Jujuy en zona roja: más minería en periglaciares, menos agua y menos derechos

Perico Noticias, 5 de febreo del 2026 // Si el Gobierno nacional avanza con flexibilizar la protección de ambientes periglaciares, Jujuy enfrentará una ecuación explosiva: más presión extractiva en ecosistemas hídricos frágiles, beneficios económicos concentrados y costos ambientales/sociales distribuidos sobre comunidades que ya sienten escasez y conflictividad.

La señal política es clara: destrabar inversiones mineras, aun si eso implica correr el límite de protección ambiental. El debate se abrió con fuerza en los últimos días, con reportes sobre cambios para habilitar explotación en áreas hoy resguardadas por la Ley de Glaciares.

Acá no hay tecnicismo menor. La Ley 26.639 define presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, y restringe actividades como la explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas.
Además, la Corte Suprema ya validó la constitucionalidad de esa ley, rechazando planteos de inconstitucionalidad de empresas mineras.

Por eso, abrir periglaciares a la lógica del “cada provincia decide” no es solo un giro de política sectorial: es un cambio de paradigma sobre quién protege el agua y bajo qué reglas.

¿Qué está en juego para Jujuy?

Agua estratégica bajo mayor estrés

En la puna y la alta montaña, el periglacial cumple función de regulación hídrica. Relajar su protección en un contexto de expansión minera multiplica riesgos sobre cuencas, humedales y disponibilidad para consumo humano y actividades productivas locales.

“Derrame” acotado, costo social amplio

La promesa de empleo e inversiones existe, pero en la práctica jujeña el beneficio no siempre se distribuye de forma proporcional al impacto territorial. Cuando el derrame es bajo y la presión ambiental es alta, la percepción social es directa: se privatiza la renta y se socializa el riesgo.

Conflicto de legitimidad

En paralelo, persisten cuestionamientos de comunidades sobre participación efectiva y resguardo de derechos en proyectos vinculados al litio y minerales críticos en Jujuy y la región. (FARN)
Sin licencia social robusta, cualquier expansión será más litigio, más tensión y menos previsibilidad.

El punto político de fondo

No hay desarrollo serio con reglas ambientales inestables.
Si la señal al inversor es “hoy se protegen glaciares, mañana se negocian”, también se erosiona seguridad jurídica de largo plazo: sube el conflicto, sube el costo reputacional y baja la calidad de inversión.

Jujuy necesita minería, sí. Pero minería con estándar alto, control independiente, monitoreo público de agua y beneficios locales verificables. Lo contrario es pan financiero de corto plazo y pasivo ambiental de varias generaciones.

La discusión real no es “minería sí o no”.
Es: ¿con qué límites, con qué controles y para beneficio de quién?.