El Congreso le dice basta: el derrumbe institucional del “ajuste sin límites”

Por Jorge Lindon // En días recientes, senadores y diputados han pasado de la sumisión al control: han rechazado vetos presidenciales y puesto en claro que el proyecto libertario de ajustes extremos ya encontró una barrera institucional. Lo que está en juego no es solo una ley vetada: es la legitimidad del poder, el pacto entre gobierno y gobernados, y la promesa de que la esperanza popular no se extinga.

El Senado, históricamente más cauteloso frente al Ejecutivo nacional, ahora rechaza decretos delegados y vetos que atentaban contra universidades, el Hospital Garrahan y organismos estratégicos. Lo hace porque sus representantes provinciales saben que el costo político de apostar ciegamente al “equilibrio fiscal” sin equilibrios sociales es hoy insostenible.

En la Cámara baja, la movilización parlamentaria fue más contundente aún: con mayoría calificada se revocaron los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Las urnas no lo provocaron todavía: fue el Congreso quien se plantó frente al ajuste.

Desde hace tres meses, Perico Noticias viene anticipando lo que hoy está ocurriendo: el declive libertario. No lo atribuye a una jugada electoral ni a discursos vacíos, sino al agotamiento de una propuesta que prometió lo imposible sin red social real de respaldo institucional. Ahora invita editorialmente a pensar la era pos-Milei: una era con perfil peronista, con enfoque solidario y humanista, donde el Estado sea presente (pero no omnipresente) y el trabajo no quede sujeto al voluntarismo del mercado.

Ese futuro reclamado por las bases sociales exige transparencia absoluta, priorizar los derechos sobre la ortodoxia y redoblar la presencia estatal en políticas esenciales: salud, educación, infraestructura, producción distribuida. Sin burocracia opresora, pero con firmeza reguladora.

La apuesta del oficialismo era doble: primero, quebrar las instituciones con decretazos y vetos; segundo, reconfigurar la narrativa: que quien se oponga al ajuste es “enemigo del orden”. Pero esa estrategia se ha topado con una reversión inesperada: el Congreso le devolvió al pueblo su voz, y los bloques provinciales se repliegan del dogma libertario.

Este alineamiento no es solo una derrota circunstancial, es la señal de que el “salto de fe fiscal” pronto quedará marcado como una etapa límite, no un horizonte. Cuando el ajuste lastima universidades, hospitales y derechos ciudadanos, la política no puede seguir sometida.

La era pos-Milei exige liderazgos nuevos, enraizados en el suelo popular. Los dirigentes que aspiran a gobernar no pueden solo presentarse como administradores contables: deben ser artífices de movilidad social, promotores del valor agregado local, artífices de un Estado redistribuidor de oportunidades.

Porque, al fin, el verdadero equilibrio no es el fiscal: es el humano. El que asegura que los recursos circulen donde recae el dolor: en los estudiantes que no pagan matrícula, en los médicos que no pueden cubrir sus salarios, en las familias que no pueden costear remedios ni educación.

Hoy el Senado y la Cámara baja han dado un paso que los ciudadanos esperaban: alzar la voz, frenar lo intolerable y afirmar que el poder no puede legislar contra su propia gente. Esa decisión no la protagonizaron los candidatos ni las encuestas: la protagonizó la convicción de que ningún gobierno puede sobrevivir cuando traiciona aquello que se suponía que debía proteger.

La izquierda, el peronismo, los bloques provinciales, las universidades y los movimientos sociales tienen una responsabilidad histórica: construir coherencia nueva, reconstruir puentes entre la sociedad y el Estado, proponer un rumbo de justicia y dignidad. Que el ajuste no sea ley es solo el mínimo. Ahora viene el desafío mayor: diseñar sin complacencias una propuesta que vuelva a convencer.

Que pare el reloj del ajuste: que comience el tiempo de la reconstrucción.