El que las hace ¿las paga?

Perico Noticias, 31 de enero del 2026 // La Argentina está entrando en una zona donde la política ya no discute ideas: discute credibilidad. Y cuando la credibilidad se rompe, el daño no queda en una tapa de diario: se traduce en riesgo país, costo del crédito, caída del consumo, fuga de inversiones y descreimiento social. En ese escenario, la frase presidencial “El que las hace, las paga” empieza a sonar menos como doctrina y más como búmeran.

Porque el caso $LIBRA dejó de ser un ruido de redes y pasó a un terreno mucho más peligroso: documentos, presunta relación contractual y justicia penal. Una investigación periodística publicada por Clarín reveló la existencia de un acuerdo de confidencialidad firmado por el presidente con Hayden Davis, empresario vinculado al lanzamiento del token, en una reunión registrada oficialmente en Casa Rosada. Ese dato fue retomado en el Congreso por el diputado Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que “se confirma la relación contractual” y cuestionó la falta de avances judiciales.

El punto crítico no es solo el papel: es el marco institucional. Un “acuerdo confidencial” con un actor privado ligado a un proyecto cripto que luego termina en escándalo abre preguntas de alta sensibilidad: ¿qué rol real se estaba delegando?, ¿bajo qué controles?, ¿qué alcance tuvo el compromiso asumido?, ¿por qué la confidencialidad absoluta? En términos de gobierno corporativo, esto es lo que cualquier auditor llamaría una “bandera roja”: conflicto de interés potencial, trazabilidad opaca y riesgo reputacional directo.

Y cuando la política se siente acorralada por hechos verificables, suele aparecer el recurso más viejo del manual: disparar contra el mensajero. La escalada contra medios —con ataques públicos en medio de la controversia— no solo es un error estratégico: es una señal de fragilidad. Porque un Presidente puede discutir una nota, refutar datos, exhibir pruebas, abrir auditorías, impulsar transparencia real. Lo que no puede —sin dinamitar la confianza democrática— es instalar la idea de “cerrar” o disciplinar al periodismo como si el Estado fuera un comité de guerra comunicacional.

En el mundo de hoy, donde las inversiones se mueven por percepciones en tiempo real, la amenaza o el hostigamiento a un medio no se lee como “carácter”: se lee como riesgo institucional. Y eso encarece todo. Desde el financiamiento externo hasta la góndola del barrio. Porque cada gesto de tensión entre poder y prensa alimenta un indicador que la Argentina conoce demasiado bien: incertidumbre.

La paradoja es brutal: “el que las hace, las paga” nació como eslogan de orden. Pero cuando el propio poder queda atrapado en sus zonas grises, intenta convertir el orden en relato y la rendición de cuentas en pelea cultural. Ahí se rompe el contrato básico con la sociedad: la ley para todos.

Si el oficialismo cree que esto se resuelve con trolls contra el New York Times, con bronca contra Clarín o con teatralización en redes, está jugando a un negocio que siempre sale mal: el de reemplazar instituciones por épica. En política real —la que paga sueldos, sostiene empleo y estabiliza precios— lo que ordena no es el grito: es la prueba, la transparencia, la trazabilidad y la respuesta inmediata.

En definitiva: si la consigna vale, vale para todos. Y si no vale para todos, no es consigna: es marketing de impunidad.