“Cauchari sin derrame es espejismo: ¿qué gana Jujuy si la luz se vuelve un lujo?”

Perico Noticias 6 de enero 2026 // Cauchari brilla en la Puna como postal de modernidad, pero abajo —en los barrios, en los pueblos, en los comercios— la realidad es otra: la luz dejó de ser un servicio y empieza a convertirse en un bien de lujo. El 2026 arrancó con un nuevo esquema nacional de subsidios energéticos que reemplaza la segmentación previa por un régimen focalizado (SEF), con requisitos más estrictos, topes de consumo subsidiado y una depuración que deja a muchos afuera o con ayuda recortada. El propio Gobierno nacional explicó que los hogares que califiquen tendrán una bonificación base del 50% aplicada sobre bloques mensuales (300 kWh en meses de alta demanda y 150 kWh en meses templados) y, además, una bonificación extraordinaria adicional en 2026 de hasta 25% para beneficiarios.

En criollo: para una parte de la sociedad habrá “paracaídas”, para otra habrá caída libre. Y Jujuy, con salarios deprimidos y un tejido productivo frágil, no está en condiciones de absorber un shock así sin romperse. Lo humano se vuelve político: cuando el presupuesto familiar se va en boleta, el resto —comida, remedios, transporte— pasa a “modo recorte”. Ese es el punto de quiebre. Y por eso la pregunta no es técnica: es moral y estratégica. ¿De qué sirve producir energía solar “para el país” si el jujeño siente que paga dos veces: con su bolsillo y con su paciencia?

Porque Cauchari no cayó del cielo: se financió con deuda y compromisos que la provincia todavía arrastra. En 2017, Jujuy colocó un bono verde por US$ 210 millones para completar el financiamiento del parque solar, presentado como una jugada histórica.

Ese bono tenía vencimiento original en 2022, pero la provincia inició un proceso de reestructuración en 2021 para “tornarlo sustentable” y reordenar vencimientos. Lo que casi nunca se dice en voz alta en la comunicación oficial es el costo político de esa ingeniería: cuando se reestructura, se gana aire, pero se extiende la mochila. Y esa mochila no la carga “Cauchari”, la carga Jujuy. Mientras tanto, a nivel de calle, la promesa de derrame se percibe distante: el ciudadano promedio no ve un dividendo energético, ve un Estado que se enorgullece de una megaobra y, al mismo tiempo, lo deja solo frente a la factura.

El resultado es una incoherencia inadmisible: generamos con nuestros recursos, financiamos con nuestra deuda, exhibimos el proyecto como bandera… y al ciudadano lo empujamos al borde del corte por falta de pago. Eso, en términos de gestión, es una falla de diseño; en términos humanitarios, es abandono planificado.

La paradoja se vuelve más filosa cuando se mira el modelo de negocio: el parque se estructuró para vender energía al sistema nacional bajo contratos de largo plazo. En 2020 se informó que los parques (Cauchari I, II y III) son propiedad de sociedades cuyo único accionista es JEMSE, la empresa estatal provincial. Y el precio de adjudicación en RenovAr Ronda 1 fue difundido alrededor de US$ 60/MWh, con mecanismo de ajuste, bajo contratos a 20 años.

Esto explica por qué el “derrame inmediato” es una ilusión: el primer destino de los ingresos, en cualquier proyecto apalancado, es pagar deuda, repago, O&M, seguros, estructura corporativa. Si a eso le sumás una reestructuración que estira vencimientos, el margen fiscal para convertir energía en alivio social se vuelve más exigente y requiere una decisión explícita: crear un “dividendo” o dejar que todo quede absorbido por la lógica financiera. No es que Cauchari sea “malo” por definición; es que se lo administró como si alcanzara con cortar cinta y cobrar contratos. Pero en 2026 el tablero cambió: si la energía se vuelve un factor de empobrecimiento, entonces Cauchari —sin un mecanismo provincial de derrame— deja de ser un símbolo de progreso y pasa a ser un monumento a la desconexión entre Estado y gente.

Acá entra el rol de la SUSEPU: no es un decorado, es el organismo que por misión debe regular, controlar y fiscalizar servicios públicos, incluyendo la distribución eléctrica, y proteger al usuario en la provincia. En la práctica, SUSEPU define marcos y resoluciones que impactan en cuadro tarifario y en beneficios como la Tarifa Social Provincial, con topes de consumo (por ejemplo, 300 kWh/mes en ciertos esquemas) y condiciones de aplicación.

