“2026: el tarifazo que quiebra hogares y explota economías en el NOA — ¡o comemos o pagamos los servicios!”

Perico Noticias // El recorte histórico de subsidios energéticos que impulsa el gobierno nacional no es una simple política fiscal: es una bomba de tiempo social y productiva que amenaza con poner de rodillas a las provincias, especialmente a las más postergadas como Jujuy y el conjunto del NOA.

Después de años de intentar recortar el gasto público y cumplir metas fiscales —incluso como parte de acuerdos con el FMI—, el Estado nacional decidió que la energía y el gas pasen a ser pagados casi a costo pleno por los usuarios. Se estima que millones de hogares perderán subsidios en 2026 y verán sus facturas multiplicadas, mientras que el Estado reduce su participación en el gasto energético.

El combo letal: tarifas arriba, salario abajo

En provincias como Jujuy, donde el ingreso promedio de las familias está muy por debajo del de las grandes ciudades, el aumento de la luz y el gas no es un incremento: es un salto mortal de costos. No se trata de pagar unos pesos más: se trata de decidir entre alimentar a los hijos o mantener encendido un calefactor en pleno invierno del altiplano.

Este tarifazo no llega en abstracto. Llega en momentos en que:

• Los salarios reales están castigados por años de inflación persistente,
• La caída del poder adquisitivo se siente en cada barrio,
• Y las economías regionales ya luchan contra estructuras de costo desfavorables.

Economías regionales al borde del colapso

El NOA argentino es una economía de cadenas productivas frágiles: tabaco, caña de azúcar, horticultura, ovinos, servicios frontera y pequeñas industrias. Estas producciones no tienen margen de maniobra ante aumentos siderales de costos energéticos.

Fábricas, industrias procesadoras, cámaras frigoríficas, sistemas de riego, secaderos de tabaco y centros de transformación agroalimentaria —todos ellos intensivos en energía— se enfrentan a escenarios en los que la rentabilidad se desvanece de un plumazo. El resultado inevitable será:

✅ Menor producción.
✅ Despidos en el sector productivo.
✅ Menor recaudación impositiva local.
✅ Cierre de emprendimientos familiares y pymes.

En otras palabras: no es inflación pura y dura lo que está en juego, es la viabilidad económica de miles de familias del interior profundo.

“O comemos o pagamos los servicios”

Ese ya no es un slogan: es la expresión literal de una realidad que se avecina. Cuando la factura de luz se come un porcentaje significativo del ingreso familiar, el resto de la economía —alimentación, transporte, educación, salud— queda en el banquillo de los sacrificados.

Y en zonas como La Quiaca, Palpalá, Humahuaca o San Pedro —donde la economía doméstica siempre fue un ejercicio de supervivencia frente a la geografía, la distancia y la falta de inversiones— el impacto del tarifazo puede ser letal.

Las provincias en jaque, sin manos para responder

La gran trampa de este ajuste es que el costo no se hace cargo en conjunto: se traslada a gobiernos provinciales y municipales, a quienes se les exige sostener servicios básicos mientras las transferencias del Estado central disminuyen o se condicionan.

Es decir:
📌 El Estado nacional corta los subsidios.
📌 Gobiernos locales reciben más presión fiscal.
📌 Los ciudadanos pagan el tarifazo directo.

Esto desfinancia aún más a las provincias que dependen de transferencias y que ahora deberán reajustar sus propios presupuestos en educación, salud y obras públicas, mientras sus ciudadanos se asfixian con las boletas de luz y gas.

No es ajuste: es puñalada al desarrollo

Un tarifazo de este calibre no corrige desequilibrios sociales ni mejora la eficiencia productiva. Destruye poder de compra, encarece la producción y arrastra a la recesión.

Esos efectos no tardarán en verse en:
🔥 Mayor pobreza estadística.
🔥 Empleo formal cayendo.
🔥 Migración interna hacia polos urbanos por falta de oportunidades en el interior.
🔥 Mayor presión sobre redes de asistencia social.

El despertar de la indignación social

Si algo han enseñado las experiencias pasadas —como el último gran tarifazo nacional de 2016 y las protestas que desencadenó— es que el pueblo no tolera ajustes injustos sin respuesta y sin redes de protección social.

Pero este tarifazo no es sólo una cifra: es una pregunta brutal lanzada a la sociedad:

👉 ¿Hasta cuándo aceptaremos políticas que transfieren costos a los más vulnerables mientras se prometen beneficios fiscales como si fueran un fin en sí mismo?

La respuesta, tarde o temprano, vendrá desde las calles, las urnas o ambos.