“El Senado se juega: entre los derechos vulnerados y los escándalos que el gobierno quiere ocultar”

Ayer, el Congreso vivió una jornada que desnuda con crudeza la verdadera prioridad del gobierno: los intereses financieros por encima de los derechos de millones de argentinos. Mientras el Senado se prepara para tratar la emergencia pediátrica y otros temas que la Casa Rosada preferiría mantener en la sombra, la Cámara de Diputados dio señales claras de tensión entre el poder político y las necesidades de la ciudadanía.

El rechazo al veto presidencial sobre la emergencia en discapacidad fue un triunfo de la sociedad civil y de quienes defienden derechos fundamentales. Sin embargo, el gobierno logró sostener, con apenas un tercio de los votos, el veto al aumento de jubilaciones, negando a millones de argentinos y, en especial, a mujeres que trabajaron toda su vida, la posibilidad de acceder a una jubilación justa. Esta decisión no es un mero trámite presupuestario: tiene consecuencias directas sobre la vida y la supervivencia de quienes dependen de sus haberes para cubrir necesidades básicas y medicamentos esenciales.

A esta realidad se suman escándalos de una gravedad alarmante. El caso Fentanilo, con 96 muertes confirmadas por un medicamento contaminado, expone la falta de control y responsabilidad de actores estatales y privados. La detención del dueño del laboratorio HLB Farma y de su equipo técnico demuestra que la negligencia y la corrupción pueden costar vidas, mientras el gobierno busca minimizar su implicancia política.

Pero no termina ahí: el despido de Diego Españolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, por audios que revelan maniobras de corrupción y favoritismo hacia funcionarios cercanos al poder, evidencia un entramado donde la ética y la integridad pública son moneda de cambio. La desprotección de los sectores más vulnerables de la población —personas con discapacidad, jubilados y niños— contrasta con la prioridad que se le da al pago de deuda y a los beneficios de un reducido grupo de financistas.

Lo que sucedió ayer no es un episodio aislado: es la confirmación de que, en la Argentina actual, la política se mide en términos de intereses económicos y poder, mientras los derechos fundamentales son negociables. La ciudadanía merece transparencia, responsabilidades claras y un Congreso capaz de hacer valer la ley por encima de los intereses del Ejecutivo.

Si el Senado confirma el rumbo de la Cámara de Diputados y rechaza los vetos que perjudican a los más vulnerables, habrá un primer paso hacia la justicia social. Pero los ojos del país deben permanecer atentos: no solo se juega la política, sino la vida de millones de argentinos.