Redacción Perico Noticias // En una movida que no solo marca un punto de inflexión en la política provincial, sino que también evidencia un profundo análisis del impacto económico en las familias jujeñas, el gobernador Carlos Sadir vetó en su totalidad la Ley Nº 6.453 que disponía la creación del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA). Si bien el comunicado oficial emitido por el Ejecutivo provincial detalla argumentos formales, la decisión trasciende lo institucional y se enmarca en un acto de sentido común que pone a resguardo la economía y calidad de vida de los jujeños.
SEPROSA: un golpe a la canasta familiar
La reciente publicación de los índices de la canasta familiar dejó al descubierto una realidad alarmante: en Jujuy, una familia necesita más de un millón de pesos mensuales para no caer en la pobreza. Si a esta cifra se sumara el costo que implicaría implementar el SEPROSA, el monto superaría fácilmente los 1.250.000 pesos, convirtiendo a la provincia en uno de los territorios más caros del país. Este impacto habría disparado la inflación y deteriorado aún más la capacidad adquisitiva de las familias, generando un daño irreversible a la economía local.
En este contexto, la medida de Sadir no solo frena la implementación de un sistema que no contaba con los recursos necesarios para sostenerse, sino que desmantela la lógica defendida tanto por sectores de la UCR y sus aliados como por el PJ, quienes avalaron el proyecto sin considerar el efecto devastador que tendría sobre el bolsillo de los ciudadanos.
La contradicción política y el silencio mediático
Resulta llamativo que muchos de los referentes políticos que defendieron apasionadamente el SEPROSA, y que lo presentaron como una solución a las necesidades sanitarias de la provincia, hoy guarden un silencio absoluto frente al veto del gobernador. Más aún, la prensa prebendaria, que en muchos casos se alinea con intereses particulares, ha evitado profundizar en los verdaderos motivos detrás de esta decisión.
El análisis de la situación deja en evidencia una contradicción insoslayable: quienes promovieron el SEPROSA omitieron evaluar su impacto económico real, mientras que el gobernador tomó la decisión de vetarlo justamente por ese mismo motivo, priorizando la estabilidad económica de los jujeños sobre intereses partidarios.
Una acción política de peso
El veto al SEPROSA es una medida que trasciende lo administrativo y se posiciona como un acto político de peso. Sadir no solo protege a las familias jujeñas de una medida que habría elevado desmesuradamente el costo de vida, sino que también envía un mensaje contundente: las decisiones de gobierno deben basarse en la realidad económica y social, no en discursos políticos vacíos o intereses sectoriales.
Mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿dónde están hoy los defensores acérrimos del SEPROSA? ¿Qué responsabilidad asumen frente a un proyecto que, de haberse implementado, habría agravado aún más las condiciones de vida de los jujeños?
El veto de Carlos Sadir marca un antes y un después en la política provincial, consolidándose como un acto de liderazgo que prioriza el bienestar común por sobre los intereses políticos.
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