Litio para el mundo, valijas para los jujeños: la minería que expulsa a su propia juventud

La minería es hoy el sector mejor pago de la economía argentina. Los salarios del rubro duplican con holgura el promedio nacional y ofrecen estabilidad formal en blanco, algo escaso en la Argentina del ajuste permanente. En provincias como Santa Cruz y San Juan, la actividad no sólo ordenó la macro, también cambió la vida cotidiana: en Veladero trabajan 3.735 personas y el 91% son sanjuaninos; el empleo minero se volvió un sello de identidad productiva.

Jujuy, en cambio, sigue siendo una provincia expulsora de jóvenes. Los testimonios del propio sindicalismo minero son claros: centenares de jujeños viajan cada 14 días a Santa Cruz para trabajar en yacimientos a miles de kilómetros de su casa. No migran por aventura, migran por necesidad. Van detrás de un salario que su propia provincia, rica en litio y minerales estratégicos, no les ofrece a escala suficiente.

Los números oficiales confirman la paradoja. Jujuy concentra alrededor del 7–8% del empleo minero directo del país, con poco más de 3.500 puestos formales, mientras que Santa Cruz supera los 8.800 empleos y es, por lejos, el principal polo minero argentino. San Juan, con menos litio que Jujuy, también la supera en trabajo minero directo. En paralelo, Tierra del Fuego y Santa Cruz lideran el ranking de provincias con mayor porcentaje de residentes nacidos en otras jurisdicciones: atraen mano de obra joven que el Norte Grande no supo retener.

Aquí aparece la cuestión moral. Un gobierno provincial que se enorgullece del superávit fiscal pero no logra que sus chicos se queden es, en términos de justicia social, un gobierno que falla. El litio jujeño alimenta baterías y estadísticas de exportación, pero no alcanza para que un egresado de escuela técnica vea horizonte en La Quiaca, Abra Pampa o Perico. La riqueza se contabiliza en dólares y toneladas, mientras la pobreza se mide en pasajes de micro hacia el sur.

La discusión ambiental es necesaria y seria, pero no puede tapar otro debate: ¿qué modelo de minería quiere Jujuy? ¿Uno que deje regalías, conferencias de prensa y fotos con inversores, o un esquema que ponga como condición indeclinable el empleo local, la formación técnica y la industrialización en origen? Chile entendió hace décadas que su cobre debía ser política de Estado; por eso estructuró empresas mixtas y estatales que devolvieron a su gente una parte significativa de la renta.

Si la minería jujeña no se traduce en trabajo masivo para jujeños, es apenas extractivismo con relato. No alcanza con decir que “la actividad genera 10.000 puestos directos e indirectos” si la mitad de esos jóvenes igual tiene que irse a San Juan o Santa Cruz a buscar el sueldo que aquí no aparece. El superávit fiscal financiado con jubilaciones licuadas y oportunidades negadas a la juventud no es eficiencia: es indolencia.

Jujuy necesita una política minera que deje de expulsar y empiece a abrazar a su gente: cupos de empleo local reales y auditables, formación técnica provincial financiada por el propio sector, empresas mixtas donde el Estado jujeño sea socio y no mero cobrador de sellos, y un programa específico para repatriar a los trabajadores mineros jujeños que hoy hacen grande a otras provincias. De lo contrario, el litio será el oro de otros y la diáspora jujeña seguirá llenando campamentos en la cordillera ajena.

El dilema es simple: o la minería se convierte en la gran contención laboral de los jujeños, o Jujuy seguirá exportando su recurso más valioso: su juventud.