«El Corso tiene ordenanza; la corrupción NO» Factura por $13,6 millones, “anticipo” y un correo que enreda a un funcionario clave

Perico Noticias, 19 de enero del 2026 // En Perico volvió a encenderse una alarma mayor, mientras el Concejo Deliberante y el Municipio juegan al gato y al ratón utilizando a los corsos como cortina de humo, una factura desnuda otra ruta hacia fondos oscuros: una factura tipo “B” emitida por “LA ARBOLADA SRL” (CUIT 30-71404620-5) aparece a nombre de la Municipalidad de Perico y consigna, como concepto, un “anticipo” vinculado a la obra del nuevo cementerio. El comprobante indica Punto de venta 00002 – Comp. N° 00000312, fecha de emisión 05/01/2025 y vencimiento para el pago 15/01/2025, por un total de $13.620.640,00. El dato clave no es sólo el monto: es la naturaleza del gasto (un anticipo) y el silencio administrativo sobre el expediente que lo respalda: contratación, modalidad, acto administrativo, presupuesto, dictámenes, certificación de avance y controles.

A esa factura se suma otro elemento documental que exige explicaciones públicas. En una declaración jurada vinculada a “LA ARBOLADA S.R.L.”, correspondiente a la publicación de conformidad en el Boletín Oficial (San Salvador de Jujuy, 11 de agosto de 2016), figuran como socias Sonia Marta Valle (CUIT 27-20548425-7) y Miriam Rosanna Toro (CUIT 27-17840756-8). Allí aparece un dato que, por sí solo, es políticamente explosivo: en ambos registros se consigna el mismo correo de contacto: “ing_carril@yahoo.com.ar”. Si el ingeniero Héctor Adolfo Del Carril —señalado en la discusión pública local como funcionario provincial y presidente de la Comisión del Parque Industrial de Perico— no tiene vínculo real con la firma, debe explicarse por qué su e-mail figura como contacto en documentación societaria. Y si el vínculo existe, la Municipalidad y todos los organismos de control están obligados a despejar la sospecha: porque cuando hay pagos por anticipos, vínculos de poder y un gris documental, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser institucional.

La pregunta es directa: ¿dónde está el expediente completo que justifica el anticipo de $13,6 millones? Si la obra no fue licitada, debe estar encuadrada y publicada como corresponde (acto administrativo, compra directa/contratación especial, fundamentos, cotizaciones, adjudicación, contrato y control). Si hubo licitación, deben exhibirse pliegos, dictámenes, adjudicación y órdenes de pago. Si no aparece nada, lo que queda es la peor hipótesis: un bypass a la ley, a los controles y al derecho de los contribuyentes a saber. Y ahí el mensaje es brutal: la “caja” no es una metáfora; es un método.

Porque mientras el Concejo Deliberante discute agenda menor y el Ejecutivo se refugia en la foto, la ciudad paga estructura, sueldos, tasas y tarifas. En ese contexto, cada peso que sale sin trazabilidad es un golpe al contrato social local. Acá no alcanza con comunicados: hacen falta papeles, nombres, firmas y responsables. Y si corresponde, medidas ejemplares. La corrupción no es “un tema más”: es el impuesto más caro, el que se cobra sin ley, sin recibo y sin vergüenza.

Qué debe exigirse hoy para cortar la sospecha

• Publicación inmediata del expediente: modalidad de contratación, acto administrativo, contrato, presupuesto y certificaciones.
• Intervención formal de los organismos competentes de control y dictámenes.
• Informe al Concejo Deliberante con documentación respaldatoria, no relato.
• Aclaración oficial sobre el correo “ing_carril@yahoo.com.ar” en documentación societaria y su vínculo con la empresa.