Cuando el “déficit cero” quiere cobrarse la dignidad: educación y discapacidad no son recortes, son límites morales

La Argentina discute Presupuesto, pero en el fondo está discutiendo algo más brutal: qué vidas se consideran inversión y cuáles se tratan como gasto. En Diputados avanzó el Presupuesto 2026, pero se rechazó el Capítulo XI que incluía el artículo 75, diseñado para derogar dos leyes que el propio Congreso había aprobado este año, que Milei vetó, y que luego ambas cámaras ratificaron por dos tercios: la de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad.

Ese dato no es menor: si el Parlamento insistió con mayorías calificadas, no se trata de un capricho. Se trata de un mensaje institucional: hay áreas donde el ajuste encuentra fronteras éticas y constitucionales. Lo intentaron por la vía del presupuesto —y el Congreso lo frenó—, pero ahora circula la posibilidad de “voltearlas” por decreto. Es decir: perder en el recinto y buscar revancha en un atajo.

El NOA lo siente primero: la educación es movilidad o es condena

En el Norte, la educación superior pública no es un lujo “porteño”: es ascenso social real, movilidad, arraigo y profesionalización del recurso humano en un territorio donde la distancia y la pobreza estructural encarecen todo. Cuando se toca el financiamiento universitario, no se “castiga a la política”: se le pega a la familia que hace un esfuerzo descomunal para que un hijo sea el primero en llegar a un aula universitaria. Y en Jujuy eso es estratégico: sin capital humano, la provincia queda reducida a exportar materia prima y a importar valor agregado.

La discusión fiscal debería ser inteligente: ordenar cuentas no puede equivaler a desarmar el único puente que convierte al pibe del interior en técnico, docente, enfermero, ingeniero o programador. Porque sin ese puente, el “mercado” no te premia: te descarta.

Discapacidad: el punto donde una sociedad se mira al espejo

Con discapacidad no hablamos de “beneficiarios” abstractos. Hablamos de personas, de familias que viven con una logística cotidiana agotadora, y de derechos que no se mendigan: se garantizan. El Senado ratificó la insistencia del Congreso sobre la ley de emergencia en discapacidad tras el veto presidencial, justamente por el peso social y humano del tema.

¿Se puede ajustar? Sí. ¿A costa de quienes más dependen de la protección pública? No es racional: es regresivo. Y es ahí donde aparece la advertencia que Francisco repetía con una claridad incómoda: la “cultura del descarte” empieza cuando una planilla decide que algunos sobran. No es solo economía: es civilización.

El equilibrio fiscal no se sostiene con amputaciones

La política económica que se presume “seria” no se valida por su frialdad, sino por su capacidad de priorizar sin romper el pacto social. Si el Estado encuentra recursos para ciertas señales de mercado, también debe encontrar un camino para sostener educación y discapacidad, que son el núcleo duro de cualquier idea de futuro. Incluso el propio debate del Presupuesto mostró que el Gobierno buscó derogar estas leyes desde el dictamen.

La pregunta no es si hay que ordenar: la pregunta es qué se está dispuesto a destruir para sostener un relato de orden.

En Jujuy y en el NOA, donde el ajuste siempre llega más rápido que el derrame, la sociedad ya aprendió algo: cuando se recorta a los que no tienen margen, el “déficit cero” se vuelve déficit moral. Y ese, tarde o temprano, lo paga el país entero.