El Seguro Provincial de Salud recientemente aprobado es un robo legalizado, porque te obligan a pagar muy caro un servicio que debe ser libre y gratuito por Constitución Nacional.
Hoy el sueldo en blanco representa la mitad o menos de lo que cualquier empleado dentro de la administración pública jujeña cobra, eso significa que hay que agregarle una suma similar en negro para llegar al sueldo de bolsillo. La cuota inicial del SEPROSA que será de $ 50.000 (cincuenta mil pesos) mensuales es igual a la cuota en el Instituto de Seguros que hoy paga un empleado que tiene un sueldo totalmente en blanco de $ 1.000.000 (un millón de pesos) y que recibe al menos otro millón en negro, es decir que está cobrando alrededor de $ 2.000.000 (dos millones de pesos) de bolsillo. Sueldos que, casi con exclusividad, cobran funcionarios provinciales y municipales. Es inaceptable pretender que un repartidor, un vendedor ambulante o un emprendedor paguen la misma cuota que un funcionario. No hay argumentos razonables para justificar esta medida.
En promedio un trabajador de Planta Permanente, con 10 años de antigüedad, que hoy puede cobrar entre $ 500.000 y $ 600.000 de bolsillo, tiene un sueldo en blanco de $ 250.000 a $ 300.000, si se calcula el 5 % del descuento para el ISJ, da como resultados cuotas de $ 12.500 a $ 15.000, es decir 35.000 por debajo de lo que se le pretende cobrar por el mismo servicio a un repartidor de pizza, a una ama de casa no registrada, a un emprendedor o a un vendedor ambulante. Es descabellado e ilegal, dado que es pretender cobrarle a alguien un monto diferente por un servicio similar.
El gobierno provincial justifica la creación del Seguro Provincial de Salud o SEPROSA diciendo que “el que pueda pagar, que lo haga y el que no seguirá recibiendo atención gratuita, pero con calidad”. Esta afirmación no solo es engañosa, sino que oculta un modelo profundamente excluyente y desigual.
Es muy discutible la aplicación práctica de la gratuidad que prometen con el SEPROSA para quienes no puedan pagar. Porque la ley establece que solo estarán exentos aquellos cuyos ingresos sean inferiores a dos salarios mínimos, lo que actualmente equivale a $540.000. ¿Cómo va a demostrar una persona que no tiene recibo de sueldo ni está registrada que cobra menos de ese monto?
La burocracia que requerirá la implementación de este sistema, degrada aún más a los sectores vulnerables, obligándolos a registrarse como indigentes o a demostrar una situación económica que no pueden certificar formalmente. Esta falta de operatividad va a obligar al pago de los $ 50.000 a todos, a los que tengan ingresos inferiores a $ 540.000 y a los que superen esa cifra.
Además, la cuota del SEPROSA tiene un carácter variable porque está atada al valor de la consulta médica. Si esta aumenta, el costo del seguro también lo hará. Hoy el SEPROSA valdrá $50.000, que es el valor de 5 consultas médicas de $ 10.000 cada una, si mañana la consulta vale $ 15.000 el SEPROSA pasa a valer $75.000. Esto no solo es injusto, sino insostenible para las familias que apenas sobreviven día a día.
Desde Haciendo Otra Historia afirmamos que la implementación del SEPROSA viola garantías constitucionales, como el acceso universal y gratuito a la salud pública. El Gobierno de Jujuy quiere convertir un derecho en un privilegio, cobrando cifras exorbitantes por algo que debería ser gratuito. Es un retroceso gravísimo.
Por eso necesitamos que la ley del SEPROSA sea vetada por el gobernador de Jujuy, para que quede sin efecto. Pronúnciate a favor de la salud pública, firmá el petitorio.
Firmas https://forms.gle/vrnmUQRWAJDof5ow8
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