Dolarizan la luz: después de quemar USD 25.000 millones, preparan el tarifazo que pondrá a la economía contra las cuerdas

El Gobierno abre la puerta a facturas de energía atadas al dólar: busca frenar la hemorragia cambiaria, pero dispara costos, acelera la inflación y licúa aún más el salario real. Comercios, PyMEs y grandes usuarios serán los fusibles inmediatos; los hogares, los siguientes.

La “pax” cambiaria que se compró a fuerza de vender reservas y financiar intervenciones no era gratis. Tras el populismo cambiario que consumió unos USD 25.000 millones, llega el ajuste por la vía más sensible: dolarizar la generación eléctrica y segmentar el mercado entre un bloque “estacionalizado” (hogares y no residenciales chicos) y otro desregulado (grandes usuarios) con contratos libres en dólares.

En concreto: el precio lo fija la última central que entra al despacho —usualmente la más cara— y ese valor contagia a todo el sistema. Cada salto del tipo de cambio o del gasoil importado se traslada más rápido a la tarifa. Para las empresas que contraten en el esquema libre, la factura queda directamente indexada al dólar; para el resto, el traspaso será más gradual, pero inevitable.

El Gobierno admite un aumento promedio anual del 15% para grandes usuarios, con picos del 35% en invierno, y un refuerzo de ingresos al sistema cercano a USD 800 millones. ¿De dónde saldrá? De los márgenes de PyMEs, clubes, cooperativas y comercios que ya operan con ventas deprimidas y tasas prohibitivas. El golpe a costos unitarios se transformará en más inflación núcleo o en cierres.

El argumento oficial es equilibrar balances y cortar el déficit cuasi fiscal de la energía. El problema es el descalce: contratos dolarizados en una economía pesificada, con ingresos en pesos y demanda en recesión. Si la brecha cambiaria reaparece —o si el dólar oficial salta— el Estado acumulará deuda con generadoras; si convalida tarifas plenas, profundiza la pobreza energética. Círculo vicioso.

La historia argentina muestra otro riesgo: judicialización internacional. Cuando el tipo de cambio o la emergencia social impiden trasladar el costo a la tarifa, las compañías van a CIADI por “violación de contratos”. La dolarización masiva en un país de alta volatilidad cambiaria importa fragilidad jurídica además de macroeconómica.

El “resguardo” para residenciales es un espejismo. Con salarios reales en caída y 2 millones de hogares que ya perdieron subsidios, cualquier nueva ronda de actualizaciones —ahora más rápidas por el nuevo esquema— agranda la morosidad y la desconexión de hecho. La energía deja de ser un servicio esencial para convertirse en un bien inalcanzable para amplios segmentos.

En las provincias —especialmente el NOA— el tarifazo multiplicará los costos de riego, frío, empaque y logística. Tabaco, azúcar, citrus, minería y turismo verán encarecerse su estructura, erosionando competitividad externa y consumo interno. Municipios e intendencias serán la última trinchera de contención social en barrios que ya pagan la crisis con endeudamiento doméstico y cierre de persianas.

Había alternativas. Un esquema en pesos con indexación mixta (inflación + banda cambiaria), contratos estacionales competitivos, subsidio focalizado a la demanda vulnerable, programa agresivo de eficiencia energética y financiamiento blando para sustitución tecnológica en PyMEs hubiera bajado el costo total del sistema sin trasladar todo al usuario final ni rifar estabilidad.

La dolarización eléctrica no arregla la macro: traslada el problema al contribuyente y congela el riesgo cambiario dentro de la factura. Después de quemar reservas para llegar a la elección, el tarifazo es la factura política y económica de un plan que eligió precios en dólares antes que ingresos en dólares.