Perico, ciudad del revés: el municipio que corta la luz a sus emprendedores en plena crisis social

La escena de esta noche en la plaza San Martín no es solo un conflicto caprichoso: es un caso de manual de abuso de poder y desconocimiento del orden republicano.

Los emprendedores –gastronómicos, artesanos, pequeños comerciantes– hicieron lo que vienen haciendo hace dos años con autorización municipal: armaron sus puestos, cocinaron, encendieron hornallas, prepararon mercadería, confiaron en la costumbre consolidada y, esta vez, amparados además por la Resolución N.º 036/2025 del Concejo Deliberante, aprobada por unanimidad, que reconoce su derecho a seguir trabajando en la plaza y ordena a la policía brindar protección.

La respuesta del Ejecutivo municipal fue tan brutal como simbólica:
les cortó la energía eléctrica.

Es decir: el mismo Estado que les cobra piso, que durante dos años usó la feria para hacer actos y “mostrarse cerca de la gente”, ahora, ofendido porque el Concejo se puso del lado de los trabajadores, les baja la llave de luz en plena jornada de venta, dejándolos a oscuras, con mercadería invertida y familias que dependen de ese ingreso diario.

Esto ya no es solo torpeza política. Es hostigamiento institucional.

El marco jurídico: cuando el poder ejecutivo pisa la Constitución

Desde el punto de vista jurídico, la situación es clara:

1. Derecho al trabajo y al ejercicio lícito de la actividad económica
   • La Constitución Nacional reconoce el derecho de toda persona a trabajar y ejercer industria lícita.
   • El Municipio, como poder público, tiene facultades de policía para ordenar el espacio, pero no puede ejercerlas de modo arbitrario, caprichoso o discriminatorio.
   • Cortar el suministro de energía, sin procedimiento, sin causa razonable vinculada a seguridad o salubridad, equivale a impedir el ejercicio concreto del trabajo, lesionando ese derecho fundamental.
2. Desconocimiento del Concejo Deliberante
   • Existe una resolución vigente, votada por unanimidad, que dispone la continuidad de la feria en la plaza y fue notificada a la policía.
   • El Ejecutivo no tiene facultades para “castigar” esa decisión usando la empresa de energía como garrote: eso es avasallar al poder legislativo local, violando el principio de división de poderes.
   • Si el intendente o sus funcionarios no están de acuerdo con la resolución, el camino institucional es pedir su revisión, vetarla en los términos que la Carta Orgánica prevea o promover una nueva norma; no sabotearla de hecho bajando térmicas.
3. Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público
   • El Código Penal (art. 248 y ccdtes.) castiga a los funcionarios que dictan resoluciones contrarias a la Constitución o las leyes, u omiten arbitrariamente cumplir con sus deberes.
   • Si se prueba que hubo órdenes precisas desde el Ejecutivo para cortar la luz con el fin de forzar el desalojo de la feria, pese a existir una resolución del Concejo que la ampara, se configura un cuadro típico de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
   • La justicia penal y la Auditoria de La Provincia no pueden mirar para otro lado.
4. Principio de igualdad y confianza legítima
   • Los emprendedores no irrumpieron de la nada: fueron convocados, alentados y regulados por el propio Municipio.
   • Invirtieron en gazebos, carros gastronómicos, insumos, freezers, iluminación, confiando en una práctica sostenida y en permisos otorgados.
   • Romper de un plumazo esa confianza, sin motivo objetivo más que hacer lugar a una costosa decoración luminosa, viola el principio de confianza legítima que toda administración debe respetar y constituye una forma de discriminación: se protege una empresa contratista, se castiga al emprendedor local

La contradicción moral: llorar por despidos de día y cortar la luz a la noche

Hace pocos días, Perico fue noticia por los despidos masivos en una empresa de acopio tabacalero. Hubo comunicados, fotos de funcionarios “acompañando” a los trabajadores, discursos de sensibilidad social.

