Perico Noticias // El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, anunció el veto de la Ley N° 6453, que creaba el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA). Según sus palabras, lo hizo debido a la “desinformación, confusión y aprovechamiento político de algunos sectores”. Sin embargo, desde el espacio político Haciendo Otra Historia, liderado por Santiago Seillant y Mercedes Sosa, se plantea una lectura distinta: fue la presión ciudadana la que detuvo un intento de privatizar el sistema de salud pública en la provincia. Aquí desarmamos las claves detrás de esta polémica.
Desinformación: el error del propio gobierno
La ley, según denuncian desde Haciendo Otra Historia, estuvo envuelta en irregularidades desde el principio. Fue presentada a último momento, en plena discusión del presupuesto 2025, sin publicidad ni debate público, y aprobada sin cumplir los reglamentos internos de la Legislatura. Varias versiones de la normativa circularon de manera informal, incluso por WhatsApp, sin que hasta hoy exista una versión final oficial disponible. La confusión no fue, como dijo Sadir, un problema generado por la oposición, sino por el propio oficialismo.
Salud pública: un tema político y colectivo
Desde el espacio de Mercedes Sosa y Santiago Seillant, se recalca que la salud pública siempre es política. La diferencia está en a quién benefician las políticas implementadas: a las grandes mayorías o a unos pocos. En este caso, el SEPROSA buscaba trasladar el costo de la salud pública a los ciudadanos mediante un seguro obligatorio, lo que contradecía la esencia de un sistema público gratuito y universal.
Aseguran que la verdadera intención detrás de esta ley era fortalecer al Instituto de Seguros de Jujuy para que pudiera saldar deudas con clínicas privadas, muchas de ellas vinculadas a funcionarios como el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y el diputado Rubén Rivarola, dueños de empresas del sector.
¿Privatización encubierta?
La principal crítica al SEPROSA fue que representaba un paso hacia la privatización de la salud pública. Según Haciendo Otra Historia, obligar a los ciudadanos a pagar por un seguro quebraba el principio de gratuidad del acceso a la salud. Además, los sectores más vulnerables serían los más afectados, mientras que grandes empresas, como las mineras y otros actores poderosos, seguirían gozando de beneficios fiscales.
Seillant señaló que si el gobierno realmente quisiera que quienes más tienen paguen más, habría implementado impuestos más altos para estos sectores en lugar de imponer un seguro de salud a trabajadores sin ingresos fijos.
Conflicto de intereses: un mal silencioso
Uno de los puntos más cuestionados es el rol del Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y del diputado Rubén Rivarola, quienes tienen vínculos directos con clínicas y empresas de salud privada. Este claro conflicto de intereses generó un fuerte rechazo social. Desde Haciendo Otra Historia denuncian que no se puede permitir que quienes tienen intereses económicos en el sector definan las políticas de salud pública.
La fuerza de la movilización social
El rechazo al SEPROSA no solo provino de los partidos opositores, sino también de la sociedad jujeña, que se movilizó masivamente contra lo que percibía como una amenaza directa a su derecho a la salud. Miles de firmas y protestas lograron presionar al gobierno para que diera marcha atrás. Según el comunicado de Seillant, fue una encuesta telefónica encargada por el gobierno la que reveló el amplio rechazo social, obligando a Sadir a vetar la ley.
¿Qué sigue para la salud pública en Jujuy?
Aunque el SEPROSA fue vetado, las preocupaciones no han desaparecido. Desde Haciendo Otra Historia, advierten que el gobierno podría desfinanciar la salud pública como excusa para justificar futuras medidas similares. La propuesta del espacio es clara: usar los recursos existentes, como los 7.000 millones de pesos de superávit fiscal o los 20.000 millones destinados a adelantar las elecciones, para fortalecer el sistema de salud pública.
A mediano y largo plazo, proponen políticas fiscales que aumenten los impuestos a las grandes empresas y sectores privilegiados, redistribuyendo esos recursos para garantizar servicios públicos de calidad.
Conclusión: una lección para la política jujeña
El veto al SEPROSA es una victoria para la sociedad jujeña, pero también un llamado de atención para la clase política. Como señala el comunicado, el gobierno debe abandonar su arrogancia y comenzar a escuchar a la ciudadanía. “No tienen los cargos por mandato divino”, subrayan desde el espacio, recordando que los funcionarios están en deuda con el pueblo, especialmente tras una reforma constitucional también marcada por la opacidad y la falta de debate.
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