El diputado provincial del Partido de Izquierda de Jujuy, Gastón Remy, ha lanzado fuertes declaraciones cuestionando la política económica de la UCR en la provincia, asegurando que todos los empleados estatales podrían estar cobrando un sueldo básico de 850.000 pesos si se tomaran decisiones diferentes respecto al superávit fiscal. Remy denuncia que el actual gobierno, en lugar de destinar los recursos del superávit al bienestar de los trabajadores y al desarrollo de Jujuy, los retiene, impidiendo una mejora real en la calidad de vida de los jujeños y frenando un posible derrame económico para la provincia.
«Cuando se presenta la información oficial después de mucho tiempo, donde consta que el estado provincial logró en el primer semestre un superávit de 254 mil millones de pesos, lo que equivale al 93% de los sueldos pagados durante seis meses a más de 100.000 trabajadores, resulta inexplicable decir que no tienen plata», afirmó Remy. El diputado cuestiona la respuesta del gobierno, que en lugar de ofrecer paritarias justas, anunció un bono a pagarse en cuotas, el cual considera insuficiente frente a la crisis socioeconómica que atraviesan los trabajadores.
Según el legislador, el superávit en Jujuy es producto directo de los «impuestazos aplicados al pueblo jujeño» y de la omisión de aumentos salariales para el sector público, lo que deja a muchos trabajadores en condiciones de pobreza o incluso de indigencia. «Estamos en presencia de una decisión política de obtener un superávit enorme sin otorgar aumentos; los empleados públicos podrían estar cobrando un mínimo de 850.000 pesos», expresó Remy, quien denuncia que actualmente los trabajadores estatales reciben un salario de 490.000 pesos, cifra que no cubre ni la canasta básica.
En sus declaraciones, Remy subraya la necesidad de reforzar la lucha de gremios como el CEDEMS y otros sindicatos que buscan mejoras salariales, frente a lo que considera una falta de voluntad política para atender la crítica situación socioeconómica de los trabajadores en Jujuy. «El gobierno obtiene esta masa de superávit pagando la deuda, inclusive, cubriendo más de 58.000 millones de pesos, tras lo cual obtuvieron todo el superávit mencionado», explicó el diputado, quien argumenta que mientras se prioriza el pago de deuda, los trabajadores son empujados a la pobreza.
Remy advierte que esta política de ajuste provincial se agrava aún más en el contexto de reducción de transferencias nacionales, lo que deja al gobierno local con el superávit como una herramienta poderosa que, sin embargo, no está siendo utilizada en beneficio de la población. «Este gobierno ajustó a sus trabajadores y en consecuencia privó al sector servicios del derrame que generaría el hecho de que los trabajadores alcancen sueldos equivalentes a la canasta familiar», agregó, señalando el impacto negativo que esta decisión tiene en el desarrollo de la economía local.
El diputado del Partido de Izquierda también cuestionó la falta de claridad sobre el destino del superávit. «No hay declaraciones oficiales de qué es lo que se proponen hacer con el superávit; algunos reconocen que existe, pero no dicen qué harán», criticó. Según Remy, parte de este dinero, que se calcula en un 40%, está inmovilizado en bancos sin una decisión clara de transferir esos fondos a los trabajadores o a proyectos de desarrollo que beneficien a la comunidad. Este hecho, denuncia el legislador, está impactando especialmente en los sectores más vulnerables, como mujeres y jóvenes, quienes enfrentan una creciente precarización laboral y social, viéndose obligados a abandonar sus proyectos de vida e incluso a migrar de la provincia en busca de mejores oportunidades.
Además, Remy subraya que aún no se ha avanzado en la coparticipación municipal, una promesa que el gobernador anunció en la apertura de sesiones ordinarias. «Hasta ahora no llegó ni un borrador», mencionó el diputado, indicando que una descentralización efectiva permitiría que los municipios puedan destinar recursos a salarios y obras públicas que son urgentes en muchos barrios de Jujuy.
Para el legislador, la solución pasa por una redistribución equitativa y una política de ajuste justa, tanto a nivel nacional como provincial. «La posibilidad de tener un sueldo igual a la canasta familiar, al menos, requiere un plan para derrotar el ajuste propuesto por la nación, como por la provincia», expresó, insistiendo en que aquellos sectores más solventes de la economía deberían contribuir proporcionalmente a los recursos fiscales para lograr una verdadera justicia social en la provincia.
Las declaraciones de Remy dejan una pregunta clara en el aire: ¿por qué el superávit que pertenece al pueblo jujeño no vuelve en forma de mejoras salariales y de desarrollo local?
