Jujuy minera: exporta como potencia, cobra como espectadora — ¿dónde queda el desarrollo real?

Perico Noticias, 28 de enero del 2026 // Jujuy hoy juega en la primera línea minera del país, pero todavía no traduce ese boom en un salto estructural de competitividad, empleo masivo y calidad de vida. Los números describen el contraste: la minería ya explica una porción relevante del producto provincial (alrededor del 8,7% del PBG/VAB en años recientes) y domina la canasta exportadora jujeña (más del 80% del total provincial). Esa macroeconomía “brilla”, pero no termina de bajar a la calle con la velocidad y la escala que el discurso promete.

El corazón de esa expansión tiene nombres propios: litio (salares y cadena de carbonato/hidróxido), y minería metalífera y no metalífera que acompaña el mapa productivo. En empleo formal, Jujuy ronda los 2.916 puestos mineros registrados (dato SIPA para 2022), con fuerte tracción del litio en el crecimiento interanual. En paralelo, el peso exportador de las provincias litíferas del NOA se consolidó con fuerza en los últimos años, empujado por la demanda global. La pregunta política no es si la minería crece —crece—, sino quién captura la renta, con qué reglas, y cómo se transforma en infraestructura y oportunidades.

Ahí aparece el nudo: regalías, base de cálculo y reformas “silenciosas”. El marco nacional (Ley 24.196) fija un techo: hasta 3% sobre el “valor Boca Mina”. Jujuy reglamenta ese esquema y lo vuelve operativo: define el 3% y, al mismo tiempo, habilita deducciones (transporte, tratamiento, comercialización, administración, fundición/refinación) para llegar al “valor Boca mina” vía “Valor Neto Recibido”. En la práctica, eso puede achicar mucho la base imponible. Y además, informes y verificaciones periodísticas señalan que Jujuy incorporó beneficios que reducen la tasa efectiva (por ejemplo, rebaja de 3% a 2% bajo ciertos supuestos), con el resultado de que, medida sobre ventas, la regalía puede quedar sensiblemente por debajo del titular “3%”.

En ese clima nace la denuncia pública de que Jujuy “cobra 0,3%”. Ese 0,3% no aparece como alícuota general en la normativa base; circula como acusación política y periodística sobre la recaudación efectiva y/o los esquemas de beneficios y deducciones. Y aun si uno discutiera el número exacto, el problema de fondo sigue siendo el mismo: la confianza. Cuando el cálculo depende de declaraciones juradas, costos deducibles y precios de transferencia, la legitimidad se sostiene con auditoría técnica, publicación de datos, controles de vinculación económica y una trazabilidad pública que hoy la sociedad no percibe como robusta. La propia reglamentación prevé declaraciones juradas con detalle de ventas, precios, costos y verificación por la autoridad, pero la discusión real es si eso se ejerce con músculo y transparencia.

Ahora, hablemos del costo: la minería no es sólo dólares; también deja pasivos ambientales y tensiones sociales, especialmente en salares (agua, humedales, biodiversidad, territorios comunitarios). La sostenibilidad no se declama: se gobierna con estándares, monitoreo independiente, licencia social y mecanismos de distribución territorial del beneficio. Distintos análisis socioambientales sobre litio en Argentina remarcan justamente esa brecha entre expansión extractiva y arquitectura de control/participación. Si el modelo no es distributivo, la minería se vuelve un “enclave”: exporta, factura, pero no transforma.

Jujuy, por su ubicación estratégica, no puede permitirse ser una provincia exportadora con infraestructura degradada y promesas ferroviarias eternas. Si otras jurisdicciones ajustan su caja pública para capturar mejor la renta y financiar desarrollo, Jujuy debe explicar por qué no. Y ahí la agenda nueva es concreta: (1) revisión integral del take provincial (regalías + tasas + aportes + participación estatal) con reglas simples y publicables; (2) transparencia total del cálculo Boca Mina y auditorías; (3) fondo de infraestructura productiva atado a minería (rutas, logística, energía, agua) con metas y control social; (4) discusión seria sobre el techo y la “letra chica” de beneficios, en un país donde incluso se debate elevar topes (con marcos recientes que reabren esa discusión). Porque si Jujuy exporta como potencia y cobra como espectadora, el “desarrollo” queda reducido a un eslogan —y la política queda interpelada, sin excusas.