Perico Noticias, 17 enero del 2026 // En Buenos Aires se discute como ingeniería económica; en Perico se vive como golpe directo. Si se confirma la eliminación del capítulo de Ganancias en la reforma laboral, el municipio quedará con $200 millones menos por mes. No es un número para una planilla: es menos combustible para servicios, menos margen para sostener programas, menos capacidad para responder cuando la calle aprieta. Y en Perico la calle ya está apretando.
Perico es una ciudad de identidad comercial. Cuando el poder adquisitivo se derrumba, la ciudad lo siente primero y más fuerte: bajan ventas, se corta la rotación de mercadería, se congela la inversión, y el “aguante” de los comercios se vuelve supervivencia. Ya cerraron varios negocios; muchos otros quedaron en el borde del quiebre, esperando una señal que no llega. Con tasas de crédito altas, la reconversión es un lujo: no hay retorno que permita endeudarse para modernizarse, ampliar, o simplemente respirar.
La presión no viene solo de adentro. La liquidez se fuga por múltiples canales: plataformas internacionales que capturan consumo sin dejar un peso en la economía local, la frontera con Bolivia como válvula permanente, y excursiones de compra hacia Chile o Paraguay que terminan drenando el poco margen disponible. Perico compite contra una economía globalizada, pero con herramientas municipales del siglo pasado. En ese tablero desigual, quitarle $200 millones mensuales al municipio es apretarle el cuello a la gestión y, por extensión, a la comunidad.
Y ahí aparece la trampa política: el recorte no se queda en Nación. Baja en cascada hasta el último mostrador. Porque un intendente no puede “no hacer nada” con ese agujero. O sube impuestos y tasas locales —con el riesgo de terminar de empujar al comercio al precipicio—, o recorta administración y servicios —con costo político, costo financiero y costo social—. Cualquiera de las dos opciones erosiona gobernabilidad. Es el tipo de decisión que no genera progreso: solo administra daño.
Por eso la reforma laboral, planteada así, puede convertirse en un búmeran para los municipios. Si el objetivo es bajar el costo laboral, Buenos Aires tiene que discutir herramientas que no trasladen el ajuste al territorio como si fuera un detalle. Porque cuando la caja municipal se achica, el resultado no es “eficiencia”: es menos circulación en la economía real, más tensión social y más conflictividad. Y en una comunidad ya asfixiada, cada recorte tiene efecto multiplicador.
La pregunta que Perico le hace al país es simple y contundente: ¿cómo se pretende reactivar si se seca el músculo municipal y se empuja a las intendencias a elegir entre el tarifazo local o la poda administrativa? Tal vez haya que pensar, seriamente, otra manera de bajar el costo laboral sin dinamitar la recaudación que sostiene el entramado urbano. Porque si la solución macro destruye la microeconomía, no hay reforma que aguante: hay crisis que se acelera.
