Perico Noticias, 29 de enro del 2026 // La Rosada encontró un atajo para no “retroceder” con Ganancias y, a la vez, evitar que los gobernadores le suelten la mano a la reforma laboral: ahora Caputo ofrece compensar parte de la pérdida coparticipable con el impuesto al cheque. La propuesta se vende como equilibrio fiscal inteligente, pero huele a táctica de supervivencia política: un puente provisorio para cruzar una tormenta… que podría derrumbarse en 2027, cuando el impuesto —tal como existe— tiene vencimiento y abre una negociación nueva, más áspera y con menos garantías.
El problema no es solo el “qué”, sino el “cómo”. Coparticipar el impuesto al cheque no es apretar un botón: requiere normativa, acuerdos, porcentajes, y un trámite legislativo que, por definición, se vuelve arena movediza. Encima, cualquier discusión tributaria suele arrancar por Diputados, con lo cual el “te compenso” puede transformarse en un “vemos después”. Resultado: los gobernadores podrían votar la reforma laboral hoy y cobrar incertidumbre mañana. Y en política fiscal, la incertidumbre es deuda.
Los números muestran por qué la tensión es máxima. Se estima una caída fuerte en Ganancias y una porción relevante pega en provincias; para compensar, se habla de coparticipar alrededor de un 20% del cheque. La arquitectura es clara: Nación hoy captura el 100% de ese impuesto; compartirlo implica resignar caja nacional o, más probable, reemplazar una pérdida por otra con letra chica, plazos largos y condiciones futuras. En términos empresariales: te dan un “bono puente” sin contrato de largo plazo.
En Jujuy, el riesgo es existencial, no académico. Si por Ganancias el recorte equivale a $3.375 millones mensuales (4.000 salarios), aceptar una compensación que depende de una norma posterior, y además de un impuesto que se reabre en 2027, puede ser firmar un salvavidas inflable con fecha de vencimiento. Cuando llegue la próxima negociación, Jujuy no discutirá teoría: discutirá si ajusta con despidos, sube impuestos o deteriora servicios. Y el mercado privado local no tiene la espalda para absorber un recorte súbito del Estado.
Detrás de la oferta hay un objetivo estratégico nacional que conviene decir sin eufemismos: bajar transferencias y bajar costo laboral para “atraer empresas”. Es el corazón del plan. El problema es que, hasta ahora, la realidad viene ganando: ni el shock comunicacional, ni la poda de gasto, ni el RIGI mostraron inversiones de magnitud con derrame claro. Entonces se acelera la presión sobre provincias: que aporten el ajuste, que absorban el costo social, y que después expliquen el conflicto en la calle.
Pero los gobernadores también muestran una flaqueza: carecen de visión federal de largo plazo. Están negociando como si esto fuera una pulseada de caja mensual, cuando en verdad es una disputa por autonomía. Si cada provincia firma parches individuales, la Nación gana por suma de partes: no porque sea “más que todas”, sino porque convierte a las provincias en unidades dependientes, licuadas, sin estabilidad propia. Y cuando el centro decide, la periferia paga.
Jujuy, además, juega con desventaja política: no tiene volumen determinante en el Senado y su peso en Diputados es limitado. Por eso, el desenlace real no se define en la Casa de Gobierno provincial, sino en Buenos Aires, donde el oficialismo nacional presiona y donde los representantes libertarios —que conocen el mapa del Estado jujeño— eligen, otra vez, el silencio. Ese silencio no es neutral: es cobertura. Porque si la reforma se aprueba con Ganancias intacto y la “compensación cheque” no se materializa en tiempo y forma, el costo tiene nombres propios en la provincia.
La pregunta final es simple y feroz: ¿van a aceptar los gobernadores un “cheque” que vence en 2027 para convalidar una reforma hoy, sin garantías legales inmediatas? Si lo hacen, Jujuy puede quedar atrapada en el peor escenario: reforma aprobada, recursos en caída, compensación dudosa y un ajuste que igual llega. Y ahí sí, el relato se termina: empieza la contabilidad social.
