Miles de hogares jujeños viven momentos de angustia e indignación frente a la insensibilidad de la empresa distribuidora de energía eléctrica EJESA, que mediante intimaciones y amenazas de corte de luz presiona a usuarios para pagar facturas que se han vuelto impagables. La Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), organismo que debería defender a los ciudadanos ante este abuso, ha recibido innumerables reclamos por las desproporcionadas tarifas que incluyen tasas y tributos ilegítimos. Sin embargo, la respuesta ha sido lenta, insuficiente, y en muchos casos, inexistente.
El gobierno nacional, consciente del descontento, recientemente imputó a EJESA por la inclusión de costos indebidos en sus facturas. A pesar de ello, la empresa continúa operando sin cambios significativos en su accionar, convalidada por el silencio cómplice de los diputados provinciales, quienes deberían ser la voz del pueblo en estas circunstancias. Su inacción desnuda su desconexión con las necesidades reales de sus representados y deja claro que los intereses económicos prevalecen por sobre el bienestar ciudadano.
Este contexto se torna aún más paradójico si consideramos el ambicioso proyecto de energías limpias que Jujuy promovió como ejemplo nacional. Paneles solares financiados con el esfuerzo y el bolsillo de los jujeños prometían una transformación energética con beneficios tangibles para los habitantes. Sin embargo, lejos de emular los modelos de algunas ciudades europeas que poseen producción de energías verdes donde los costos energéticos para los hogares de la jurisdicción donde tienen asiento las plantas solares, son mínimos o nulos para los ciudadanos, en Jujuy el resultado ha sido un modelo de saqueo disfrazado de progreso. Las tarifas no solo no disminuyeron, sino que crecieron hasta volverse insostenibles, mientras los beneficios de estos proyectos parecen quedarse en manos de unos pocos.
La crisis energética en Jujuy no es solo un problema de infraestructura o economía; es un síntoma de una estructura política y empresarial que prioriza sus intereses sobre los derechos básicos de las personas. La electricidad, un servicio esencial para la vida moderna, no puede convertirse en un privilegio inaccesible. Es hora de que los ciudadanos exijan respuestas claras y acciones concretas de sus representantes políticos y de que se ponga fin al abuso sistemático de empresas como EJESA.
Los jujeños merecen un modelo energético que respete el esfuerzo de quienes lo financiaron y que devuelva a los hogares la dignidad que se les ha arrebatado. Este es un llamado a la acción, para que la SUSEPU, los legisladores y el gobierno provincial dejen de mirar hacia otro lado y enfrenten con decisión esta problemática, porque el pueblo de Jujuy no puede esperar más.
EP
