Un Jujuy sin rumbo en seguridad
La seguidilla de hechos violentos en la provincia, desde la brutal pelea de bandas en Monterrico que terminó con la muerte de un joven de 29 años, hasta los recurrentes episodios de vandalismo en municipios, expone una verdad inocultable: Jujuy carece de un plan de seguridad serio. Los intendentes, de manera unánime, responsabilizan al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, cuya gestión se ha caracterizado por la impericia, la falta de idoneidad y la ausencia de respuesta política y técnica frente a una crisis que desborda a las comunidades.
Los intendentes marcan la responsabilidad
Desde los gobiernos municipales se insiste en un punto clave: la seguridad es competencia exclusiva de la provincia, por lo cual los intendentes no tienen facultades ni recursos para diseñar ni ejecutar políticas integrales de seguridad. A pesar de haber intentado aportar diagnósticos y propuestas, el ministro no atendió sus reclamos, ni siquiera en reuniones previstas, dejando sin respuesta a quienes representan directamente a los ciudadanos. La falta de diálogo ha agotado la paciencia de los intendentes, que hoy se colocan en una posición de denuncia firme y colectiva: Pulleiro debe renunciar porque es responsable político directo de la inseguridad que se multiplica en cada municipio.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
En términos jurídicos, la conducta del ministro encuadra en incumplimiento de deberes de funcionario público, figura prevista en el artículo 248 del Código Penal. Este delito se configura cuando un funcionario, de manera dolosa o negligente, omite el ejercicio de sus obligaciones legales. En este caso, el ministro de Seguridad ha fallado en lo esencial:
- No diseñar ni presentar un plan integral de seguridad provincial.
- No atender los pedidos formales de los intendentes, generando un vacío de coordinación institucional.
- No prevenir hechos violentos que, en varios casos, terminaron en muertes evitables, como la de Monterrico.
- Priorizar medidas aisladas y mal diseñadas, como el aumento de edad para el retiro de policías o beneficios exclusivos para una fuerza especial, que solo han generado descontento y riesgo de levantamientos en la propia fuerza policial.
Una crisis institucional que exige decisiones inmediatas
La policía provincial se encuentra “al borde del levantamiento”, según fuentes oficiales, y los intendentes denuncian que no existe un plan de seguridad real. Cada municipio se ha convertido en “tierra de nadie”, donde la inseguridad se multiplica y el Estado provincial permanece ausente. Esta situación no solo representa una negligencia temeraria, sino que también vulnera el derecho constitucional de los jujeños a la seguridad y protección de sus vidas y bienes.
El pedido unánime de los intendentes
Con estos antecedentes, los intendentes de Jujuy elevan un mensaje claro: la permanencia de Pulleiro en el cargo agrava la inseguridad y pone en riesgo la paz social en la provincia. La renuncia inmediata del ministro no es una opción política, sino una necesidad institucional para restablecer la confianza, reorganizar la política de seguridad y garantizar que la ley no siga siendo letra muerta.