Cuando la dignidad vale más que el carnet: nadie merece ser torturado, se llame Julio De Vido o cualquier otro

Perico Noticias // Hay nombres que dividen: Julio De Vido es uno de ellos. Para algunos, símbolo de la “corrupción K”; para otros, un cuadro central del ciclo kirchnerista. Pero el punto de inflexión aparece cuando, más allá de la grieta, se instala una denuncia gravísima:
un hombre de 75 años, diabético y con problemas cardíacos, detenido en un penal común, habría sido privado de medicación adecuada, alimentación acorde a su cuadro y hasta de ropa limpia durante las primeras horas de reclusión.

Si esos hechos se confirman, no estamos frente a un “favor o castigo” judicial; estamos frente a algo que en cualquier lenguaje democrático se llama por su nombre: trato cruel, inhumano o degradante.

Y ahí ya no se discute si alguien es kirchnerista, macrista, libertario o peronista:
se discute si la Argentina sigue reconociendo los derechos humanos como un límite absoluto.

Responsabilidades políticas y silencios cómplices

Sectores del peronismo, del campo nacional y popular y de la propia familia de De Vido señalan con nombre y apellido a Patricia Bullrich como responsable política del clima de endurecimiento penitenciario y del maltrato a determinados detenidos de alto perfil. La acusan de haber impulsado prácticas de disciplinamiento que exceden cualquier marco legal.

Esas acusaciones deberán ser investigadas con seriedad e independencia. Pero mientras tanto, hay algo que ya está a la vista:
un discurso público de mano dura, que celebra la humillación del preso como si fuera parte del castigo,
habilita abusos dentro de los muros. Y eso es incompatible con cualquier sistema que se reclame democrático.

Lo más preocupante, sin embargo, no es solo el nombre de la ministra o ex ministra de turno. Es la cobardía selectiva de muchos dirigentes que se dicen peronistas —y también de otros espacios— que, habiendo construido su carrera política al calor de los años de gestión donde De Vido fue actor central, hoy prefieren callar frente a denuncias de posible tortura.

Derechos humanos: para todos o para nadie

La historia argentina es demasiado dura como para olvidarla tan rápido. Este país aprendió, a un costo inmenso, que:

• No se tortura.
• No se priva de medicación a un enfermo.
• No se usa a un detenido como mensaje disciplinador para el resto de la política.

Si los derechos humanos valen solo para los que nos caen bien, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios de tribu.
Defender garantías mínimas para Julio De Vido no significa absolverlo de las causas que la Justicia le haya iniciado; significa entender que nadie, ni el peor enemigo, puede ser sometido a tratos indignos.

Y aquí el peronismo, que construyó buena parte de su identidad sobre la idea de “compañero” y sobre la memoria del terrorismo de Estado, tiene una obligación mayor: no naturalizar jamás la tortura ni el ensañamiento penitenciario, venga de donde venga.

Un llamado transversal

Lo que está en juego no es el futuro judicial de un ex ministro. Lo que se pone en cuestión es:

• Si aceptamos que haya presos de primera y de segunda,
• si toleramos que los servicios penitenciarios y judiciales funcionen como herramientas de venganza política,
• si miramos para otro lado cuando un detenido anciano y enfermo recibe trato degradante solo porque “no es de los nuestros”.

Por eso el reclamo tiene que ser transversal:

• A los que se reivindican peronistas: porque la lealtad no se pregona solo en los actos, se demuestra cuando un compañero está caído.
• A los que se dicen republicanos: porque una república que permite la tortura pierde toda autoridad moral.
• A los que abrazan banderas liberales: porque no hay libertad posible en un país donde el Estado puede quebrarte el cuerpo si no le gustás.

Y, sobre todo, a la ciudadanía común, más allá de cualquier ideología: lo que hoy se normaliza con Julio De Vido mañana puede aplicarse a cualquier otro.

Lo que corresponde hacer

Frente a denuncias de esta gravedad, el camino institucional es claro:

• Intervención inmediata de organismos de derechos humanos, públicos y no gubernamentales, para constatar condiciones de detención.
• Acción urgente del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario para garantizar medicación, alimentación adecuada y trato digno.
• Investigación judicial independiente sobre eventuales responsabilidades políticas y operativas, sin excluir a nadie por cargo o alineamiento.

Todo dirigente que se considere demócrata, sea del signo que sea, debería estar pidiendo explicaciones y exigiendo garantías, no justificando silencios.

Porque al final del día, la discusión no es si uno simpatiza o no con Julio De Vido.
La discusión es otra, mucho más profunda:

¿Queremos una Argentina donde el Estado pueda torturar a quien detesta, o una donde el límite sea infranqueable, incluso para nuestros adversarios?

La respuesta a esa pregunta va a decir mucho más sobre nosotros que sobre él.