Redacción Perico Noticias // La diputada nacional por Jujuy, Leila Chaher, alzó su voz en el Congreso de la Nación al presentar un proyecto de resolución enérgico contra el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), una medida que, según sus palabras, «consolida el camino hacia la privatización del sistema público de salud». Este esquema, impulsado por el oficialismo jujeño, ya genera un fuerte rechazo en distintos sectores políticos, sociales y médicos del país.
Un ajuste brutal que afecta a la mayoría
El contexto económico actual es devastador. Con una canasta básica que supera el millón de pesos, más del 55% de los jujeños vive bajo la línea de pobreza. A esto se suma que más del 50% de los ciudadanos no cuenta con obra social ni los medios para cubrir este nuevo seguro obligatorio. ¿Qué significa esto? Simple: la salud pública, que debería ser un derecho garantizado, ahora se convierte en un lujo inalcanzable para la mayoría.
El proyecto del SEPROSA establece que quienes no abonen las cuotas del seguro, estimadas entre 50.000 y 60.000 pesos mensuales, quedarán sin acceso a los servicios de salud en hospitales públicos. Este monto, que representa el costo aproximado de cinco consultas médicas, es una barrera insuperable para miles de familias jujeñas que luchan diariamente por llegar a fin de mes.
El modelo SEPROSA: coacción y exclusión
El texto de Chaher denuncia con claridad: el SEPROSA es un modelo regresivo, que obliga al ciudadano a elegir entre pagar por su salud o perder el acceso a un derecho fundamental. No solo es inconstitucional, sino que también viola principios básicos de justicia social al desplazar la responsabilidad del Estado hacia los sectores más vulnerables.
El sistema plantea la suspensión del acceso a la salud pública tras tres cuotas impagas. ¿Qué ocurrirá con quienes padecen enfermedades crónicas, oncológicas o emergencias médicas? Según el proyecto, estos ciudadanos serán abandonados por el Estado, que ahora los obliga a financiar un seguro que no pueden costear.
La resistencia al desmantelamiento de la salud pública
La diputada Chaher subrayó que este modelo no es aislado, sino que forma parte de una política sistemática de privatización encubierta de la salud pública, iniciada durante la gestión de Gerardo Morales. Desde la descentralización de servicios hasta la precarización laboral del sector sanitario, el avance del SEPROSA es el golpe final a un sistema ya debilitado.
Organizaciones sociales, sindicatos y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel se han sumado al repudio masivo contra esta medida, recogiendo más de 1.500 firmas en defensa de un sistema de salud universal y equitativo. El rechazo también tiene eco nacional, exponiendo la desigualdad que representa el modelo SEPROSA en una provincia donde el ajuste golpea con mayor fuerza que en otras.
¿Salud para todos o privilegio de pocos?
El impacto de esta política es claro: la mitad de los jujeños quedará excluida del sistema de salud. En una provincia históricamente olvidada, donde los ciudadanos enfrentan pobreza estructural y desigualdades profundas, la implementación del SEPROSA marca un antes y un después en la lucha por el acceso equitativo a derechos básicos.
Con este panorama, es urgente que la sociedad jujeña se movilice para frenar lo que puede convertirse en un modelo replicable en otras provincias. Porque, como lo expresó Chaher en su intervención: «La salud no es un privilegio, es un derecho. Y ningún gobierno debería arrebatárnoslo».
¿Qué se puede esperar?
La audiencia pública del próximo 6 de febrero será clave para debatir el futuro del SEPROSA y su impacto en los derechos de los jujeños. Mientras tanto, las voces de resistencia crecen, exigiendo un cambio de rumbo y un compromiso real del Estado con los más vulnerables.
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