfrenta a una contradicción letal: abrazó el orden fiscal como bandera ante Nación, pero al mismo tiempo reclama mayores transferencias discrecionales. Esta doble moral evidencia el agotamiento del viejo pacto federal fiscal, en el que los gobernadores asumían las funciones de pequeños virreyes a cambio de gobernabilidad.
Hoy, el gobierno de Javier Milei —firme en su postura de no ceder al “chantaje fiscal”— ejecuta un ajuste sin precedentes sobre las provincias. Las obliga a desguazar sus propios aparatos, y con ello, a enfrentar a sus trabajadores, intendentes y proveedores. En otras palabras, Nación no les impone qué recortar, pero las fuerza a decidir qué parte del cuerpo amputarse para seguir de pie.
Paradójicamente, muchos de estos gobernadores, incluidos los del peronismo que hoy gritan por los recortes, ya asumieron tácitamente que este es el rumbo inevitable. Incluso sectores del kirchnerismo admiten en privado que el Estado sobredimensionado ya no tiene retorno, aunque deploran la falta de amortiguadores que impidan que el pueblo sufra el shock.
Jujuy, espejo roto del fracaso federal
La provincia de Jujuy es hoy un símbolo descarnado de ese deterioro. Durante años acumuló una planta estatal sobredimensionada, municipios con estructuras clientelares inviables y una dependencia crónica de los giros nacionales. Mientras tanto, pueblos enteros viven en condiciones de indigencia y servicios esenciales como salud y educación se desmoronan sin que nadie responda.
Ahora, al calor del ajuste libertario, la administración jujeña se queja del desfinanciamiento. Pero, ¿qué hizo con los fondos en años anteriores? ¿Cómo explica que en departamentos como Yavi, Humahuaca o Santa Catalina no haya ni siquiera una ambulancia disponible las 24 horas? ¿Dónde están los resultados de la supuesta “eficiencia administrativa” que declaman?
La pregunta que surge es incómoda pero urgente: ¿no será que este ajuste, brutal y todo, es el primer baño de realidad política y administrativa que reciben muchas provincias desde la restauración democrática?
¿Reclamar o rendir cuentas?
La acusación al Gobierno nacional de “pretender apropiarse de recursos que son de los jujeños” pierde fuerza si se observa que las propias autoridades jujeñas han fracasado sistemáticamente en construir un modelo autosustentable. No hay estrategia productiva genuina, ni diversificación económica, ni reforma del Estado seria. Solo un grito desesperado por mantener lo que queda de una estructura que ya no se sostiene.
Más aún, los mismos dirigentes que acompañaron endeudamientos irresponsables y manejos clientelares ahora se presentan como defensores de la institucionalidad y el federalismo. Pero lo cierto es que lo que está en juego no es el federalismo, sino su modelo de poder. Porque lo que realmente amenaza con colapsar no es la Nación, sino las formas de gobernar de muchas provincias que hoy deben elegir: transformarse o quebrar.