Superávit en las planillas, recesión en la calle: el elefante fiscal jujeño sobre las espaldas del pueblo

Perico Noticias // La Argentina ya hizo el ajuste. Al menos, eso muestran las series oficiales: el gasto público consolidado cayó más de siete puntos del PBI en 2024, del orden del 40% a cerca del 33%, en un solo año. Un recorte de magnitud histórica, donde la motosierra nacional se apoyó sobre todo en la licuación de jubilaciones y programas sociales; y las provincias acompañaron con su propia “licuadora” sobre salarios estatales y obra pública.

El resultado: por primera vez en mucho tiempo, el consolidado de provincias y CABA cerró 2024 con superávit fiscal, después de años de déficit. Y dentro de ese club de buenas alumnas aparece Jujuy en el podio: segundo mejor superávit financiero del país (12,8% de sus ingresos totales) en la medición más reciente. El propio Ministerio de Hacienda local anunció un resultado positivo de 200.000 millones de pesos en 2024.

Es decir: plata hay. La discusión no es contable, es política.

Recesión abajo, superávit arriba

Mientras el boletín oficial festeja, la economía real se hunde. La recesión ya golpeó de lleno la recaudación provincial: en 2024 los recursos de las provincias cayeron en torno al 8–11% real por la combinación de derrumbe de la actividad y desplome de las transferencias discrecionales de Nación.

A nivel país, se estima el cierre de más de 16.500 pymes sólo en 2024, con ventas minoristas cayendo más de 13% y cientos de miles de empleos formales perdidos desde el cambio de gobierno. Lo que narran los gremios y cámaras empresarias de Jujuy –caída del consumo, cierres de comercios, suspensiones y despidos– no es un relato: es la radiografía de esa crisis.

Sin embargo, los principales intendentes se limitan a la queja: denuncian el parate, reclaman auxilio, pero no ponen sobre la mesa un solo plan serio de reforma tributaria local, de alivio a la producción, de reconversión del gasto municipal. Son lamentos sin hoja de ruta.

Ingresos Brutos: el respirador del Estado, la soga del privado

En ese contexto, el impuesto a los Ingresos Brutos se vuelve el respirador del Estado provincial. Y también la soga al cuello de la economía real.

La carga tributaria provincial efectiva ronda el 5% del PBI y descansa crecientemente en impuestos indirectos como Ingresos Brutos, tasas municipales y sellos. En el esquema consolidado de Nación + provincias, el 63% de la presión tributaria proviene de impuestos indirectos –justamente los más regresivos–, con Ingresos Brutos como estrella ascendente.

Eso significa algo muy simple: cuanto más pobre es un contribuyente, más parte de su ingreso se le va en impuestos al consumo y a la facturación, porque no puede eludirlos ni deducirlos. En cambio, grandes jugadores con beneficios sectoriales, exenciones o ingeniería fiscal logran amortiguar el impacto.

El caso jujeño lo deja en evidencia. En el proyecto de ley recientemente presentado por el bloque PTS–Frente de Izquierda en la Legislatura se describe, con datos oficiales, un cuadro de fuerte regresividad: el comercio minorista y mayorista concentra buena parte de la base imponible, mientras sectores de alta renta como la minería tienen una incidencia mucho menor respecto a su peso en el producto provincial.

La iniciativa propone eximir del pago de Ingresos Brutos a micro y pequeñas empresas, feriantes, artesanos, turismo comunitario y comunidades originarias; derogar exenciones a la minería y a grandes ingenios; fijar alícuotas más altas para actividades extractivas y agroexportadoras; y, además, crear una comisión auditora con participación de gremios, comunidades y trabajadores para controlar el destino de lo recaudado (50% salarios estatales, 25% salud y educación, 25% infraestructura).

Se puede estar de acuerdo o no con cada artículo. Pero el dato político es otro:
la única reforma estructural a Ingresos Brutos que hoy se discute en Jujuy no viene del oficialismo ni de los intendentes, sino de una banca minoritaria de izquierda. El resto mira para otro lado.