En paralelo:

• Se cierran comercios cada semana.
• Se achican planteles en el parque industrial, que nunca generó el empleo prometido.
• La recesión muerde fuerte en cada cuadra.

En ese contexto, la feria de la plaza San Martín no es un capricho: es una válvula de escape económica y emocional. Es gente que, ante la pérdida de empleo o la caída de ventas, apostó a emprender algo propio: vender comida, artesanías, ropa, juguetes, bebidas calientes en invierno, helados en verano.

Que el mismo Municipio que va a sacarse fotos con despedidos use con saña el aparato estatal para echar emprendedores de la plaza cortándoles la luz es una obscena contradicción ética.

“Esta economía mata cuando pone las cosas por encima de las personas.”

Aquí las cosas son luces importadas, contratos opacos, estética de Instagram.
Las personas son los feriantes concretos, con nombre y apellido, hoy se quedaron con la mercadería fría y los bolsillos vacíos.

El daño concreto: inversión perdida, maltrato y ninguneo

Cada sábado, los emprendedores:

• Compran carne, pan, verduras, condimentos.
• Preparan masas, tortas, salsas que, si no se venden, no se recuperan.
• Pagan transporte, ayudantes, alquiler de equipos.
• Abonan piso y tasas municipales.

La decisión de cortar la luz a pocas horas de iniciada la actividad, cuando la gente ya recorría la plaza, no solo impidió la venta:

• Echó a perder mercadería.
• Rompió la cadena de frío de alimentos.
• Generó riesgo sanitario.
• Y los expuso a situaciones de tensión con clientes en plena oscuridad.

Eso se llama daño económico y moral, causado por un accionar deliberado del Ejecutivo, que en lugar de sentarse a ordenar, dialogar y mejorar, eligió maltratar y ningunear a quienes sostienen el único paseo que hoy convoca a miles de periqueños en paz.

¿Qué debería pasar ahora?

Desde una mirada jurídica y política mínimamente seria, los pasos son evidentes:

1. Cese inmediato de todo hostigamiento
   • Restitución del suministro eléctrico a la feria, en condiciones seguras y reguladas.
   • Orden expresa a inspectores y funcionarios de abstenerse de cualquier medida que implique desalojar o impedir la actividad protegida por resolución.
2. Ratificación legislativa y ordenanza de protección
   • El Concejo Deliberante debería convertir la resolución en ordenanza, declarando la feria de la plaza San Martín como “Polo Permanente de Emprendimiento y Turismo Cultural”, fijando días y condiciones, y obligando al Ejecutivo a prestar servicios básicos.
3. Investigación administrativa y penal
   • Apertura de sumarios para determinar quién ordenó cortar la luz y bajo qué fundamentos.
   • Eventual denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes si se confirma que se actuó contra la decisión legislativa.
4. Prioridad presupuestaria al trabajo local sobre la decoración importada
   • Pedido de informes sobre la contratación de la empresa tucumana de luces: montos, modalidad, plazos, vínculos.
   • Reorientación de fondos hacia baños químicos, limpieza, seguridad y apoyo crediticio a los emprendedores.

Perico tiene hoy una oportunidad histórica: decidir de qué lado de la vereda se para.

De un lado, una plaza iluminada para la foto, contratada sin concurso claro, vinculada a intereses ajenos a la ciudad.
Del otro, una feria que nació del esfuerzo colectivo, llenó de vida las noches, cambió malas costumbres y demostró que el pueblo tiene iniciativa propia.

Cortar la luz a quienes trabajan no solo es un acto de cobardía política; es también una señal peligrosa al resto del país: que en Perico, cuando el pueblo crea algo valioso, el poder local prefiere destruirlo antes que compartir el mérito.

Todavía están a tiempo de elegir otro camino:
que la luz que se encienda no sea la de las guirnaldas, sino la de la justicia y el respeto por los que se ganan la vida dignamente.

Material: Pucará Noticias