Luces de fantasía, derechos apagados: el Municipio contra la feria que el pueblo de Perico construyó

La escena es tan simple como elocuente: mientras una empresa tucumana cuelga luces de colores en la plaza San Martín, inspectores municipales reparten cédulas de notificación a emprendedores gastronómicos, artesanos y feriantes que llevan dos años dando vida a las noches de sábado en ese mismo espacio público.

La ciudad que se construyó sobre el trabajo y el comercio hoy presencia un contrasentido brutal: el Estado local se transforma en máquina de impedir, justo cuando más falta hace cuidar cada puesto, cada mesa, cada microemprendmiento que genera ingresos en medio de una de las peores crisis socioeconómicas que recuerde Perico. ¿De qué lado está el poder público cuando choca el negocio luminoso de unos pocos con el derecho al trabajo y a la cultura de muchos?

La feria de la plaza San Martín: un hecho social consolidado

Desde hace dos años, la feria de los sábados por la noche en la plaza San Martín no es un experimento: es un hecho social, económico y cultural plenamente consolidado.

• Tiene autorización municipal desde su origen.
• Se ha ganado el apoyo de vecinos, familias y especialmente de los jóvenes, que encontraron allí un paseo sano para degustar comidas, escuchar música y comprar artesanías.
• Complementa y continúa una tradición histórica de Perico: la feria de artesanos de la plaza, la “saladita”, la Feria de Avenida Bolivia los domingos, además de los polos comerciales que son ADN periqueño y marca registrada en toda la provincia.

Perico no se entiende sin ferias. Cada espacio comercial que hoy parece “natural” fue, en su momento, resistido, subestimado y luego celebrado: la cultura de la ciudad es permanecer, no bajar los brazos cuando la venta es floja.

Esa permanencia creó un nuevo atractivo turístico, probablemente el más relevante de los últimos años, nacido desde abajo, sin consultoras ni contratos millonarios.

La resolución del Concejo y la primacía de la democracia local

Frente al intento del Ejecutivo de desalojar la feria, el Concejo Deliberante actuó como corresponde a un poder republicano:

• Emitió la Resolución N.º 036/2025, autorizando a emprendedores y artesanos a continuar su actividad en la plaza los días sábado.
• Notificó formalmente a la Jefatura de la U.R. 6ª para que la policía garantice protección y seguridad.
• La resolución fue aprobada por unanimidad de los 8 concejales, de los cuales 5 son del propio oficialismo. Es decir: la institución que representa a todas las mayorías de Perico ya tomó posición: la feria se queda.

Desde el punto de vista jurídico, el argumento del Ejecutivo –“no está publicada aún, por lo tanto es ilegal”– es, como mínimo, endeble y de mala fe:

1. La voluntad del Cuerpo se perfecciona con la votación. La publicación es requisito de oponibilidad general, pero no habilita al Ejecutivo a desconocer una decisión unánime y reciente, dictada precisamente como medida urgente para evitar daños mayores.
2. Pretender que la policía ignore la resolución votada por representantes del pueblo, escudándose en un tecnicismo de plazos administrativos, roza la desobediencia institucional.
3. Además, el propio accionar posterior –intentar “negociar” la reubicación en el barrio 20 de Junio– es reconocimiento explícito de que la feria tiene hoy una huella cultural firme y un derecho adquirido a ser escuchada.

“La realidad es superior a la idea.”

La realidad es la feria viva, habitada, querida por la comunidad.
La idea es un expediente de luces navideñas y una decisión inconsulta de despejar la plaza.

En democracia, la realidad de la gente concreta debe pesar más.

Derecho al trabajo vs. luces de consumo: la cuestión moral

El Municipio opta por la “cultura del descarte”: descartar personas cuando estorban a un negocio o a una estética.

Eso es exactamente lo que hoy se intenta hacer con los emprendedores de Perico:

• Se descarta su aporte económico en un contexto en que comercios cierran, plantas de acopio despiden gente y el parque industrial no generó los puestos prometidos.
• Se descarta su aporte cultural, que reemplazó malas costumbres y vicios nocturnos por un paseo familiar y productivo.
• Se los mide por el auto que manejan, como si poseer un vehículo despojara a alguien de su derecho a emprender. Ese comentario de funcionarios no es solo clasista: es jurídicamente irrelevante y éticamente inaceptable.