Entonces, la pregunta es frontal: ¿SUSEPU está anticipando el tsunami o solo va a certificarlo con resoluciones? Un regulador serio no se limita a publicar cuadros; convoca debate, exige transparencia de costos, supervisa calidad de servicio, refuerza canales de reclamo y articula con el Ejecutivo un esquema de protección para evitar cortes masivos en sectores vulnerables. Si el nuevo régimen nacional achica subsidios y empuja facturas hacia arriba, el regulador provincial debería estar liderando un “plan de contención”: segmentación provincial complementaria, revisión de potencia y cargos fijos, moratorias, y un programa de eficiencia energética con foco en hogares y pymes. Si nada de eso aparece, el mensaje implícito es brutal: “paguen o quédense a oscuras”. Y eso es ingobernable.

El contraste con Santiago del Estero expone lo que Jujuy no está haciendo: allí se anunció un 40% de descuento en la factura final para usuarios residenciales durante dos meses, financiado con fondos provinciales, aplicable a boletas emitidas desde el 1 de enero de 2026. No hace falta romantizar a nadie: es un amortiguador de manual para evitar colapso de demanda y estallido social. Entonces, ¿por qué Santiago puede y Jujuy no? Hay dos respuestas posibles, y ambas son políticas: o Jujuy no tiene caja/ingeniería para un fondo compensador, o tiene, pero decidió no priorizarlo.

Y ahí volvemos a Cauchari: si Jujuy tiene un activo energético insignia, ¿por qué no existe un Fondo Compensador Estival Jujeño que use parte de la renta (directa o indirecta) del sistema energético para suavizar la boleta? La gente no exige energía gratis; exige coherencia: si el Estado provincial se presenta como “productor de energía”, tiene que comportarse como tal y proteger a sus ciudadanos cuando el mercado se vuelve expulsivo.

En ese escenario, los intendentes quedan en el Km 0 del conflicto, sin margen fiscal suficiente y con vecinos que ya no solo piden alumbrado, ripio o desmalezado: ahora van a pedir algo más urgente y desesperante, “que no me corten la luz”. Y sin coparticipación extra ni un esquema provincial de respaldo, los municipios serán el mostrador de la bronca. Esto debería activar a todo el sistema político: legisladores oficialistas y opositores, concejales, y el Ejecutivo provincial. ¿Qué están haciendo? ¿Hay sesiones especiales? ¿Hay pedidos de informes? ¿Hay una ley de emergencia tarifaria provincial? ¿Hay un plan público de protección para pymes, productores y hogares? Porque el misil viene en línea recta: cuadros tarifarios y costos se actualizan por resoluciones provinciales y la gente lo ve en su boleta, no en un power point.

Una política adulta, hoy, debería plantear tres decisiones inmediatas: 1) moratoria y protocolo anti-corte para vulnerables; 2) subsidio provincial temporario focalizado por ingresos y zona (como puente); 3) programa agresivo de eficiencia y solar distribuida en edificios públicos y barrios, para que el derrame exista y sea medible. Todo lo demás es relato.

La discusión final es incómoda, pero necesaria: estamos al final de un camino de gobernanza donde los grandes proyectos se celebran como trofeos, pero la vida cotidiana se precariza como si fuera daño colateral. Cuando ya ni la comida ni los remedios son accesibles, y la energía empieza a sumarse como otro “impuesto a la supervivencia”, la provincia entra en una zona de riesgo social serio. Y ahí es donde Cauchari debería cambiar de rol: de “obra emblema” a herramienta de estabilización social. Si no, será un espejismo: un parque solar enorme que alimenta el sistema nacional, pero no alimenta la dignidad del jujeño. Y esa es la definición de un modelo que ya no es para todos, ni siquiera para un tercio: es para una cúpula que administra contratos, deuda y narrativa, mientras la base social se queda sin aire.

El 2026 exige un giro: SUSEPU como regulador con dientes, Legislatura como caja de herramientas y control, intendentes con respaldo real, y un Ejecutivo provincial que asuma el costo político de proteger a su gente. Si Cauchari no se traduce en alivio, inversión social y estabilidad, entonces no es progreso: es marketing energético sobre una provincia exhausta.