Es un golpe imposible de disimular: una ministra afiliada a La Libertad Avanza ahora se pone públicamente del lado de José Luis Espert, el candidato que hoy carga con acusaciones gravísimas. No es error político: es confesión de complicidad. Porque quien ostenta el poder estatal no puede apoyar –sin perder su decoro público– a un hombre que, según documentos judiciales de EE.UU., habría recibido USD 200.000 de Fred Machado, empresario bajo investigación por narcotráfico.
Si Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y ahora militante de LLA, respalda con fervor a Espert a pesar de estos antecedentes, deja en claro que la lealtad partidaria se impone sobre la integridad institucional. No hablamos de simple militancia: hablamos de alineamiento con lo impresentable.
La justicia norteamericana investiga a Fred Machado por lavado de dinero, narcotráfico y fraude; sus vínculos con Espert se sostienen en documentos fiscales y transferencias que no fueron explicadas de forma convincente.
Si el Estado coloca a su máxima figura de seguridad respaldando ese candidato, cuestiona su propia neutralidad legal. Es demostrar que el poder se pone al servicio del señalado, no de la ley.
Muchos diputados del oficialismo ya armaron comisiones investigadoras y exigen explicaciones urgentes. No es ingenuidad política: es miedo al costo reputacional que tienen estas sombras para una fuerza que pretende presentarse como alternativa “limpia”.
Y es lógico: si el escándalo Espert no se frena, terminará arrastrando a toda LLA. No al adversario tradicional, sino al suyo. Un candidato sucio ensucia al espacio que lo respalda.
El pueblo ya empezó a hablar: exige respuestas, no silencios; exige responsabilidad, no cobertura política. Porque en política, como en la justicia, quien guarda silencio acaba siendo cómplice.
Este episodio no es un “tema electoral más”. Es la marca de un pacto que cruzó el límite. Y el 26 de octubre podrá ser día de ajusticiar –en las urnas– esa traición.