¿Están dadas las condiciones para la intervención del Concejo Deliberante y la Intendencia en Perico?

Perico se ha convertido en el epicentro de una crisis institucional que ya no admite excusas ni silencios cómplices. El atentado contra el concejal Walter Cardozo, sumado a las maniobras ilegales de nombramientos masivos en planta permanente, las violaciones reiteradas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y la inacción del Ejecutivo municipal, configuran un escenario de anarquía política y degradación moral.

La Constitución de Jujuy es clara: cuando el orden institucional está roto y los vecinos indefensos, el Ejecutivo provincial tiene la obligación —no la opción— de intervenir. El Concejo Deliberante, hoy consumido en audios bochornosos, acusaciones cruzadas de violencia de género y prácticas mafiosas, ha perdido legitimidad y autoridad moral. La intendencia, ausente o indiferente, es cómplice por omisión.

No se trata de una pulseada política, sino de la defensa de la democracia y de los contribuyentes que todos los días sostienen con su esfuerzo al Estado. En Perico, ese esfuerzo se ha convertido en rehén de clientelismo, nepotismo y corrupción. El pueblo exige orden, legalidad y respeto.

Si la Provincia no actúa, la omisión será interpretada como complicidad. Porque Perico ya no discute proyectos: discute supervivencia institucional. La intervención es el único remedio posible para salvar a la ciudad del colapso político, administrativo y moral.

La historia juzgará a quienes hoy decidan mirar para otro lado. La gravedad del presente momento exige altura institucional. No se puede tolerar que un Concejo Deliberante funcione como un ring de escándalos personales ni que el Ejecutivo municipal se lave las manos ante acusaciones gravísimas de sus propios concejales. La democracia local no puede ser una caricatura, y menos aún un espacio donde los intereses particulares y familiares se imponen sobre el bien común.

Además, la pasividad de la Justicia provincial agrava la situación. Cuando una concejal denuncia violencia política y violación a la Ley Micaela y no obtiene respuesta, se confirma que los mecanismos de control están rotos. Esa omisión no solo vulnera derechos, sino que convierte a Perico en un territorio sin garantías. En este contexto, la intervención no es una opción política: es una obligación constitucional y ética para resguardar la legitimidad institucional.