Jujuy al revés: pueblo pobre, Estado gordo. «La madre de las injusticias fiscales que hay que desarmar ya»

En Jujuy se repite una escena que ya es insoportable: un pueblo empobrecido sostiene, con impuestos cada vez más pesados, a un Estado grande, caro, lento e improductivo. No es slogan: es la consecuencia directa de una matriz tributaria diseñada para exprimir a los de abajo mientras protege a los de arriba.

El corazón de ese sistema injusto se llama Impuesto a los Ingresos Brutos. Es el principal recurso propio de la Provincia, pero también el más distorsivo y regresivo: se cobra en cascada en cada eslabón de la cadena productiva y termina siempre en el mismo lugar, el precio final que paga el consumidor. Es decir: lo terminan pagando las familias trabajadoras cada vez que compran comida, insumos escolares, ropa o pagan un servicio básico.

A eso se le suma el IVA nacional, las contribuciones a la seguridad social, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, retenciones e impuestos internos. Y encima, en el plano local, tasas municipales sobre comercio, seguridad e higiene, alumbrado, recolección, etc. Tres niveles de Estado metidos en el mismo bolsillo vacío. Argentina tiene una de las presiones fiscales más altas de la región; Jujuy, una de las estructuras más regresivas dentro del país. Y aun así, la calidad de los servicios públicos se deteriora todos los días.

Mientras tanto, el gasto provincial muestra su verdadera cara: el grueso del presupuesto se va en burocracia, estructuras políticas, cargos jerárquicos y organismos duplicados, mientras la inversión productiva, el apoyo a pymes, cooperativas y economía popular es marginal. Es el modelo perfecto de “Estado rico – sociedad pobre”: salarios políticos de élite, flotas de vehículos oficiales y contrataciones opacas financiadas por kioscos, feriantes, comercios chicos, profesionales monotributistas y trabajadores formales que no llegan a fin de mes.

El proyecto de reforma de Ingresos Brutos que hoy está sobre la mesa, en el despacho a Alberto Bernis –y que toma como eje aliviar a las actividades esenciales y gravar más a los sectores de alta rentabilidad concentrada– apunta justamente a desnudar esa matriz. Plantea, entre otros puntos, bajar alícuotas a pequeños comercios, servicios básicos, cooperativas y producción local, y subirlas a bancos, financieras, grandes plataformas, cadenas concentradas y actividades altamente extractivas. Es decir: dejar de castigar al que produce y trabaja en Jujuy para empezar a cobrarle más a quienes ganan con la especulación financiera, el juego o la extracción de recursos.

No se trata sólo de números: es un debate moral y político. ¿Es aceptable que el kiosco del barrio, la carpintería familiar o la pyme agroindustrial paguen casi lo mismo –o incluso más– que un banco, una compañía de seguros, una fintech o una minera que factura en dólares? ¿Tiene sentido que el Estado estrangule a la economía real mientras mira para otro lado con los negocios que mejor navegan la crisis? Ahí está la “madre de las injusticias”: un esquema que protege la renta financiera y extractiva mientras se sube al lomo de las mayorías.

La excusa del “equilibrio fiscal” ya no alcanza. El equilibrio no sirve si se construye sobre la demolición del tejido productivo y la caída del consumo popular. Lo que hoy se vende como orden de las cuentas, en realidad, es un brutal traslado del ajuste a los que no tienen poder de lobby. El resultado está a la vista: cierre de comercios, caída del empleo formal, aumento de la informalidad y una provincia cada vez más dependiente de la coparticipación nacional y de la deuda.

Cambiar Ingresos Brutos no es un capricho ideológico; es una condición para recuperar oxígeno económico y dignidad fiscal. Significa dar una señal concreta a quienes siguen apostando por producir, invertir y trabajar en Jujuy. Significa decirle a la sociedad que el esfuerzo no va a ser siempre sobre los mismos hombros, que la crisis de una vez por todas la van a empezar a pagar también quienes más se beneficiaron del modelo vigente.

La dirigencia provincial tiene que entender que bajar la presión sobre las mayorías y subirla sobre los grandes jugadores no es un ataque al “clima de negocios”; es la única forma de recomponer un contrato social roto. Si no se corrige la estructura tributaria, cualquier discurso sobre “desarrollo”, “empleo joven” o “apuesta al interior” es puro marketing vacío.

En Jujuy ya no se discute sólo una ley impositiva. Se discute qué tipo de sociedad queremos: una donde la pobreza financia a un Estado de casta, o una donde el sistema tributario se ordena en función de la justicia social y la producción. La pelota está en la Legislatura y en el Ejecutivo. El mensaje de la calle es claro y transversal:

Que la crisis no la paguen los de abajo. Cambiar Ingresos Brutos en Jujuy dejó de ser una opción: es una urgencia.