2026: EL AJUSTE CON TOGA — o el intendente recorta con el Concejo… o termina imputado

Hay años que llegan con calendario. Y hay años que llegan con código penal.
El 2026, si el oficialismo logra avanzar con su paquete de “reformas estructurales”, se perfila como un año de ajuste impuesto por ley: no solo por falta de recursos, sino por miedo a la sanción.

El Gobierno ya dejó en claro que la aprobación del Presupuesto 2026 fue “solo el comienzo” y que se viene una segunda etapa en extraordinarias. En esa hoja de ruta aparece un punto que, para el interior, suena a ultimátum: el llamado “Compromiso Fiscal”, presentado como herramienta para obligar a las provincias a replicar el déficit cero nacional, incluso condicionando envíos de fondos.

El torniquete a las provincias y municipios: menos oxígeno, más obediencia

En criollo: si la Nación aprieta la manguera, las provincias se quedan sin aire; si las provincias se quedan sin aire, los municipios entran en terapia. Y ahí no hay relato que aguante:

• menos obras,
• menos mantenimiento,
• menos asistencia social,
• salarios congelados o negociaciones al borde del conflicto,
• proveedores cobrando tarde (o cobrando mal).

El ajuste no baja “en abstracto”: baja al territorio. Baja al barrio. Baja a la guardia. Baja al aula.

El salto cualitativo: del ajuste político al ajuste judicial

Lo nuevo —lo verdaderamente disruptivo— es la idea de blindar el ajuste con amenaza penal. Ya se difundieron propuestas que plantean una “Sanción Penal por Gasto Irregular” con prisión e inhabilitación para funcionarios que incrementen o modifiquen gastos sin recursos presupuestarios acreditados. En la misma línea, se habló de un “torniquete” al gasto público: el ajuste como valor supremo y el castigo como método.

No es menor: cuando el presupuesto deja de ser una decisión política y pasa a ser un mecanismo punitivo, la administración pública se convierte en una oficina de supervivencia. El funcionario ya no gestiona: se cubre. No innova: se paraliza. No resuelve: evita firmar.

Y cuando el Estado local se paraliza, el costo lo paga el que no tiene plan B: el vecino.

“Si no hay plata, emitan bonos”: el fantasma de las cuasimonedas vuelve, pero con veneno

Frente al ahogo, siempre aparece la tentación histórica: pagar con papeles que funcionan como dinero. Eso ya pasó. En 2001 convivieron múltiples cuasimonedas (Patacón, Lecop, Lecor y otras) y no fue un invento exclusivo de una sola jurisdicción: varias provincias se sumaron.

Ahora bien: hay dos datos que cambian el tablero:

1. La Constitución prohíbe a las provincias acuñar moneda o crear bancos con facultad de emitir billetes; por eso se recurre a bonos que “terminan cumpliendo” funciones de dinero sin serlo.
2. En escenarios recientes, el propio Milei advirtió que esas cuasimonedas no serían rescatadas por la Nación, lo que aumenta el riesgo de desvalorización y conflicto.

O sea: la salida “bonos” existe como ingeniería de emergencia, pero puede salir carísima en credibilidad, precios y cohesión social.

Jujuy en el espejo: cuando el ajuste se federaliza, el interior paga doble

Para provincias periféricas, el golpe suele ser doble: menos transferencias, más responsabilidades (educación, salud, seguridad, asistencia). Y la economía real del NOA —más frágil— siente primero la sequía de liquidez: cae el consumo, se enfría la recaudación propia y se tensiona la calle.

Si la Nación además instala un esquema donde el “desvío” del ajuste puede judicializarse, el mensaje a Jujuy y a cada municipio es brutalmente simple: recorten o queden expuestos.

El 2026 no discute gestión —discute obediencia

Este es el punto político central: el ajuste ya no se presenta como una decisión debatible, sino como una obligación moral y potencialmente punible. Y cuando el poder central intenta convertir la austeridad en doctrina penal, el federalismo deja de ser cooperación: se vuelve subordinación.

Entonces sí: en 2026, el intendente y los concejales van a estar ante una disyuntiva incómoda.
No la de “gobernar mejor”, sino la de “ajustar para sobrevivir”.

Y cuando la política local gobierna con miedo, la democracia se empobrece. Y el territorio, tarde o temprano, pasa la factura.