Mientras tanto, el Municipio:

• Mantiene una estructura de más de 2.000 empleados, que significan más de 2.000 millones de pesos mensuales, pero se comporta como una “maquina de impedir” ante el trabajo independiente, de cuyas espaldas salen los recursos para pagar deudas políticas inmorales.
• Paga una instalación de luces contratada a una empresa de Tucumán, sin concurso ni licitación transparentes, señalada por la posible vinculación familiar con la hija del intendente.
• Esa iluminación, puramente ornamental, consume energía que pagamos todos con la tasa de alumbrado público, mientras a los emprendedores se les cobra piso, se les exige requisitos y se los persigue con cédulas de notificación.

Si el intendente efectivamente “no cobra sueldo porque está jubilado”, con cuyo ahorro adquirió la luces sugeridas por su hija, como él mismo sostiene, la verdadera austeridad no se demuestra con el recibo de haberes sino con la prioridad del gasto:
¿Luces efímeras o baños químicos, limpieza, seguridad y energía segura para un paseo que el pueblo ya eligió?

primero el trabajo, luego el espectáculo; primero las personas, luego las cosas.

Barrio 20 de Junio: el traslado sin ordenanza es jurídicamente inviable

La pretensión de mudar la feria al barrio 20 de Junio sin una ordenanza previa que cambie el destino del espacio verde es, además, jurídicamente nula:

• Los espacios verdes tienen un objeto específico definido por normas urbanísticas.
• Modificarlos exige procedimiento formal, debate público y norma sancionada.
• No puede un funcionario, por mero “criterio administrativo”, cambiar de facto el destino de un espacio que pertenece a la comunidad.

Querer sacar a los artesanos de un lugar legitimado por el uso y por la resolución del Concejo para llevarlos a un vacío legal es desconocer el principio de razonabilidad y el de protección de la confianza legítima: fueron los propios gobiernos quienes alentaron esas ferias, usaron su convocatoria para actos políticos y ahora, cuando el espacio está consolidado, lo expulsan para hacer lugar a una postal luminosa.

No hay argumento jurídico que justifique ese retroceso.

Lo que Perico necesita no es más luces, sino más justicia

Si se aplicara sensatez –mirar desde los últimos, desde los que la pasan peor–, el camino sería otro:

1. Reconocer a la feria de la plaza San Martín como “polo de atracción turística y cultural” de la ciudad, con una ordenanza específica que le dé estabilidad.
2. Obligar al Municipio a garantizar servicios mínimos:
   • limpieza antes y después,
   • baños químicos,
   • seguridad coordinada con la policía,
   • provisión de energía eléctrica segura y ordenada.
3. Transparentar la contratación de la empresa tucumana, con pedido de informes sobre montos, procedimiento y vínculos. Si no hubo licitación ni concurso, que la Audiria de la Provincia y el Concejo actúen.
4. Implementar políticas de apoyo financiero y capacitación a los emprendedores, en lugar de seguir tratándolos como infractores.

Perico es una ciudad que siempre salió adelante trabajando y comerciando, no apagando ferias para encender luces.

En tiempos de crisis, desalojar emprendedores de un espacio que la comunidad ya adoptó como propio es jurídicamente débil, políticamente torpe y moralmente injusto.

El Municipio todavía puede rectificar: escuchar al Concejo, escuchar al pueblo, escuchar a esos hombres y mujeres que todos los sábados montan su puesto, cuidan su mercadería, pagan su piso y sostienen a sus familias.

Porque, para decirlo con respeto y consideración, lo que debe hacer un mandatario digno de respeto “el tiempo es superior al espacio”:
las luces pasarán, la feria –si se la respeta– puede quedar por décadas como símbolo de un Perico que eligió estar del lado de sus trabajadores y no del lado del negocio rápido.

Hoy la disyuntiva es clara:
o el Municipio se pone al servicio del pueblo emprendedor,
o quedará para la historia como la gestión que eligió blindar un decorado y dejar a oscuras los derechos de su gente. Ahora aclaren la contratación inconsulta de las luces decorativas (rendición de cuentas formal).

Ilustración y fuente: Pucará Noticias