Una asamblea sin ley: la intentona de remover al Consejo de la CTPL expone un golpe institucional sin precedentes

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La difusión de un edicto apócrifo convocando a una supuesta Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa Telefónica de Perico Ltda. (CTPL) para el 27 de julio no es simplemente un acto viciado de nulidad: es la punta de lanza de un intento de golpe institucional, sin precedentes en la historia de la entidad. Quienes lo impulsan no sólo violan las reglas estatutarias y la ley cooperativa vigente, sino que persiguen un objetivo gravísimo: remover por la fuerza a la totalidad del actual Consejo de Administración, legalmente constituido y reconocido por el INAES.

Una embestida contra la institucionalidad y el cooperativismo

Este intento de destitución masiva, disfrazado de “orden del día”, busca desalojar del cargo a todos los consejeros y síndicos electos hace apenas meses, y cuyo mandato está en plena vigencia por casi tres años más. Es decir, se trata de un acto de sedición interna, sin sustento normativo ni respaldo de los órganos de control, que pretende suplantar por vía de hecho lo que fue resultado de una elección democrática y validada legalmente.

Cualquier asamblea que pretenda decidir la remoción de un Consejo vigente sin un procedimiento legal, sin auditorías concluyentes, sin resolución de INAES, y sin convocatoria formal del propio Consejo, carece de efecto jurídico y constituye un hecho político nulo, ilegítimo y sancionable.

El INAES no avala este atropello: ninguna fiscalización dará lugar

A diferencia de lo que exige la ley para toda asamblea cooperativa —especialmente una de carácter extraordinario—, esta convocatoria no será supervisada ni validada por ningún órgano de control del Estado. El propio INAES, máxima autoridad en materia de cooperativismo, desconoce y repudia el intento de auto-convocatoria, al haber avalado plenamente a la actual conducción de la CTPL, que actúa en derecho y con total legitimidad institucional.

En las cooperativas, toda convocatoria debe ser supervisada por el órgano competente, que no solo garantiza la legalidad del acto, sino que protege los derechos de los asociados. Ningún paso de ese protocolo básico fue cumplido aquí. Esta supuesta asamblea, de concretarse, solo servirá para dejar constancia de quiénes están dispuestos a ensuciarse las manos con prácticas antidemocráticas que lesionan la esencia cooperativa.

La reforma estatutaria: otro intento de manipulación

A esto se suma otra gravedad mayúscula: el intento de modificar el Estatuto Social en la misma convocatoria. Tal como establece el propio artículo 32, cualquier reforma del estatuto requiere la aprobación de dos tercios del total de asociados habilitados en el padrón. No se trata de una mayoría circunstancial de presentes: es un número absoluto que en esta situación es material y jurídicamente imposible de alcanzar sin un proceso regular, institucional y coordinado por el Consejo de Administración.

Esta inclusión, realizada con plena conciencia de su inviabilidad, evidencia el dolo de los convocantes. Lejos de obedecer al espíritu participativo que debe guiar a toda entidad solidaria, la maniobra busca fraguar legitimidad y forzar decisiones estructurales con una minoría ruidosa y ajena al marco legal.

Un Consejo elegido, un rumbo claro, una comunidad en reconstrucción

El Consejo de Administración actual no llegó al poder por imposición, sino por necesidad institucional: debió asumir en un momento crítico, cuando todos los cargos estaban vencidos, la administración en estado calamitoso y la confianza pública en niveles mínimos. Desde entonces, inició un camino de saneamiento financiero, regularización institucional y relanzamiento de servicios en favor de todos los asociados.

La CTPL no está paralizada, está en marcha. Y lo hace con respaldo del INAES, con procesos de auditoría en curso, con planes de mejora de conectividad y con proyectos inclusivos para toda la comunidad. Por eso, intentar desalojar por la fuerza a quienes hoy reconstruyen la cooperativa desde el barro de la desidia heredada no solo es irresponsable: es un acto hostil, destructivo y carente de ética solidaria.

La historia cooperativa juzgará este episodio

Esta afrenta no será un capítulo más. Será recordada como el momento en que un grupo minúsculo intentó torcer el rumbo de una institución nacida para servir. Lo que no lograron en las urnas, ni en los órganos de fiscalización, ni ante los socios, ahora lo buscan mediante edictos anónimos, interpretaciones forzadas y una presunta asamblea que, de realizarse, será inválida, impugnable y repudiada por el derecho.

Pero todo acto deja huella. Y este servirá para dejar constancia de quiénes han actuado con deslealtad, dolo y desprecio por la ley. Quedarán expuestos quienes, con las manos sucias del pasado, pretenden manchar el presente de toda la comunidad cooperativa.