La escena es clara: la Municipalidad de Monterrico impulsa un reordenamiento estratégico del comercio popular, ofreciendo a los manteros un predio específico, con servicios, seguridad y mejores condiciones de venta, y devolviendo al mismo tiempo a los vecinos del barrio el derecho básico a circular por sus calles y veredas sin bloqueos permanentes. Se trata de una decisión de gestión, antipática para algunos, pero necesaria para cualquier ciudad que quiera crecer en serio.
En ese contexto, la conducta de Jésica Casasola —concejal electa que aún no juró su banca— resulta doblemente grave. No es una vecina más que expresa su desacuerdo: es una futura autoridad que se presentó como abanderada del “orden”, de la “libertad” y del “respeto a la ley”, y que sin embargo aparece, sábado y domingo, azuzando el conflicto y alentando la permanencia irregular de la feria sobre la vía pública. Es decir, promoviendo de hecho el incumplimiento de las normas que ella misma debería ayudar a consolidar.

Desde el punto de vista jurídico, el cuadro es sencillo: el espacio público es competencia del municipio, que tiene la potestad —y la obligación— de garantizar el libre tránsito, la seguridad y la convivencia entre actividades económicas y derechos de los vecinos. Nadie tiene “derecho adquirido” a ocupar una calle o una vereda de manera permanente, mucho menos cuando existen alternativas formales ofrecidas por el propio Estado local. Cualquier dirigente que empuje a la gente a desobedecer esa decisión, sabiendo que la autoridad legítima es el Ejecutivo municipal, entra en un terreno peligroso de incitación al desorden.
Hay además una dimensión institucional que no puede minimizarse: una concejal electa que todavía no asume, pero ya opera contra una política pública en ejecución, no está haciendo “control democrático”; está tratando de debilitar la capacidad del municipio para ordenar la ciudad. En vez de abrir canales de diálogo formales, de proponer mejoras al nuevo predio o acompañar el proceso para que sea justo con todos, Casasola opta por el atajo: la foto fácil en medio del conflicto y la agitación como herramienta de instalación personal.
Moralmente, el problema es todavía más profundo. Durante años, el barrio San Cayetano fue rehén de una feria que bloqueaba accesos, generaba suciedad y rompía cualquier lógica de equidad urbana: unos pocos se apropiaban del espacio de todos. El municipio actual decidió hacerse cargo del costo político de ordenar esa distorsión y, al mismo tiempo, cuidar a los vendedores ofreciéndoles un lugar más seguro y digno. Ponerse hoy del lado del viejo desorden es decirle a los vecinos que su derecho vale menos que el cálculo oportunista de una dirigente que busca capitalizar el enojo de minorías ruidosas.
Hay también una incoherencia brutal con el discurso que la llevó a su banca. Quien se presenta como “libertaria” y habla de “Estado serio, reglas claras y fin de los privilegios”, no puede defender un privilegio ilegítimo: ocupar gratis el espacio público, sin habilitación y sin cumplir las mismas exigencias que se le piden a cualquier comercio formal. Lo que Casasola está protegiendo no es la libertad, sino un nicho de informalidad funcional a la peor política: la que promete todo a todos y no se hace cargo de las consecuencias.
Monterrico está dando un paso histórico hacia un modelo de ciudad más ordenada, con tres polos comerciales definidos, mejor transitabilidad y condiciones reales para que el comercio popular crezca, pero dentro de reglas que respeten a todos. Que una parte de la dirigencia intente boicotear ese proceso por un puñado de likes y alguna ovación circunstancial no es valentía; es irresponsabilidad política.
En un país en crisis, donde cada decisión de gestión cuenta, Monterrico no puede darse el lujo de retroceder al caos por la agenda personal de nadie. La discusión ya no es “feria sí o no”, sino qué clase de liderazgo necesita la ciudad: ¿dirigentes que construyan soluciones integrales o figuras que viven de incendiar lo que otros intentan ordenar? En esa respuesta se juega también el futuro político de Jésica Casasola.
