Perico al borde del abismo: cuando la corrupción devora al pueblo y la impunidad incendia la democracia

El atentado sufrido por el concejal Walter Cardozo no puede interpretarse como un hecho aislado ni como una mera coincidencia. Es el síntoma brutal de una institucionalidad degradada, donde quienes deberían custodiar la ley la pisotean con descaro, y donde la mafia política se atreve incluso a poner en riesgo la vida de los representantes que osan denunciar sus tropelías.

El Dr. Diego Orellana, asesor de Cardozo, ha sido claro: el incendio del vehículo no es un accidente, es un mensaje mafioso. Y lo más grave es que ocurre después de que Cardozo y la concejal Anahí Juárez presentaran una denuncia penal contra el presidente del Concejo Deliberante por resoluciones ilegales para “acomodar” parientes y amigos en planta permanente. Esa impunidad corrosiva es la misma que desangra los fondos de los contribuyentes, condenando a la ciudad a sostener privilegios en lugar de servicios.

¿De qué sirve el esfuerzo diario de los vecinos que pagan impuestos si esos recursos son destinados a perpetuar el bienestar de clanes políticos? ¿Para qué existen leyes de responsabilidad fiscal y acuerdos de suspensión del gasto público si en Perico se los burla como si fueran papeles sin valor? La moralidad pública se ha convertido en rehén de la ambición personal.

La situación es todavía más perversa: los responsables de velar por el cumplimiento de la ley no solo la violan, sino que lo hacen con cinismo, amparados en la complicidad de un Ejecutivo que mira para otro lado o, peor aún, organiza las maniobras ilegales. Si el intendente y sus reemplazos toleran semejantes irregularidades, son tan responsables como los autores materiales de los desmanes.

El pueblo de Perico está cansado. Ya no soporta la mediocridad cívica de una clase política vencida y contaminada. La violencia cruzada, las acusaciones de género, los audios bochornosos y los arreglos a espaldas de los vecinos constituyen un cuadro de criminalidad impune que hiere de muerte la credibilidad institucional.

Hoy Perico clama por una respuesta firme. La justicia provincial no puede seguir jugando al avestruz. El atentado contra Cardozo debe ser investigado con urgencia, y las prácticas del Concejo Deliberante deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. No hacerlo es habilitar que la corrupción siga escribiendo las reglas en lugar de la democracia.

Si los representantes del pueblo arriesgan la vida por denunciar, es porque la institucionalidad ha colapsado. Y si no hay sanción inmediata, lo que arde no es solo un automóvil: es la esperanza de todo un pueblo que ve cómo se incendia la república en manos de una clase política sin escrúpulos.