El elefante fiscal que nadie quiere tocar

En paralelo, los estudios de especialistas como Nadin Argañaraz muestran que el grueso del ajuste de 2024 se hizo licuando salarios y jubilaciones, tanto a nivel nacional como provincial. Es decir, el “ordenamiento fiscal” se logró empobreciendo al mismo trabajador estatal que sostiene las escuelas, hospitales y servicios básicos.

En Jujuy, esto se combinó con un recorte fuerte de obra pública y una política de colocación de excedentes en instrumentos financieros, generando un colchón de liquidez que hoy convive con establecimientos escolares en emergencia edilicia, rutas deterioradas y salarios que pierden frente a la inflación.

El resultado es un elefante fiscal:

• Un Estado provincial que se declara ordenado y superavitario.
• Municipios que repiten el libreto del ahogo financiero mientras sostienen estructuras pesadas, cargos políticos superpuestos y esquemas de tasas que funcionan como un segundo Ingresos Brutos.
• Y debajo, un entramado productivo que financia todo eso facturando menos, pagando lo mismo o más y sin crédito ni demanda.

La pregunta que cabe hacerle hoy al gobierno de Jujuy y a sus intendentes es frontal:

Si Nación ya hizo el ajuste y las provincias muestran superávit,
¿es justo seguir sosteniendo un aparato elefantiásico sobre las espaldas de un pueblo en recesión, sin ofrecerle en paralelo una rebaja de impuestos ni un plan de desarrollo?

Qué podría hacer Jujuy, ya, si quisiera cambiar el rumbo

No hace falta esperar una gran reforma nacional para moverse. Algunas decisiones están totalmente en manos de la provincia y de los municipios:

1. Segmentar de verdad Ingresos Brutos
   • Eximir o llevar a alícuota mínima a microempresas, monotributistas, ferias y emprendimientos de subsistencia, como plantea el proyecto en debate.
   • Escalonar la carga según facturación y margen, no solo según actividad nominal.
2. Poner un tope político al “doble IIBB” municipal
   • Coordinar con municipios para que las tasas de Seguridad e Higiene dejen de funcionar como un segundo impuesto sobre ventas.
   • Bonificar parcialmente esas tasas para comercios que mantengan empleo registrado en contexto de recesión.
3. Usar el superávit para devolver aire, no solo para acumular papeles financieros
   • Destinar una parte explícita del superávit provincial a un programa de alivio fiscal temporario para pymes y comercios (reducción de anticipos, devolución rápida de saldos a favor, moratorias sin usura).
   • Vincular cualquier mejora del resultado fiscal a metas verificables de baja de presión impositiva sobre la economía real.
4. Transparencia total del “uso de los Ingresos Brutos”
   • Publicar trimestralmente cuánto se recauda por IIBB, quiénes son los 500 principales contribuyentes y en qué se gasta cada peso.
   • Avanzar en una comisión social de control, como propone el proyecto legislativo, con carácter consultivo o vinculante según se acuerde.

Nada de esto requiere curvas de Laffer ni teoría avanzada. Requiere decisión política. Y asumir que la prioridad ya no puede ser exhibir superávit en los powerpoints mientras se naturaliza el cierre silencioso de talleres, panaderías, librerías, textiles, metalúrgicas y comercios de barrio.

Jujuy se acostumbró a escuchar que “no hay margen” para bajar impuestos. La verdad incómoda es que el margen existe: lo construyó la licuación de ingresos de trabajadores y jubilados, el freno de la obra pública y la recaudación creciente sobre la facturación de los que todavía resisten abiertos.

La cuestión de fondo es otra:
¿ese margen va a usarse para consolidar un Estado que se defiende a sí mismo o para defender a la sociedad que lo financia?

Ahí está el debate que la dirigencia jujeña –gobernador, ministros e intendentes– todavía le debe, con números, plazos y leyes concretas, al pueblo que dice representar.