“La dignidad del uniforme no es negociable”: Luis Miranda rompe el cerco sobre las jornadas policiales en Argentina

En San Salvador de Jujuy, el licenciado en Seguridad Luis Alberto Miranda, Secretario General de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP) y de la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica (CTPPL), acaba de poner por escrito lo que durante décadas se barrió debajo de la alfombra: las jornadas laborales policiales en Argentina violan la Constitución, los convenios de la OIT y los tratados de derechos humanos.

En un documento técnico que ya circula entre organizaciones sindicales, académicas y organismos de derechos humanos, Miranda describe un sistema que se sostiene sobre turnos extenuantes, recargos obligatorios, trabajo no remunerado y sanciones disciplinarias a quien se atreve a decir basta. Pero esta vez el diagnóstico viene acompañado de algo más: una agenda propositiva que busca jerarquizar la profesión, mejorar la seguridad de la ciudadanía y devolverle al uniforme el respeto que merece.

A continuación, una entrevista construida sobre la base de su trabajo, donde Miranda desarrolla sus postulados y plantea un nuevo pacto entre Estado, sociedad y trabajadores de la seguridad.

“No es un reclamo salarial: es un conflicto de derechos humanos”

—¿Por qué decide escribir este análisis ahora, y con este enfoque tan frontal?

—Porque la situación llegó a un límite. Hoy, en buena parte del país, un policía trabaja de hecho cerca de 300 horas al mes, entre turnos de 24 x 48 que se transforman en 32 x 40, recargos obligatorios los fines de semana y servicios extraordinarios para completar un salario que, en muchos casos, está por debajo de la línea de pobreza. Eso no es “vocación de servicio”: es explotación estatal organizada.

Y además quise dejar algo muy claro: esto no es solo un problema de salario o de convenio interno, es un conflicto grave de derechos humanos. La Constitución, los tratados internacionales y los convenios de la OIT también protegen a los trabajadores uniformados. Hoy, en demasiadas provincias, esa protección está siendo violada.

Jornadas infinitas, descanso mínimo y trabajo forzoso encubierto

—En su documento afirma que el régimen 24 x 48, tal como se aplica, es incompatible con el derecho internacional. ¿Dónde está el núcleo del problema?

—En la letra y en la práctica. En el papel dice “24 horas de servicio por 48 de descanso”. En la realidad, esas 24 horas se extienden con guardias, traslados, papeleo y recargos, mientras que las 48 horas de descanso se licúan entre citaciones, viajes, familia y cansancio acumulado. El resultado es una semana con más de 60 horas efectivas de trabajo y un descanso real que, en muchos casos, no llega a cuatro horas de sueño reparador cada 24.

A eso se suman los recargos de servicio obligatorios: si el policía se niega, lo sancionan con arresto. Ahí entramos en la definición de trabajo forzoso de los convenios 29 y 105 de la OIT: se exige un servicio, bajo amenaza de una pena, y sin verdadera posibilidad de negarse. En muchos casos, esas horas ni siquiera se pagan.

“Un policía agotado es un riesgo para todos”

—Usted vincula directamente estas condiciones con la calidad de la seguridad pública. ¿En qué sentido?

—Es elemental: un trabajador que está crónicamente privado de sueño, sometido a estrés extremo y con problemas familiares acumulados toma peores decisiones, tiene más accidentes, está más irritable y es más vulnerable a la depresión o al burnout.

Eso, trasladado a la función policial, significa:

• más errores de procedimiento,
• mayor riesgo de uso excesivo de la fuerza,
• más accidentes viales en servicio,
• menos capacidad de diálogo y contención.

Un policía extenuado es un riesgo para sí mismo, para su familia y para la comunidad. Si el Estado quiere mejorar la seguridad de los ciudadanos, el primer paso es garantizar condiciones laborales dignas a quienes los protegen.

La vara internacional: cómo trabajan las policías en otros países

—En su análisis compara el modelo argentino con estándares internacionales. ¿Dónde estamos parados?

—Muy mal. En la Unión Europea, la directiva 2003/88 establece un máximo de 48 horas semanales, con 11 horas de descanso diario y un día entero de descanso semanal. En España, Francia o Alemania, los policías se mueven entre 35 y 41 horas semanales. En Estados Unidos, la vara son las 40 horas de la FLSA, y las extras se pagan al 150%. En América Latina, Chile, Colombia o Uruguay rondan las 44–48 horas semanales con compensación obligatoria.

