Tarifazo en Jujuy: el “parque solar” ilumina la caja, pero oscurece la mesa familiar

Perico Noticias, 17 de enero del 2026 // Hay un fenómeno nuevo —y brutal— que atraviesa a la Argentina: la transferencia silenciosa de ingresos desde hogares y comercios hacia el sistema de tarifas. No es un eslogan: con subas promedio de 461% en luz, gas y agua, el servicio dejó de ser “gasto fijo” y pasó a ser impuesto privado. En miles de casas, la decisión ya no es “ahorrar o darse un gusto”; es pagar boleta o comer.

Lo más desconcertante es que el fenómeno libertario conserva adhesión incluso cuando el ajuste castiga a su propio electorado. ¿Por qué? Porque el relato de “orden y disciplina” funciona como anestesia moral: se instala la idea de que sufrir hoy es virtud y que quejarse es “viejo país”. Pero el bolsillo no milita; el bolsillo se defiende. Y cuando el consumo cae, cae todo: ventas, turnos, changas, recaudación y, finalmente, empleo.

Ahora bien: en Jujuy hay un dato político que no se puede esquivar. No alcanza con culpar a Nación. Sí: la macro manda. Sí: los precios mayoristas y la quita de subsidios se cocinan en Buenos Aires. Pero la provincia tiene margen real para amortiguar el impacto, y cuando no lo usa, se convierte en corresponsable del tarifazo. El usuario no paga “macroeconomía”: paga una boleta con componentes concretos (energía, distribución, impuestos, tasas) y con decisiones concretas.

El gobierno provincial intentó mostrar reacción ajustando el esquema de asistencia y acompañando el aumento de topes subsidiados para el NOA/NEA por razones climáticas (hasta 550 kWh en zonas muy cálidas). Eso ayuda, pero es un paraguas chico en una tormenta larga: no resuelve el precio final ni el daño acumulado, y llega con la gente ya quebrada.

La comparación con otras provincias deja expuesta la falta de reflejos. Santiago del Estero anunció una reducción del 40% en la tarifa eléctrica residencial por dos meses, con financiamiento provincial, justamente para atravesar el pico estival sin incendiar la economía doméstica. Se puede discutir si alcanza o si es sostenible, pero políticamente es un mensaje claro: “el Estado provincial se hace cargo”. En Jujuy, en cambio, la respuesta se percibe como parcial, tardía y burocrática.

Y acá aparece la pregunta que duele: ¿cómo puede ser que una provincia que presume de matriz renovable y parques solares tenga familias que pagan cifras siderales? La contradicción irrita porque golpea el sentido común: si producimos energía, ¿por qué no se traduce en alivio local? La bronca no es técnica; es moral. Y cuando la moral se quiebra, la legitimidad se cae en cámara lenta.

En este contexto, la SUSEPU queda en el centro del ring. No por ser el “villano” único, sino porque representa el eslabón provincial que la gente ve, nombra y espera. Si las medidas no se sienten en la factura, el regulador queda como un sello de goma. Y si el gobierno provincial no empuja una arquitectura más agresiva de mitigación —fondo compensador, alivio impositivo local, revisión de componentes provinciales, acuerdos de transición con distribuidoras— la política tarifaria se vuelve una fábrica de enojo.

El capítulo más grave es la clase media: la que no entra en vulnerabilidad “pura”, pero tampoco llega a fin de mes. Esa franja es la que sostiene consumo, empleo y comercio. Cuando la exprimís con tarifas y le decís “aguantá”, lo que rompés no es un número: rompés el motor social. Y en Jujuy eso se nota rápido: menos circulante, menos compras, más cierres, más informalidad, más endeudamiento y más desesperanza.

Por eso, si hay que escribir la verdad incómoda, es esta: el tarifazo puede ser el boomerang político más potente. No solo para Nación. También para Jujuy Crece. Porque el ciudadano distingue: al libertario puede tolerarle dureza si “arregla” el país; pero al gobierno provincial le exige defensa concreta del territorio. Y si no la ve, no perdona.