En ningún sistema serio comparable aparece algo parecido a lo que vemos en muchas provincias argentinas: regímenes que, en la práctica, llevan a más de 300 horas mensuales, recargos coercitivos y sanciones de arresto por negarse. El contraste es brutal.

Policía civil, trabajador y sujeto de derechos

—Hay una idea muy arraigada de que “en la policía es así” y que el uniforme implica renunciar a casi todo derecho. ¿Qué responde?

—Respondo con la Constitución en la mano. La persona que entra a la policía no deja de ser civil, no deja de ser trabajador y no pierde sus derechos fundamentales. Que el servicio sea esencial puede justificar restricciones al derecho de huelga, pero no autoriza a borrar el derecho al descanso, a la jornada limitada, a la salud laboral.

La Constitución de Jujuy es clarísima cuando habla de jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, prohibición del trabajo forzoso y obligación de proteger la salud del trabajador. Eso vale tanto para un empleado administrativo como para un policía de guardia. Lo que hoy está pasando en muchas fuerzas no es “disciplina”: es incumplimiento de la Constitución.

Amparo, diálogo social y nuevo pacto de seguridad

—¿Cuáles son las herramientas concretas que plantea para revertir este cuadro?

—Hay tres líneas de acción, complementarias:

1. Vía judicial: la acción de amparo, individual o colectiva, para que la Justicia revise los regímenes horarios, declare ilegales los recargos no remunerados y limite el uso del arresto como castigo por negarse a trabajar en exceso.
2. Diálogo social real: mesas técnicas entre ministerios de seguridad, jefaturas, sindicatos y especialistas en salud laboral. No más “parches” coyunturales: necesitamos rediseñar el modelo de servicio sobre la base del trabajo decente.
3. Reforma cultural interna: salir de la lógica del “sacrificio infinito” como sinónimo de buen policía. Ser buen profesional no es dormir cuatro horas y callarse la boca, es proteger a la comunidad con plenas capacidades físicas, psicológicas y éticas.

No estoy proponiendo privilegios; estoy proponiendo condiciones mínimas de humanidad, que además mejoran la seguridad de todos.

Reconocer, jerarquizar y cuidar: una agenda para la política

—¿Qué le diría hoy a la dirigencia política, provincial y nacional?

—Que si realmente quieren jerarquizar a la policía, deben empezar por reconocer que la dignidad del trabajador uniformado no es negociable. No se puede pedir profesionalismo, honestidad y excelencia a alguien al que se sobreexplota, se sanciona cuando reclama y se obliga a multiplicar horas solo para no caer en la pobreza.

Les diría también que este no es un tema “corporativo” ni un reclamo sectorial más: es una cuestión de Estado, porque de estas condiciones de trabajo depende la calidad de la seguridad ciudadana, la confianza social en las instituciones y hasta la estabilidad democrática. Un policía con derechos reconocidos, con salud cuidada y con familia contenida es un aliado estratégico de la democracia, no un costo a recortar.

“La historia puede cambiar, pero el momento es ahora”

—En el cierre de su documento hay un llamado fuerte a la memoria institucional. ¿Qué busca con ese mensaje?

—Desde 1845, cuando nació la Policía de Jujuy, se naturalizó una cultura de sacrificio sin límites, silencios obligados y resignación. Hoy sabemos que eso solo genera más sufrimiento y peor servicio.

Mi invitación es sencilla y profunda a la vez: sentarnos todos a construir un nuevo pacto. Gobierno, mandos policiales, sindicatos, familias, ciudadanía y organismos de derechos humanos. Poner sobre la mesa los dolores viejos, las injusticias nuevas y diseñar soluciones estructurales.

Si tenemos la humildad de corregir y la valentía de escuchar, la policía de Jujuy —y de toda la Argentina— puede dejar de ser un laboratorio de sacrificios para convertirse en un símbolo de servicio, respeto y humanidad. La seguridad de la gente empieza por la dignidad de quienes la cuidan. Y eso, hoy, ya no admite más demoras.